La población sufre  las consecuencias del crecimiento inmobiliario, la industrialización, el desmonte de tierras para la ganadería y la agricultura extensiva.

Por Paul Antoine Matos

Mérida, Yucatán, 30 de mayo de 2019.- Antes, a Yucatán se le consideraba como “una isla” por sus características geográficas, como la lejanía del centro del país y el fácil acceso al Caribe y al sur de Estados Unidos. Ahora, Yucatán y, en específico Mérida, se están convirtiendo en otro tipo de isla: una isla de calor.

El mundo está entrando en un punto crítico del calentamiento global. Hace unos días la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica (NOAA) anunció que se superó el máximo histórico, en tres millones de años, de partículas de Dióxido de Carbono en la atmósfera.

El uso de combustibles fósiles y la deforestación provocaron  la ruptura de ese récord. La última vez que se rompió un marca de CO2 fue hace seis años, en mayo de 2013.

En Mérida hay aproximadamente 2 millones 318 mil árboles, de los cuales casi un millón están en mal estado, según el Inventario de Arbolado Urbano, realizado por el Ayuntamiento de Mérida.

La cobertura de árboles es del 21.2%, por lo que “prácticamente la mitad de la superficie de la ciudad ya está convertida en calles (transportación), residencias o edificios comerciales y por lo tanto queda fuera la posibilidad de que sea plantada; en el resto de la superficie aún hay terreno plantable”, indica el estudio municipal.

Sembrar árboles es una propuesta positiva, en el que la población puede actuar de manera individual para tener una pequeña aportación en la recuperación del arbolado en la capital yucateca. Una pequeña acción que permite la participación ciudadana. Sin embargo, es insuficiente.

El principal problema, capaz de tratarse y solucionarse a corto plazo si existiese la voluntad política y empresarial para ello, es la deforestación provocada por el crecimiento inmobiliario (plazas comerciales, fraccionamientos), la industrialización del estado y el desmonte de tierras para la ganadería y la agricultura extensiva.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable -antes Seduma- publicó en la administración estatal pasada un estudio sobre el Crecimiento de la mancha urbana de Mérida. En 1950, la mancha urbana era de 4 mil 265 hectáreas; casi 30 años después, en 1978, creció a 7 mil 313; en 1998, era de 15 mil 944 hectáreas, más del doble que 20 años antes.

Con una diferencia de 12 años, la mancha urbana en la capital yucateca en 2010 fue de 27 mil 027 hectáreas.

La sociedad se indignó hace unos días por el corte de un árbol en una iglesia al norte de Mérida, con justa validez, pero cuando un fraccionamiento inmobiliario o una plaza comercial destruye miles , el hecho pasa desapercibido para los activistas de redes sociales.

Un ejemplo: La Isla Cabo Norte, centro comercial inaugurado el año pasado, reemplazó 125 hectáreas de monte con 5 kilómetros de recorridos verdes, 11 hectáreas de parques y 10 hectáreas de lagos.

O, cuando un fraccionamiento deforesta miles de hectáreas, tiene que reponerlas con “áreas verdes”. No con árboles. Área verde puede ser un parque o un área de entretenimiento con césped.

En realidad, en Mérida no todos los parques tienen árboles; la mayoría son áreas recreativas pavimentadas, unos metros de césped y algunos árboles; en ocasiones se eligen aquellos que no son endémicos de la región, más propensos a morir.

Mérida, en 2010, contaba con 5 millones 120 mil 925 metros cuadrados de áreas verdes con cubierta vegetal arbolada distribuidos en 490 parques, de acuerdo con el estudio Áreas verdes y arbolado en Mérida, Yucatán. Hacia una sostenibilidad urbana, realizado por las investigadoras Susana Pérez-Medina e Ina López-Falfán.

Es un promedio de 6.9 m2 de áreas verdes por habitante, una cantidad que se encuentra por debajo de los 9 m2 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala como mínimo por habitante y de los 15 que indican las Naciones Unidas, dice el estudio.

En el Análisis de los determinantes de la deforestación y acciones REDD+ en la Península de Yucatán, de la Alianza México REDD+, se reconoce a la extracción maderera, la agricultura y la infraestructura como determinantes directos de la deforestación en Yucatán.

En el caso de la infraestructura, se documenta a las inmobiliarias y fraccionamientos y cambios de uso de suelo, así como empresas agropecuarias (porcícolas y avícolas) y la construcción de carreteras.

Como factores indirectos, se acusa, entre otros, a las políticas institucionales en Yucatán: incentivos contra la conservación; una política estatal de infraestructura carretera; ausencia de políticas de desarrollo forestal; inadaptación y la falta de aplicación de la Ley Forestal federal; incongruencias entre políticas públicas federales y estatales; y sobre regulación que desincentiva el manejo forestal, entre otros.

En la Estrategia Regional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), firmada por los tres gobiernos peninsulares, se indica que más de la mitad de la vegetación natural de Yucatán “ha sufrido un severo deterioro” en los últimos 20 años.

En 1970, la cobertura de selvas era de 3 millones de hectáreas; para el 2000 se redujo a 2 millones 234 mil, una pérdida anual del 1% en promedio en 30 años.

Los mil árboles a sembrarse –repartidos por el gobierno del Estado hace unos días durante la Expo Foro Ambiental 2019– aún tienen que sobrevivir -pero su tasa de resistencia es de alrededor del 60%- y crecer.

Para alcanzar su altura máxima se tardan entre 10 y 20 años. Para las Naciones Unidas, el año 2030 es la fecha señalada para volverse una catástrofe global, con el aumento de 1.5 grados en la temperatura del mundo.  Solo plantar árboles en este momento, ya en crisis ambiental, es insuficiente.

Se requiere, como en todos los temas sociales que afectan Yucatán, de voluntad política. Pero en los gobiernos, sin importar el partido político, hay desinterés por actuar contra la deforestación y por sancionar el desmonte masivo de árboles.