Con el hashtag #FuimosTodasRenán exigen que se garantice su derecho a la protesta social, así como medidas para asegurar su integridad ante el acoso en redes sociales y prensa.

También hicieron un llamado a los medios de comunicación para que se abstengan de reproducir discursos de odio.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 1 de octubre de 2019.- Debido a la ola de amenazas en redes sociales y medios de comunicación, así como el video del alcalde Renán Barrera Concha en el que acusa a las participantes de la concentración del pasado 28 de septiembre de haber “vandaleado” (sic) el Monumento a la Maternidad, activistas condenaron la criminalización y el acoso de los que están siendo objeto.

A través de un comunicado, el Frente Feminista de Yucatán lamentó que el presidente municipal de Mérida haya dicho en redes sociales que “ya se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado”, lo cual menoscaba el derecho a la protesta social de las mujeres que participaron en el acto, llevado a cabo en el marco del Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro.

“Justamente, las protestas por el derecho al aborto son una exigencia al Estado ante la necesidad de modificar la legislación que lo castiga, con el fin de eliminar las medidas punitivas y, con esto, garantizar los derechos reproductivos de las mujeres”, indicaron en el documento dado a conocer el día de hoy.

Con el hashtag #FuimosTodasRenán, sostuvieron que las acciones efectuadas el sábado pasado se encuentran amparadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”. 

“Este tipo de manifestaciones se encuentran protegidas por el derecho a defender derechos humanos, reconocido como un derecho autónomo en los estándares internacionales en la materia y que estipula que la labor de las personas defensoras de derechos humanos contribuye al fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, lo cual beneficia a la sociedad en conjunto”, continúa el texto que cita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Las pintas y graffitis, al no ser realizadas con violencia, entran en la esfera de esta prerrogativa, por lo que resaltamos que procesar indebidamente a personas en este contexto, así como sancionarlas en el ejercicio de su libertad de expresión, constituye una forma de criminalización”, afirmaron.

Por si esto fuera poco, expusieron que diversos medios de comunicación locales han difundido titulares que incitan al odio y al desprestigio, refiriéndose a lo ocurrido como ‘’vandalismo peligroso a cargo de mujeres feministas’’, ‘’feministas destruyen patrimonio’’, ‘’feministas escriben cuerpa, porque cuerpo es machismo’’, entre otros lamentables encabezados.

Todo lo anterior, agregaron, ha dado pie a acoso y amenazas directas contra mujeres específicas que ponen en riesgo su seguridad, lo que “causa un temor generalizado, desanima al resto de las personas defensoras a continuar ejerciendo su labor de denuncia, silencia a sus víctimas, perpetúa la impunidad e imposibilita la plena realización del Estado de Derecho y la democracia”.

En ese sentido, exigieron medidas de protección para asegurar la vida, integridad y privacidad de todas las participantes en la concentración, ante las amenazas que se han vertido contra ellas en redes sociales.

Con indignación, hicieron un llamado a las autoridades y a la prensa para que se abstengan de reproducir discursos de odio. “Además, rechazamos cualquier acción del Gobierno del Estado que busque castigar por la vía penal o administrativa el ejercicio del derecho a manifestarse y defender derechos humanos”, finalizaron.