Amelia Ojeda y la lucha legal de 30 años para despenalizar el aborto
«Con el amparo que ganamos en la Corte, tenemos la llave para abrir la puerta que garantice el ejercicio de la autonomía reproductiva de mujeres y personas con capacidad de gestar. Además, hemos visto apertura de la nueva legislatura, por lo que hay señales de que se aprobará”.
Por Herbeth Escalante
Mérida, Yucatán, 28 de septiembre de 2024.- La coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), Amelia Ojeda Sosa, señaló que desde hace 30 años emprenden la lucha legal para despenalizar el aborto en Yucatán y que ahora, con la más reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “tenemos la llave para abrir la puerta que garantice el ejercicio de la autonomía reproductiva de mujeres y personas gestantes”.
En entrevista para Haz Ruido, la abogada y activista recordó que cuando empezaron a hablar sobre la necesidad de la atención de los abortos en la entidad, el gobierno, la academia e incluso otros grupos de la sociedad civil las catalogaban como “locas”, ya que no compartían sus opiniones y exigencias.
Pero, a 30 años de estar picando piedra en Yucatán con capacitaciones, acompañamientos, estrategias jurídicas y diálogos con tomadores de decisiones, existen muchas posibilidades de que se despenalice el aborto en la actual legislatura estatal.
“Y para el día de hoy 28 de septiembre del 2024, hay muchísimas voces que se suman, que exigen la remoción de un marco normativo que obstaculiza el ejercicio de derechos, que criminaliza a las mujeres, al personal de salud y a acompañantes que las apoyan en sus decisiones. Esto es resultado también de nuestras estrategias de trabajo, muchas de ellas discretas, pero efectivas, como el amparo que ganamos el 21 de agosto pasado en la Suprema Corte”, declaró.
Amelia Ojeda explicó que dicho amparo es parte de una lucha legal larga, pues Unasse y Abortistas MX la presentaron hace tres años para acompañar a la asociación civil Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Salud Reproductiva (SHSSR) y a su entonces presidenta, Sandra Peniche, para protegerla ante los ataques constantes que recibía, ya que nunca hubo una respuesta efectiva por parte del gobierno.
La abogada resaltó que con este amparo, que también obliga al Congreso a legislar el tema, el camino ya está allanado y cuentan con un llave para abrir la puerta que garantice el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
“Hemos tenido algunas pláticas, acercamientos con legisladoras que nos da muchísimo gusto que estén interesadas, comprometidas, y que afortunadamente esta legislatura pues está mostrando, por un lado apertura al tema, y por otro el compromiso por los derechos de las mujeres”, indicó.
La abogada recordó que esto no había sucedido en otras legislaturas, más bien se caracterizaron por su completa cerrazón y obstaculización del ejercicio de derechos de las yucatecas.
A pregunta expresa, dijo que todas las señales indican que este nuevo Congreso sí realizará las modificaciones al Código Penal para que se deje de criminalizar a las mujeres y personas gestantes que decidan abortar.
“Y las diputadas o diputados que están contra del tema, pues es gente que no sabe para qué está en el Congreso. Tienen que entender que están ahí para buscar que existan marcos normativos respetuosos y garantistas de los derechos humanos, ese es su trabajo. Las creencias personales, las prácticas individuales, lo que tú hagas con tu vida, es parte de lo privado, pero en la vida pública se tiene que atender todas las situaciones con un enfoque de derechos humanos”, recalcó.
Amelia Ojeda señaló que ante temas polémicos socialmente, como lo fue en su momento el matrimonio igualitario y como sucede con el aborto, se tiene que recurrir a las estrategias jurídicas.
“Es una combinación de estrategias, pues también tienen que estar acompañadas de la visibilización, la difusión, el acompañamiento directo a casos ,y además pues la fundamentación y la argumentación con los más altos estándares de derechos humanos”, finalizó.