La menor de diez años, quien tiene discapacidad producto de su talla, solicitó medidas para que tomara clases en la planta baja, ya que el médico le recomendó no subir escaleras. El personal del plantel “Rodolfo Menéndez de la Peña” sólo se burló de ella.

Ahora, la niña ganó un juicio de amparo, por lo que la escuela tendrá que presentar un plan de acción para realizar modificaciones estructurales en las instalaciones educativas para garantizar accesibilidad a toda persona con discapacidad.

Por Redacción. 

Mérida, Yucatán, 15 de diciembre de 2019.-Una niña con discapacidad ganó un juicio de amparo en contra de su escuela y de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEGEY) por haberla discriminado. El Juzgado Segundo de Distrito con sede en la entidad sentenció que la escuela debía realizar cambios estructurales para garantizar que tanto ella, y cualquier otra persona con discapacidad, pudieran ejercer su derecho a la educación en condiciones de igualdad. 

Elvia –cuyo nombre real se reserva-, es una menor de diez años con discapacidad producto de su talla baja. Actualmente presenta un problema de arqueamiento de las piernas, por lo que los médicos indicaron que debía tomar clases en el primer nivel de la escuela y no subir escaleras para evitar daños irreversibles en su salud y desarrollo. 

A pesar de las solicitudes de la madre para que se adoptara alguna medida para que su hija no tenga que subir escaleras para tomar clase, solo recibió burlas y negativas por parte del personal de la Escuela Primaria “Rodolfo Menéndez de la Peña”. 

La sentencia concluye que las autoridades demandadas violaron sus derechos a la no discriminación, a la accesibilidad y a la movilidad personal, y en consecuencia su derecho a la educación. El fallo también reconoce que históricamente los prejuicios en contra de las personas de talla baja han generado que no se tomen en serio sus derechos, lo cual ha impedido la correcta integración de este sector en distintos ámbitos, incluyendo en las escuelas.

Entre las autoridades demandadas también se encuentra la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), la cual tiene entre sus obligaciones garantizar el acceso a la educación del alumnado con discapacidad. Sin embargo, en el presente caso se limitaron a sugerirle a Elvia que, para que no tenga que subir escaleras, repita un año que ya había cursado y que luego registrarían sus calificaciones “como si fuesen” del año en el que realmente se encuentra.

“El caso demuestra que en Yucatán no están siendo efectivos los mecanismos para garantizar una educación sin discriminación a las personas con discapacidad, dado que hasta el mismo USAER consintió por mucho tiempo la violación a sus derechos”, indicó Carlos Escoffié Duarte, defensor de derechos humanos y abogado de la niña. 

Además, señaló, el caso es un elemento más que pone en duda el interés de esta administración frente a los derechos de las personas con discapacidad, como se ha visto recientemente con el recorte casi absoluto de los recursos para atención a personas con discapacidad.

Finalmente, la sentencia ordena a las autoridades a que dentro de 10 días hábiles presente un plan de acción para realizar modificaciones estructurales que se harán al plantel educativo para garantizar, no solo la accesibilidad a Elvia, sino a toda persona con discapacidad.

 “Esto quiere decir que la lucha de Elvia modificará las dinámicas de su escuela para futuras personas con discapacidad que estudien ahí”, indicó Ángeles Cruz Rosel, también abogada de la niña. 

“Si bien también la sentencia ordena capacitar al personal de la escuela en materia de discapacidad, preocupa que hasta la fecha hay maestros que le hacen bullyingpara intimidarla por haber demandado a la escuela”, indicó la abogada.

El equipo legal señaló que tanto el Director Jorge Gamboa Escalante, como el profesor de educación física, le llaman “Elvia” en lugar de su nombre real, en tono burlesco y con clara intención de intimidarla, a pesar de que ella en repetidas ocasiones les ha indicado que eso le molesta.

Escoffié Duarte y Cruz Rosel también señalaron que el Gobierno del Estado puede aún combatir la sentencia por medio de un recurso de revisión, pero que eso confirmaría su renuencia a cumplir con sus obligaciones constitucionales. 

“Si hay un interés institucional en los derechos de las personas con discapacidad, creemos que no presentarían el recurso y acatarían la sentencia. Sería lamentable que decidieran combatir la sentencia en lugar de reconocer que hubieron violaciones y realizar cambios estructurales tanto a la escuela como a la forma en la que se están implementando los programas de inclusión”, indicaron.