Activistas recalcan que no se quedarán con los brazos cruzados hasta que se destinen una partida para la creación de políticas públicas a favor de este sector poblacional

Por Itzel Chan

Mérida, Yucatán, 18 de diciembre de 2023.- Continuaremos por la vía legal para hacer que el Congreso del Estado cumpla la sentencia de destinar un recurso para políticas públicas que atiendan a la comunidad de la diversidad sexual, precisó Cesar Briceño del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán.

En ese sentido, señaló que no permitirán que el desde por legalidad, los derechos humanos y las poblaciones vulnerables por parte de las y los diputados yucatecos les siga afectando.

 Ante las decisiones tomadas recientemente en el Congreso del Estado, dentro de las cuales se aprobó un presupuesto de 52 mil 885 millones de pesos para 2024, en el que no se destinó una partida para la creación de políticas públicas y la implementación de estrategias para atender, restituir y garantizar los derechos de las personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Queer y más (LGBTQ+), el activista resaltó que a las y los diputados no les importa el bienestar real de la población.

Por la inconformidad de las decisiones tomadas por la actual legislatura, dijo que no se quedarán con los brazos cruzados hasta que tengan la respuesta que les corresponde como ciudadanía.

“Continuaremos por la vía legal para hacer que se cumpla la sentencia porque esta es la única opción tardada, pero eficaz que tenemos la sociedad civil organizada para avanzar en la agenda de los derechos humanos de Yucatán. Al estar la autoridad en desacato, el juicio continúa hasta que acaten”, mencionó.

El activista hizo referencia a la sentencia dictada el 13 de junio de 2023, en la que el Juez Quinto de Distrito con sede en Mérida les concedió el amparo para que dentro del presupuesto se les concediera una partida que beneficie a la comunidad de la diversidad sexual.

Recordó que el gobernador Mauricio Vila, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda y el presidente de la Mesa Directiva, Erick Rihani tenían conocimiento de que existía esta sentencia que debían acatar, pero pasaron seis meses solicitando prórrogas.

“No encontramos otra explicación que la homofobia institucional cuando vemos a un gobernador y a un Congreso dispuestos, deliberadamente, a no acatar una sentencia en lugar de reconocer la deuda histórica que tienen con la comunidad LGBTQ+”, resaltó.

César Briceño también lamentó que en Yucatán la lucha por los derechos humanos tenga que comenzar con la exigencia ante las autoridades para respetarlos.