Integrantes del CEJUDI y el INDI evidenciaron que al no haber lineamientos claros para el registro de candidaturas indígenas y LGBT+, el proceso fue ambiguo.

Por Itzel Chan

Mérida, Yucatán, 27 de mayo de 2024.-En un monitoreo que realizan asociaciones civiles sobre el proceso electoral 2023-2024 confirmaron que sí hubo simulaciones y usurpaciones de candidaturas que correspondían a grupos considerados históricamente vulnerables.

Durante la presentación del informe preliminar de ElectoAlerta DH, monitoreo del Proceso Electoral 2023-2024 en Yucatán, integrantes del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi) y el Instituto Nacional Demócrata (INDI), activistas compartieron que en las elecciones actuales se registraron 219 de 584 candidaturas que corresponden a grupos considerados vulnerables, ya que 177 son de personas que se auto adscriben indígenas y 18 de personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTIQA+.

A pesar de que las cifras serían para celebrar, confirmaron que en la práctica se han dado simulaciones y usurpaciones en las candidaturas, evidenciando que en muchas ocasiones estas medidas no logran alcanzar el objetivo de verdadera representación.

Las simulaciones se realizan a pesar de que Yucatán es el tercer estado con mayor presencia de población hablante de una lengua indígena, y el segundo con mayor porcentaje de población que se identifica como parte de la población LGBTIQA+.

Al respecto Silvia Esquivel, coordinadora de incidencia del Cejudi, expuso que al no haber lineamientos claros para el registro de candidaturas indígenas y de la comunidad de la diversidad sexual, a la hora de la inscripción todo el proceso puede ser ambiguo.

«¿Cómo comprueban las personas que sí son parte de alguna comunidad? es ahí donde hay un área de oportunidad. Las acciones afirmativas se han exigido en los últimos dos procesos electorales y es un tema tan complicado que la construcción de los criterios para que esto sea eficaz aún sigue en proceso», mencionó.

Iván Chimas, coordinador de Proyectos en Cejudi, compartió que el monitoreo final se presentará en el mes de julio, una vez concluido ya el proceso electoral. Sin embargo, en este informe preliminar se han brindando los primeros reportes con un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género e interculturalidad, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, la ley 3 de 3 contra la violencia de género y las acciones afirmativas dirigidas a personas indígenas y de la comunidad LGBTIQA+.

Algunos de los datos identificados muestran que la Ley de Paridad en Yucatán, que entró en vigor en 2017, establece la paridad de género en materia electoral, es decir, que el 50% de las candidaturas de elección popular deben ser para mujeres, pero observaron que los partidos políticos tienden a postular a candidatas en municipios donde tienen pocas posibilidades de ganar.

Una más de las observaciones se relacionan con el registro 584 candidaturas para cargos de diputaciones, presidencias municipales y gubernaturas, de las cuales 275 son para mujeres y esto implica un crecimiento en cifras.

No obstante, se observan aún desafíos y obstáculos para las mujeres, ya que previo y durante las campañas, ellas suelen guardar silencio sobre incidentes de violencia política y no denuncian por temor a que les retiren las candidaturas.

En este sentido, recordaron que la Coordinación de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPAC diseñó una Red de Candidatas en Yucatán, pero no se encuentra activa.

María Paula Balam, directora ejecutiva de Cejudi, admitió que hay que trabajar mucho en los mecanismos que tienen los partidos políticos para que las personas accedan a las candidaturas y al mismo tiempo, hace falta que la ciudadanía en general conozca sus derechos políticos electorales.