Por Claudia Arriaga*

Mérida, Yucatán, 21 de enero del 2021.- En Yucatán, a las mujeres no se les permite abortar ni por accidente, ni dentro del marco de la legalidad. Se persigue como un crimen y a la “escena” acuden los policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y los medios de comunicación para señalarlas, acusarlas, exponerlas.

En la prensa se lee:“Una menor de edad rentó un cuarto de hotel en el Centro para tomar un abortivo, ya que está embarazada y no quería que sus padres se enteraran (sic)”.

También: “La menor estaba en el inodoro haciendo sus necesidades cuando sintió que expulsó algo, y al darse cuenta que era un feto, lo sacó de la taza y lo puso en el bote de basura (sic)”.

Estos fragmentos corresponden a notas de páginas de internet de medios locales, que evidencian su intención por exhibir y castigar a las mujeres, quienes sin previa investigación son sentenciadas.

Sin embargo, habría que cuestionar qué no hace el Estado por evitar este panorama y que sí hacen las personas que están en puestos de decisión –las y los diputados- para continuar con este esquema de criminalización de las mujeres. Ellos son los mismos que impulsan leyes que no garantizan el respeto a los derechos humanos de las personas.

Y en medio de estas preguntas se insertan las campañas, las elecciones, la lucha por el poder que no representa a la ciudadanía, que sigue caminando en función de la religión y lejos del Estado laico. Al menos en Yucatán, en abril y julio del 2019, los legisladores nos recordaron que, ante sus ojos, no todos somos iguales.  No fue una, fueron dos ocasiones y en secreto que votaron en contra del matrimonio igualitario.

Sí, en Yucatán las leyes criminalizan a las mujeres que deciden sobre sus cuerpos y discriminan a las personas de la comunidad LGBTI+.

Aún está vigente el amargo recuerdo de las rezadoras del “40 días por la vida” que invadieron el Congreso del Estado. Las mismas que llevan años acosando sistemáticamente a la doctora Sandra Peniche Quintal. De hecho, la pandemia no las frenó para ir a pararse frente a la Clínica de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva. Aquí la autoridad no hace nada.

Y hoy, de nueva cuenta, estos grupos  antiderechos  desfilaron en las sedes de los partidos políticos de Yucatán para exigir proteger sus intereses y amenazaron con el voto de castigo. En su comunicado manifestaron que “un gran porcentaje de los votantes lo tenemos claro: votaremos por valores, no por colores”.

Así que valdría la pena recordarle a los partidos políticos que, en las elecciones del 2018, fueron más mujeres las que salieron a votar. El Instituto Nacional Electoral (INE) registró un 66.2 por ciento de su participación. Las mismas que sin importar la edad, se encuentran en la lucha por sus derechos, incluidos los sexuales y reproductivos.

Por eso en las campañas no hay que dejarse intimidar por esos grupos ligados a la iglesia y ya es tiempo que se deje de legislar a partir de su agenda desfasada y violatoria de derechos humanos.

Y aunque en México existen más de 40 organizaciones antiderechos que firmaron el comunicado, del otro lado está la deuda del reclamo social y la memoria colectiva:

“Fue así como la joven, en compañía de una amiga, rentó un cuarto en el hotel de la calle 62 entre 69 y 71. La menor tomó el abortivo y cuando comenzó el efecto, se sintió mal y empezó a convulsionar”.

Si se trata de la defensa de la vida como botín político seguiremos leyendo estas noticias. Porque, en Yucatán, no importan las mujeres, ni sus derechos reproductivos, mucho menos la comunidad LGBTI+ y su certeza legal. Si se trata de defender la vida, este no es el camino.

*Periodista, comunicóloga y feminista