Pobladores de Pisté y Xcalakoop presentaron amparos porque los excluyen del aprovechamiento económico de la zona arqueológica, a pesar de ser la más visitada del país.

Por Redacción 

Mérida, Yucatán, 12 de septiembre de 2023.-Las comunidades mayas de Pisté y Xcalakoop, que colindan al noroeste y al sureste respectivamente con la zona arqueológica de Chichén Itzá, presentaron amparos en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por actos de discriminación que afectan su economía.

En específico, lo demandaron por su omisión a “garantizar su derecho a la cultura, la identidad y al patrimonio cultural en cuanto al aprovechamiento económico, así como a la participación, la información e inclusión en la administración, desarrollo y/o manejo de esa zona arqueológica”.

Los amparos de ambas comunidades señalan también la omisión del INAH y otras autoridades locales para “garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación” de estos pueblos indígenas mayas con respecto a la participación de sus integrantes en la administración, uso, aprovechamiento de beneficios económicos compartidos generados por la administración, resguardo y cuidado de Chichén Itzá.

Ambos juicios de amparo fueron interpuestos con apoyo de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), que lleva más de 15 años acompañando a comunidades indígenas y grupos de ejidatarios/as en la defensa de su derecho a la tierra y el territorio. 

En los procedimientos jurídicos presentados, las personas que integran estas comunidades explican que son descendientes de los pueblos indígenas mayas que habitaban la región “desde antes de la colonización llevada a cabo por Estados extranjeros”, por lo que se autoadscriben como indígenas.

Estas comunidades detallan que históricamente han convivido, poseído, usado y disfrutado de forma permanente su territorio, bienes naturales y su patrimonio cultural material e inmaterial, y que a lo largo de los siglos han transitado a los cambios sociales, políticos, económicos y culturales, adaptando sus formas de vida y “asimilando de forma forzada” su identidad a dichos cambios, señaló Armando Dzul Mex, comisariado del ejido Pisté.

“Derivado de dicho contexto, nuestra forma de vida y subsistencia se vio impactada a que el principal ingreso de nuestra comunidad dependiera en gran medida del turismo y los bienes y servicios que se prestan para dicho fin,ya que la zona arqueológica ha generado una atracción visitada por miles de turistas extranjeros y nacionales, según los datos oficiales, la zona arqueológica de Chichén Itzá recibió 2 millones 630 mil visitantes durante 2022”, indicó el comisariado. 

Los amparos de Pisté y Xcalakoop señalan que muchas familias de estas comunidades se dedican a la fabricar y vender piezas artesanales de tallado de madera, así como bordados y artesanías de palma, todo ello, con la disponibilidad de los bienes naturales y culturales que se encuentran en su territorio, con la que representan gran parte de su identidad como pueblo Maya.A pesar de lo anterior, indicaron que el INAH los ha excluido sistemáticamente de participar en las actividades económicas que se llevan a cabo en Chichen Itzá.

“No consideran que nuestras comunidades son quienes sufren día con día las afectaciones directas del turismo, lo que significa una violación a nuestro derecho al aprovechamiento económico de la zona arqueológica, y en los hechos se traduce en un acto de discriminación”, declaró Jeremías Cimé Ciau, presidente del comisariado ejidal de Xcalakoop. 

Los recursos interpuestos por las comunidades mayas indican que “el uso de nuestro patrimonio cultural se ha desarrollado sin nuestra participación, ya que tanto en la utilización como aprovechamiento de la zona arqueológica no se establecen mecanismo que nos permitan obtener un beneficio económico, vulnerando nuestro derecho al patrimonio cultural”, detalló.

De acuerdo con el abogado Juan Antonio López, coordinador del área de justicia transnacional en ProDESC, esta es la primera vez que se presenta un amparo de esta índole contra el INAH y la zona arqueológica de Chichén Itzá, y explicó que la respuesta de las comunidades mayas de Pisté y Xcalakoop es resultado del enorme crecimiento y el auge que están teniendo las zonas arqueológicas por la entrada en funciones del Tren Maya, en donde las comunidades y pueblos no ven beneficios directos, y en cambio obtienen exclusión, represión e invisibilización por parte de las autoridades.

Según información del propio INAH, en 2022 la zona arqueológica de Chichén Itzá obtuvo ingresos por más de 889 millones, de los cuales el 82.4 por ciento provino de la venta de boletos por parte del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, y el 17.6 por ciento restante fue por concepto de boletos cobrados directamente por el INAH.

De los recursos económicos obtenidos por el aprovechamiento de su patrimonio cultural, las comunidades Mayas no obtienen beneficios o mejoras que se traduzcan en la erradicación de la pobreza y desigualdad en la que han vivido históricamente, ya que según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el municipio de Tinum, al que pertenecen ambas comunidades, ocupa el tercer lugar dentro de los 5 municipios con mayor incremento de población en situación de pobreza, donde 84.8 por ciento del total de la población del municipio enfrenta alguna situación de pobreza, 52.7  se encuentra en pobreza moderada y 32.1  en pobreza extrema(datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI).

Así, las comunidades de Pisté y Xcalakoop no obtienen mejora alguna con respecto a los beneficios económicos que se obtienen de lo que legalmente forma parte de su identidad cultural y su patrimonio material e inmaterial, por lo que demandan del Estado Mexicano su inclusión sin discriminacion en la participación, administración y aprovechamiento de Chichén Itzá. 

López señaló que el objetivo de los amparos interpuestos por las comunidades de Pisté y Xcalakoop es que el Poder Judicial reivindique a estos dos pueblos en el goce de sus derechos y se les permita hacer uso del territorio para obtener ingresos y beneficios directos para sus comunidades.

“Es inaceptable que las autoridades de la zona turística más visitada del país excluyan a las comunidades mayas del crecimiento económico que vive la península de Yucatán, y peor aún que discriminen a las personas descendientes de los pueblos mayas de los frutos económicos que genera su propio legado histórico y cultural”, concluyó el abogado.