Entre los principales problemas en materia de derechos humanos que detectó la asociación Elementa en Yucatán, están el despojo territorial a pueblos mayas, violencias de género, tortura, detenciones arbitrarias y discriminación a la población LGBT.

Encontraron que grupos conservadores religiosos inciden en las instituciones, transversalizando violaciones a derechos. Incluso, tienen cooptada a la Codhey, por lo que no funge como un contrapeso. 

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 21 de noviembre de 2019.- Contaminación de cenotes, despojo territorial a pueblos mayas, violencias de género, tortura, detenciones arbitrarias y discriminación a la población LGBT son los principales problemas en materia de derechos humanos en Yucatán, de acuerdo con un estudio realizado por la asociación internacional Elementa DDHH.

Al presentar el documento denominado “Derechos humanos en contexto: aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil en Yucatán”, sus autoras señalaron que la discriminación, el desarrollo económico como pilar gubernamental y el discurso de que el estado es el más seguro del país, son los principales detonantes de la violaciones de los derechos de las y los yucatecos. 

La coordinadora de la oficina en México de esta agrupación, Renata Demichelis Ávila, puso como ejemplo que las autoridades están privilegiando la instalación de megaproyectos en la entidad bajo la lógica del desarrollo económico, pero no se están midiendo las consecuencias y afectaciones a las comunidades mayas.

En ese sentido, dijo que se impacta a su cultura, no se les realizan consultas indígenas previas e informadas, se les despoja de sus tierras y territorios, además de que se devasta o contamina su medioambiente.

Lamentó que mientras continúa la mercantilización de lo maya para atraer turismo, se violenta y discrimina a las y los pobladores originarios, al grado de desmantelar su propio sistema de justicia.

Por su parte, Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de Elementa, dijo que las autoridades construyen el discurso de que Yucatán es el estado más seguro y que hay que mantenerlo “cueste lo que cueste”, lo que es aceptado por la ciudadanía. Sin embargo, detectaron que bajo ese argumento prevalecen prácticas como la tortura y las detenciones arbitrarias.

“Aunque ocurren en contextos distintos a los de otros estados, sí es un castigo que vulnera los derechos humanos. Se tortura para que no haya robos, no haya violencia y no se altere la tranquilidad”, explicó.

Las autoras también lamentaron que existan violencias de género y que éstas se siguen viendo como algo privado, cuando es necesario prevenirlas con políticas públicas. Aunado a esto, se violentan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Añadieron que otro tema que impera en Yucatán es la discriminación y la falta de reconocimiento de los derechos de las personas LGBT, pues a pesar de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los tratados internacionales, el Congreso del Estado se niega a legislar en la materia.

Grupos conservadores presionan y violentan

Demichelis Ávila y Muro Polo coincidieron que en Yucatán hay una fuerte presencia de grupos conservadores religiosos que inciden en las instituciones y en las políticas públicas, transversalizando violaciones a derechos humanos, principalmente de mujeres y de la comunidad LGBT.

“Identificamos que hay un poder moral muy fuerte en el estado y, aunque estos grupos antiderechos tienen mucha fuerza a nivel regional, cada vez con más presupuesto, influencia y han logrado frenar avances, lo que notamos es que en Yucatán sí permea en las instituciones”, señalaron.

De hecho, recalcaron que se llevaron la sorpresa de encontrar que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) está totalmente cooptada por esas agrupaciones conservadoras, lo que provoca que dicha instancia no sea un contrapeso.

“Han neutralizado a ese organismo y, por lo tanto, no está cumpliendo con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas. La Codhey debería interponer acciones de inconstitucionalidad en temas que se legislan en el Congreso, como la objeción de conciencia y el matrimonio igualitario”, precisaron.

Invisibilizando a las asociaciones defensoras de derechos

Muro Polo declaró que es impresionante la cantidad de organizaciones civiles y personas trabajando por la defensa de la tierra y territorio, los derechos de las mujeres y de la población LGBT, entre otros temas, pero lamentablemente el Estado las invisibiliza.

“Buscan invisibilizar su trabajo a fin decir que no hay violaciones de derechos humanos, entonces lo que vemos es una ruptura entre autoridades y sociedad civil”, añadió.

Además, criticó que no existe un Plan Estatal de Derechos Humanos, la cual debería guiar que se cumplan las obligaciones constitucionales de respetar y garantizar estos derechos.

Para conseguir una solución ante todos estos problemas, Demichelis Ávila dijo que las asociaciones yucatecas defensoras de derechos humanos tendrían que crear alianzas y redes de trabajo a través del diálogo y buscando actores afines.

También impulsar estrategias de incidencia para pasar del “like” en las redes sociales a acciones para lograr cambios tangibles. Además, comunicar la agenda de derechos, dar seguimiento a la institucionalidad y contar con el apoyo de una academia activa y responsable. 

Cabe mencionar que para la investigación de este documento presentado por Elementa, el cual fue financiado por The Carter Center, se contó con el apoyo de los abogados yucatecos Carlos Escoffié Duarte y Ángeles Cruz Rosel, del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).