Durante el Parlamento Abierto, activistas a favor de los derechos sexuales y reproductivos señalaron que no solamente se está discutiendo una ley, sino que están en juego las decisiones personales y el reconocimiento de la dignidad de cada mujer o persona con capacidad de gestar.

Por Paloma Reyes

Mérida, Yucatán, 4 de abril de 2025.-Activistas a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes insistieron en que ya es tiempo de despenalizar el aborto en Yucatán durante su participación en el Parlamento Abierto realizado este viernes en el Congreso del Estado.

En la Mesa de Trabajo de Escucha Ciudadana, ejercicio que organizó el Legislativo para que las personas que están a favor o en contra de las iniciativas relacionadas con la despenalización del aborto puedan expresar sus opiniones, las activistas en pro aseguraron que no se está simplemente discutiendo una ley, pues se está hablando de vidas y decisiones personales así como el reconocimiento de la dignidad de cada persona.

Durante su intervención, la directora de Católicas por el Derecho a Decidir México, Aidé García Hernández señaló que las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre el aborto no han sido siempre las mismas y de hecho, no lo condena en muchos casos, como se estipula en el canon 1323 del Código de Derecho Canónico.

“Para nosotras es importante reivindicar las posiciones progresistas que existen al interior de la Iglesia Católica, que además de estar conformada por obispos y sacerdotes, también somos parte de esta Iglesia nosotras las personas ciudadanas y creyentes que reconocemos los derechos humanos y respetamos la pluralidad de ideas y la diversidad de posiciones”, indicó.

“Eso es lo que buscamos hoy con la despenalización del aborto, que se reconozca nuestra dignidad humana, que la ley deje de anular nuestra capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos, nuestras vidas, dejar de ser criminalizadas y controladas. El derecho al aborto es ante todo un derecho humano, no solo es un tema de salud, es una cuestión de libertad, de autonomía y de justicia”, declaró María Paula Balam Aguilar directora del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi A.C.).

De igual manera, reconoció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clara en señalar que la criminalización del aborto es inconstitucional pues obstaculiza el derecho de las personas a decidir sobre sus propios cuerpos y es por eso que al menos 20 estados de la República han avanzado en el tema, por lo que Yucatán tiene la oportunidad de hacerlo como corresponde.

Por su parte, Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse A.C.), recordó que como activistas acompañantes han estado cerca de personas que han sido criminalizadlas por esta penalización de la interrupción del embarazo, por lo que son testigos de como este punitivismo impacta no solo a la persona con capacidad de gestar, sino a sus parejas y demás familiares que incluso han sido perseguidos por el Estado. 

“Desde antes del 2009 hemos acompañado casos, pero después del 2009 cuando viene la reforma de protección absoluta a la vida en la Constitución local los casos aumentan. Es verdad, actualmente no hay ninguna mujer o persona con capacidad de gestar encarcelada en Yucatán por abortar pero si han sido denunciadas penalmente, se les han abierto carpetas de investigación por homicidio en razón de parentesco”, aseveró.

Además, Ninde Molre, directora de Abortistas MX dijo que seguir penalizando el aborto también pone en una encrucijada al personal de salud, quienes muchas veces por miedo a ser perseguidos temen cumplir el mandato constitucional de brindar lo necesario a quién les solicite la interrupción del embarazo, afectando el derecho universal a la salud.

Finalmente, las activistas coincidieron en que la Corte ya determinó que no debe haber ningún tipo de pena por abortar, por lo que es necesario que Yucatán no se quede atrás en esta materia de derechos sexuales y reproductivos.