En su informe, el Cejudi aseguró que no es fácil denunciar este tipo de actos, pues las mujeres no suelen contar con la información para denunciar violencia política en razón de género.

Por Itzel Chan

Mérida, Yucatán, 10 de julio de 2024.-A pesar de avances en los procesos electorales que se registran en Yucatán, durante el Monitoreo 2023-2024 realizado por el Centro de Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi) se detectó que aún persisten violaciones a derechos humanos de las mujeres, principalmente.

Durante la presentación de la serie de observaciones, María Paula Balam Aguilar, directora Ejecutiva de Cejudi, explicó que se establecieron distritos electorales prioritarios para hacer un monitoreo y así identificar omisiones con base a elementos de género, o hechos que anulen el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres o violencias simbólicas, verbales, patrimoniales o de otro tipo.

Para ello se fijó más atención en los distritos 19 de Valladolid, 20 de Tekax, 18 de Temozón, 21 de Ticul y 11 de Tecoh.

Cabe mencionar que para los comicios del 2 de junio del 2024 en Yucatán se llevaron a cabo las elecciones de 842 cargos:1 presidencia de la república, 1 gubernatura del estado, 35 diputaciones locales, 6 diputaciones federales, 106 alcaldías municipales, 106 sindicaturas y 587 regidurías.

Sin embargo, el monitoreo realizado por la asociación civil abarca solamente gubernatura, presidencia municipal; diputaciones locales y diputaciones federales.

En este sentido, respecto a la participación de mujeres en el proceso electoral en Yucatán, para los cargos observados por el presente monitoreo, se registraron un total de 285 candidaturas: 193 para presidencia municipal, 81 a diputaciones locales, 9 a diputaciones federales y 2 a la gubernatura del estado.

Uno de los elementos a observar fue que al comparar los porcentajes de las candidaturas de mujeres con las de hombres, se encontró que la distribución de candidatos hombres tiende a concentrarse en municipios con alta y media competitividad y a pesar de la notable participación de las mujeres, persiste la tendencia de asignar sus candidaturas a distritos de competitividad política baja.

Al respecto, Balam Aguilar destacó que tan sólo este hecho se considera violencia, ya que se hace de forma intencional y sistemática para reducir la oportunidad de las mujeres para gobernar.

“La postulación de mujeres en áreas de baja competitividad es considerado violencia, ya que la probabilidad de que sean electas disminuye notablemente”, resaltó.

Al mismo tiempo, en el análisis de este panorama, desde la agrupación, consideran que se trata de una discriminación sutil que se refleja en la intención de los partidos políticos de posicionar a candidatas mujeres en distritos donde se reduce la probabilidades de éxito electoral.

“Esto no solo limita la representatividad de las mujeres, sino que también perpetúa la inequidad en el ámbito político, resaltando la necesidad de medidas efectivas para combatir este tipo de violencia”, añadió.

Como parte del monitoreo se realizó un seguimiento en diferentes redes sociales (Facebook, Instagram, y X), con el objetivo de identificar denuncias o acusaciones públicas relacionadas con violencia política en razón de género y fue posible identificar 48 casos: 16 que recaen en violencia simbólica, 10 de tratos degradantes, 6 amenazas e intimidación, 6 relacionadas con difamación y calumnias, 4 de restricción de derechos políticos, 3 de obstaculización de campañas, 2 de violencia física y una sobre acoso sexual.

Para Balam Aguilar, estas estadísticas muestran que hay una razón también para que las mujeres no se sientan motivadas a participar de manera activa en los procesos electorales.

Por otra parte, un rasgo que se suma a esta problemática es que no es fácil denunciar este tipo de actos, además que las mujeres no suelen contar con la información para denunciar violencia política en razón de género como una manera de proteger sus derechos políticos electorales.

Tras el análisis de los resultados, la activista y consultora independiente Bertha Pech resaltó que urge que los partidos políticos se vean obligados a destinar presupuestos para capacitar a las poblaciones históricamente vulnerables para que sepan cuáles son sus derechos político electorales.

“Muchas compañeras mayas son discriminadas y violentadas durante los procesos electorales, pero no denuncian porque no tienen la información”, sostuvo.

De esta manera, esperan también que la proporción de información en cuanto a los procesos electorales no sólo se brinde durante las campañas sino debe ser cuestión permanente para que exista una sociedad informada.