Dichos y hechos: proponen ley que afectaría los derechos reproductivos de las mujeres; burocracia, molesta porque su líder sindical no defendió el bono anual; tremenda pifia del Inaip contra el Poder Judicial.

Por Redacción 

Mérida, Yucatán, 4 de abril de 2019.- La fracción del PAN en el Congreso del Estado no solamente ha dejado entrever que votaría en contra de la iniciativa del matrimonio igualitario en Yucatán, sino que ahora propuso una reforma a la Ley de Salud para que en los hospitales públicos el personal pueda oponerse a realizar intervenciones quirúrgicas, como la interrupción del embarazo.

El diputado Manuel Díaz Suárez, a quien se le ubica por su cercanía con grupos de ultra derecha, presentó en el Pleno una propuesta para que se integre el concepto de objetores de consciencia al sistema estatal de salud. Es decir, que las y los médicos puedan excusarse de prestar determinados servicios que sean contrarios a sus ideales, ética o religión.

En sus dichos, esto servirá para dar mayor protección a los derechos humanos de estos profesionales, pero en los hechos iría en contra de las garantías reproductivas de las mujeres yucatecas que por alguna circunstancia decidan abortar.

Hablemos claro, si una mujer victima de violación sexual resulta embarazada, la Norma 046 le permite solicitar en un hospital público que le practiquen el aborto, como parte de un marco de protección a las víctimas. Pero con la propuesta del doctor Díaz Suárez, podrán haber objetores de consciencia que a partir de sus creencias religiosas pueden optar por no intervenirlas.

El Código Penal actual en Yucatán establece que las mujeres no podrán ser castigadas, si el aborto es culposo; cuando la gestación es resultado de una violación; cuando, de no provocarlo, corre peligro de muerte; cuando es por causas económicas graves y justificadas, y siempre y cuando ella tenga cuando menos tres hijos; y cuando el producto padezca alteraciones genéticas o congénitas.

Pero, lo preocupante de la iniciativa de Manuel Díaz es que podría obstaculizar esos derechos reproductivos y, por consiguiente, las yucatecas corren el riesgo de ser sancionadas. Es decir, sería una afectación directa a las mujeres bajo el conservador argumento de que el personal puede interponer sus “valores éticos y religiosos”.

Ojo, de pasar dicha reforma, las instituciones de salud públicas en Yucatán tendrían que hacer un censo entre sus empleadas y empleados para identificar a quienes no serían objetores, para que en cada turno existan médicos que sí puedan ofrecer estos procedimientos. 

Lo que sí queda claro es que la fracción del PAN en el Congreso se está moviendo muy rápido para poner barreras, tanto a las personas homosexuales para que no puedan acceder al matrimonio, como a las mujeres víctimas de violación para que no puedan abortar. Sin duda, esta bancada se perfila como la más conservadora de las legislaturas recientes.

Y en otros hechos, resulta que la pregonada política de austeridad del gobernador Mauricio Vila Dosal ha vuelto a desilusionar a las y los burócratas estatales, quienes en esta ocasión no recibieron su tan anhelado bono anual de dos mil 500 pesos. Pero no están enojados con el mandatario, más bien se están preguntando por qué su líder sindical, Jervis García Vázquez, no hizo algo para “rescatar” ese apoyo económico.

Las y los trabajadores gubernamentales esperaban ansiosos dicha presentación en sus cuentas, que aunque no es obligatoria, sí la recibieron sin falta en administraciones pasadas y, por supuesto, les servía para solventar deudas o salir de algún apuro.

Pero esta vez no llegó en su quincena, lo que generó cierto malestar a la base trabajadora, sobre todo porque que quien los representa, el priista García Vázquez, ha estado calladito y no saben si gestionará que ese recurso llegue como en años anteriores. 

El sindicato no da señales de vida, lo que parece ser una mala señal de que tampoco habría un importante incremento salarial para este 2019. Ya ven venir la excusa del recorte presupuestal federal y los malos manejos de la gestión anterior. 

En otros dichos, tremendo oso hizo el comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia (Inaip), Aldrín Briceño Conrado, quien en su más reciente informe en el Congreso local aseguró que el Poder Judicial lidera las denuncias en Yucatán por falta de transparencia con el 50 por ciento, cuando en realidad se trata del 1.7.

Nos dicen que la errónea declaración del señor Briceño Conrado provocó extrañeza en el magistrado presidente del Tribunal Superior Justicia, Ricardo Ávila Heredia, sobre todo porque en los últimos años habían salido bien calificados en la materia.

No sabemos si el comisionado pidió disculpas por dar a conocer una cifra equivocada; pero bueno, en un escueto comunicado en su página de internet, el Inaip corrigió diciendo que en realidad sólo fueron dos denuncias en contra del Poder Judicial, ¡vaya resbalón en tiempos donde la ciudadanía exige transparencia a las autoridades!