En México, las personas trabajadoras del hogar eran (son) un sector sumamente desprotegido, no solo porque inician las labores en la infancia, sino también por la falta de protección jurídica que les dignifique y garantice el ejercicio de sus derechos humanos y el reconocimiento de sus labores como un trabajo decente y remunerado. 

Por Andrea Tamayo Cáceres #ATACAConIdeas.

Mérida, Yucatán, 30 de marzo de 2022.-Los trabajos del hogar son trabajo y quien diga lo contrario es porque no ha pasado más de media jornada laboral – cuatro horas – sacudiendo, barriendo, trapeando cada habitación o espacio de su hogar, lavando los platos o la ropa sucia.

Bien, si no lo has hecho con tu esfuerzo querida persona lectora, seguramente habrá alguien en casa que lo haga por ti, desde alguien de la familia o en su caso, una persona trabajadora del hogar.

El lenguaje importa y mucho. NO es “la muchacha”, “la señora que limpia”, “la doñita que arregla la casa” y me refiero en femenino porque en México, de las 2.4 millones de personas que ejercen este oficio de manera remunerada – casi el 5% de la población con empleo en el país – el 95% son mujeres. De dicho número, el 85.8% realiza tareas de limpieza en hogares particulares, el 8.2% realizan trabajos de cuidados de personas y el 5% realizan exclusivamente tareas de lavado y planchado de ropa en casas particulares. Lo lamentable de las cifras es que un tercio de dichas mujeres iniciaron sus labores aun siendo niñas.

Históricamente, las personas trabajadoras del hogar han estado desprotegidas por la falta de regulación y reconocimiento de sus labores como empleo digno. Por ello, en 1988 se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar con el que se constituyó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar que dio paso a la proclamación de cada 30 de marzo como el “Día Internacional de las personas trabajadoras del hogar” con la finalidad de visibilizar las necesidades y exigencias en políticas públicas que consideren a dicha fuerza laboral y el combate a la discriminación sistemática que padecen.

La visibilización internacional no fue hasta el 2011, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se comprometió a promover el trabajo decente en relación con las personas que ejercían labores remunerados en el hogar. Fue así como nació el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos 2011, mejor conocido como Convenio 189.

En México, las personas trabajadoras del hogar eran (son) un sector sumamente desprotegido. No solo porque como ya he mencionado inician las labores en la infancia, sino también por la falta de protección jurídica que les dignifique y garantice el ejercicio de sus derechos humanos y el reconocimiento de sus labores como un trabajo decente y remunerado. 

Por tal motivo, en el 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la inconstitucionalidad de que las personas empleadoras no estuvieran obligadas a inscribir a las trabajadoras del hogar ante el IMSS. Por ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) inició una campaña de vigilancia y promoción a la incorporación a la seguridad social de las personas ocupadas en los trabajos domésticos remunerados con el fin de proteger sus derechos laborales y vino el “jalón de orejas” por parte de las Agencias de las Naciones Unidas reiterándole al Estado mexicano la disposición para trabajar en conjunto por el respeto y la protección de los derechos humanos de todas las personas.

Con el llamado a la acción por las Naciones Unidas, en julio de 2019, el Congreso de la Unión – en específico el Senado –  puso manos a la obra para discutir y aprobar diversas reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para la integración de un capítulo denominado “Personas Trabajadoras del Hogar” fijando la contratación por escrito con requisitos determinados, así como las vacaciones anuales pagadas, los períodos de descanso, la remuneración, las horas de trabajo y la conformación al régimen obligatorio de personas aseguradas, además de otras cláusulas específicas para disminuir los niveles de discriminación y aumentar el trato digno y respetuoso por parte de las personas empleadoras. 

No obstante, faltaba un paso que México no había dado y que sería trascendental para avanzar hacia un marco jurídico de protección más amplio, incluso al mismo nivel de la Constitución mexicana: la ratificación del tratado internacional de la OIT Convenio 189, depositado ante el director general de dicho organismo internacional apenas hace 20 meses, en julio 2020.

El Convenio 189 entró en vigor hace ocho meses – en julio pasado – estableciendo el respeto y protección de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras del hogar, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, la libertad de asociación para crear sus propios sindicatos, la protección contra las formas de violencia laboral y violencia de género.

A pesar de todos los esfuerzos mencionados hasta ahora, el 97% de las trabajadoras del hogar aún labora en condiciones informales y la crisis económica resultante por la pandemia de COVID-19 impactó particularmente a aumentar las precariedades y los despidos sin goce de liquidaciones o partes proporcionales, precisamente, por la falta de reconocimiento de las personas empleadoras.

Yucatán fue, lamentablemente, uno de los estados con mayor número de despidos de personas trabajadoras del hogar al igual que en Nuevo León. Muchas mujeres que viajaban incluso diario desde sus municipios para trabajar en los hogares de Mérida fueron despedidas, a muchas de planta se les prohibió por meses ir con sus familias y otras más se les informó que hasta que bajaran los contagios regresarían a trabajar.

Por razones como las anteriores descritas, el pasado 17 de marzo se dio un paso más para que las personas trabajadoras del hogar tengan acceso a la seguridad social y a la salud, ya que el Pleno del Senado aprobó la reforma a la Ley del Seguro Social para incluir un nuevo capítulo denominado “De las personas trabajadoras del hogar” para que cuenten con los cinco seguros que la ley del IMSS otorga – enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez – además de servicios de guarderías y prestaciones sociales.

De acuerdo con datos de la organización civil “JADE Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo” hasta enero del presente año habían incorporadas al IMSS 629 trabajadoras del hogar en Yucatán; se ha detectado que el número ha aumentado poco a poco gracias a las campañas de difusión y concientización de los beneficios de proteger y garantizar los derechos laborales de las personas que estén trabajando en los hogares.

Finalmente, querida persona lectora, te invito a conocer la campaña #EsLoJusto de las Naciones Unidas México y el Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueve en nuestro país el posicionamiento de los derechos de las personas trabajadoras como un trabajo digno, remunerado y precisamente, con justicia social. En la página https://eslojusto.mx/se facilitan formatos de contratos laborales, el trámite a la inscripción al IMSS en línea y parte del marco legal que he mencionado en esta columna.

En conclusión, ya no se trata solamente de empatizar con la persona que está trabajando en nuestro hogar, se trata de no perpetuar violencias sistemáticas y como empleadoras asegurar derechos humanos, así como impulsar una cultura laboral más justa que dignifique y reivindique que, como dije al inicio, el trabajo en el hogar es trabajo.