Fue víctima de una violación y de irregularidades en el proceso judicial.  Lleva 10 años de su vida en una prisión de Tekax. 

Por Lilia Balam y Katia Rejón

Tekax, Yucatán, 4 de abril de 2019.- Han pasado diez años desde que Evelia, mujer maya originaria de Tixméhuac y víctima de violación, fuera acusada de homicidio en razón de parentesco a raíz de un aborto espontáneo. Sin embargo, hasta ahora no logra reconstruir todas las escenas para comprender cómo en menos de tres días pasó de ser una persona libre a estar condenada a 12 años y seis meses de prisión, además de ser multada con 154 mil pesos, por un delito que supuestamente cometió.

Desde un cuarto privado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tekax en donde está recluida, narra que tenía 27 años cuando un hombre de su comunidad, al cual no identifica, la obligó a tener relaciones sexuales. 

No sabía que estaba embarazada cuando, el sábado 18 de julio de 2009, se desmayó en tres ocasiones en su casa. Todo lo demás es borroso y sólo puede confiar en las versiones de otra gente: su mamá le contó que se cayó boca abajo y “salió un bebé”, por lo que solicitaron al amigo de uno de sus hermanos que las trasladara al Hospital Comunitario de Peto con todo y el producto.

Bajo una mata de cabello teñido y peinado en un chongo, sus ojos oscuros se hacen más pequeños mientras se esfuerza en rememorar lo que ocurrió después. En el nosocomio no habló con ningún doctor, únicamente sentía que “raspaban” su vientre y por lapsos escuchaba que algunos médicos platicaban pero, a pesar de ello, no reconocía sus palabras ya que en ese tiempo sólo se comunicaba en maya.

En el hospital, notificaron a su madre que el producto había muerto. Amaneció y, sin proporcionarle un intérprete ni permitirle buscar representación legal, la trasladaron al Ministerio Público, un día después de que le hicieran el legrado. Estaba sola.

Aunque no la entendía, las autoridades le hicieron firmar una declaración escrita en español porque le dijeron que si no lo hacía su condena sería de  40 años. Sin duda, se trató de una clara violación a sus garantías individuales, pues el apartado A, fracción VIII del artículo 2 de la Constitución Política establece que las personas de origen indígena tienen derecho a ser asistidas por traductores y defensores con conocimiento de su lengua y cultura. 

El artículo es respaldado, entre otros documentos oficiales, por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual consigna que deben tomarse medidas para garantizar que las y los miembros de pueblos originarios puedan comprender y hacerse comprender en esta clase de procedimientos, facilitándoles, de ser necesario, intérpretes u otros medios eficaces. 

Hacia las tres de la mañana del lunes siguiente, la trasladaron al Cereso de Tekax y hasta entonces se enteró de su embarazo. “Mi primer día no recuerdo […] cuando amaneció, mis compañeras me dijeron que estaba embarazada. No comía, ellas me ayudaban. Me platicaron cuando todo salió en el periódico. Estuve 15 días sin comer y me empecé a recuperar”, detalla en un tímido castellano, idioma que aprendió en la cárcel.

Poco a poco, empezó a dimensionar lo que había pasado, pero tampoco tiene información fidedigna al respecto; sospecha que el personal médico que la atendió fue quien la denunció, al considerar que había intentado abortar a su hijo. Según la declaración que firmó, tenía siete meses de gestación.

Conforme pasaron los días, buscó alternativas para salir de prisión. Denunció la violación, pero los trabajadores del Ministerio Público dijeron “que nada podían hacer porque había pasado mucho tiempo”.

En marzo de 2010, la sentenciaron a 12 años y seis meses de cárcel y le impusieron una multa de 154 mil 811 pesos por reparación del daño con motivo del fallecimiento del menor. Apeló, pero la sanción aumentó un año; hacia 2014 interpuso un amparo y le redujeron la pena en dos años y medio.

La mujer indica que el monto económico ya está cubierto pero que no fue ella quien hizo ese gasto, además de que un abogado le ha comentado que no tiene que pagar nada. A la fecha, sigue cumpliendo su sentencia y en 2019 alcanzaría su libertad de nuevo.

Hace cinco años, el hombre que la violó regresó a molestar a su familia. “Pasaron a matar a mis hermanos cuando yo estaba acá”, cuenta. Su mamá enfrentó al agresor, preguntándole “¿qué más quieres? Ella está ahí”. 

Tuvieron que solicitar a las autoridades municipales que intervengan para que “se medio calmara”. “Él se está riendo, está metiendo relajo, se burla mucho de mi familia”, lamenta.

Imagina que su natal Tixméhuac será muy diferente cuando regrese, pero confiesa estar ansiosa por dejar la prisión, en donde pasa los días urdiendo hamacas y recibiendo talleres de alfabetización. La pobreza le impidió estudiar: su madre enviudó cuando tenía siete meses, de manera que para sostenerla a ella y a sus  seis hermanos laboró como empleada doméstica. Evelia afirma que no tiene miedo de salir porque “está acostumbrada a trabajar”.

¿Sientes algún tipo de rencor o enojo por encontrarte en prisión injustamente?, se le preguntó.

“Dice mi mamá que lo deje en manos de Dios”, responde tímida antes de que su figura pequeña y delgada se aleje, custodiada por una custodia que la lleva de vuelta a su celda.

De acuerdo con el informe “Maternidad o castigo” del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), casos como el suyo ocurren en buena medida gracias a las leyes que protegen la vida desde la concepción, pues otorgan personalidad jurídica al embrión. 

Esta clase de legislaciones también fomentan la desinformación y prejuicios que permean las acciones de policías, ministerios públicos y jueces, además de que su objetivo es estigmatizar a las mujeres e imponer castigos “ejemplares” a quienes abortan, generando temor y desinformación entre las mismas.

Fragmento del reportaje “Maternidad forzada. El mito del aborto legal en Yucatán”, que puede consultarse en  www.abortoyucatan.com