También el Estado es cómplice. En muchos medios de comunicación podemos ver sin restricción alguna,  imágenes de víctimas que solo pudieron salir de las oficinas de los servicios médicos forenses o de las autoridades policiacas encargadas de preservar las escenas del crimen.

Necesitamos cambios sociales y culturales donde la empatía y solidaridad por el sufrimiento del otro sea una prioridad.

Por José Luis Salam.

Mérida, Yucatán, 17 de febrero de 2020.-El feminicidio de Ingrid Escamilla ha reabierto las heridas de una sociedad que, en el dicho, lamenta estos sucesos, pero en los hechos, se confabula y busca saciar de manera continua su sed de morbo, potenciado por los medios de comunicación.

Interesante ha sido el giro que han tomado las protestas de las últimas horas en contra de esta lamentable muerte: ya no se centran sólo en el homicida y sus actos o en el Estado, que un día minimiza los feminicidios y al otro emite decálogos de buenas intenciones, sino en los medios de comunicación que han difundido las imágenes del cuerpo vejado de la joven.

Más allá de la apología del delito, la reproducción de este tipo de imágenes representa una serie de complicidades que revictimizan día con día a miles de familias mexicanas que sufren la pérdida de una hija, esposa, madre, hermana o sobrina a manos de un hombre; pero también es el grito lastimero de los cuerpos de niñas y niños, de las y los jóvenes, de mujeres u hombres o de personas de la tercera edad que han perdido la vida a causa de las balas, de un accidente de tránsito, de un fenómeno natural o por mano propia.

La “indignación” nos hace arremeter con fuerza contra las páginas de los periódicos, particularmente de dos en Yucatán, pero nos impide reconocernos como consumidores de este tipo de material de tonos carmesí, el cual estamos seguro que en los últimos días arrojó importantes ganancias para esas empresas editoriales.

Una ley natural de cualquier mercado es la existencia de oferta mientras haya demanda. Más aún… a mayor demanda, mayor oferta.

La existencia de códigos de ética y de auditores de audiencia en los medios de comunicación públicos y privados son inútiles cuando son superados por el desconocimiento de los mismos por parte del personal o porque se privilegia el interés económico. La credibilidad no se sustenta en simulaciones, sino en la ética, en la veracidad, el compromiso de informar, pero sobre todo, asumir el deber de formar.

El estupor causado por el feminicidio de Ingrid también tiene un cómplice y a este se le denomina “el Estado”.

Se anunció una exhaustiva investigación y castigo para los funcionarios que filtraron las fotografías   -lo cual estamos seguro sucederá ante la presión social-, pero debemos reconocer  que será una excepción ante una práctica cotidiana; en muchos medios de comunicación podemos ver sin restricción alguna,  imágenes de víctimas que solo pudieron salir de las oficinas de los servicios médicos forenses o de las autoridades policiacas encargadas de preservar las escenas del crimen.

El sistema nacional de seguridad pública tiene en este tema, una profunda falla, no solo por permitir la revictimización de la persona humana y de sus familias, sino también por crear ventanas para que la delincuencia pueda evadir la acción de la justicia ante tecnicismo por incumplir con el debido proceso.

Las protestas de las últimas horas, más que ponerles adjetivos calificativos en alusión a quienes las encabezan, es vital asumirla en su esencia como propias y por cambios culturales en nuestros  hogares: el feminicida, la o el violador, el o la violenta, no nace de manera espontánea, en gran medida es producto de nuestros hogares y en su entorno. 

Reiteramos: necesitamos cambios sociales y culturales donde la empatía y solidaridad por el sufrimiento del otro sea una prioridad.

Principios y valores no insertan en el tejido social por decreto o como resultado de la alternancia en el poder; la construcción de una sociedad empática es deber de la familia, del sector privado, pero también del Estado a quien corresponde el impulso de políticas públicas que generen ciudadanos respetuosos de sus congéneres, respetuosos de las leyes y de sus instituciones. Por algo hay que empezar.