El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado descartó que la reforma judicial termine con el equilibrio de poderes.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 2 de abril de 2024.– El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda, manifestó que le parece raro que, en plena época electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) haya promovido un mecanismo de control constitucional en contra de la reforma al Poder Judicial que recientemente fue aprobada por los diputados. En ese sentido, cuestionó quién estaría detrás de esta eventual impugnación.

Como hemos informado, el pasado 28 de marzo, el Congreso del Estado aprobó por mayoría modificaciones a la Constitución Política Local y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para que sean los propios los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán (TSJEY) quienes designen las magistraturas vacantes.

“No deja llamar la atención que un organismo que no tiene presidente y esté acéfalo genere este tipo de impugnaciones o controversias por un acto que afecta a dos Poderes del Estado y no tiene repercusión en los derechos humanos”, opinó.

“¿Quién está detrás de los movimientos que se generan en una Comisión que debería estar velando por los derechos humanos en Yucatán? Y no estar otro tipo de arena política”, insistió el coordinador de la Fracción Parlamentaria del PAN.

Lozano Poveda no descartó que haya un trasfondo político en el recurso promovido por la Codhey. “Una reforma que afecta facultades de poderes del Estado tenga la intervención de una Comisión encargada de los derechos humanos”, reiteró.

Al preguntarle si podría ser una revancha porque no ratificaron a Miguel Óscar Sabido Santana como Ombudsperson, el congresista respondió: “Yo lo dejaría en la siguiente pregunta: ¿Qué intereses hay detrás y quién está moviendo el recurso promovido por la Codhey?”.

Sin embargo, reconoció, en un Estado de Derecho en donde cualquier autoridad, como en este caso el Poder Legislativo puede ser impugnado, “no tenemos ningún problema. Qué revisen las autoridades jurisdiccionales correspondientes y se determine lo que en derecho corresponda”.

“Ya será el órgano jurisdiccional o la autoridad encargada la que determine la Constitucionalidad o no. Si es lo segundo caso, acatar. Como siempre hemos dicho: Aquí no se restringe ni por un segundo el acatamiento de una autoridad en materia judicial, en ese sentido vamos a seguir actuando”.

Lozano Poveda descartó que la reforma termine con el equilibrio de poderes. “Si rompiera con ese equilibrio no se hubieran sumado prácticamente todas las bancadas, con excepción de tres diputados. Lo que vale reflexionar son los argumentos que se puedan esgrimir y quién está detrás de los movimientos que se generan en una Comisión que debería velar por los derechos humanos”, dijo.