Suspender el subsidio federal impactará a esos espacios que brindan servicios y protección a mujeres víctimas de violencia extrema.

Por Catalina Casanova

Mérida, Yucatán, 22 de febrero de 2019.- En Yucatán existen dos refugios que atienden a mujeres en situación de violencia extrema, los cuales están en riesgo de frenar operaciones debido a la suspensión de la convocatoria del Gobierno federal para acceder a un subsidio.

Los recursos que no llegarían estaban destinados a la prestación de servicios como alimentación, alojamiento, vestido, talleres de autoempleo y asesorías jurídicas y psicológicas, entre otros.

Así lo informó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, al precisar que se dejarían de entregar más de 346 millones de pesos para el funcionamiento de esos lugares en todo el país.

En la entidad, estos espacios están a cargo del Instituto Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Mérida y la organización civil APIS Sureste, Fundación para la Equidad, los cuales  pertenecen a la Red Nacional de Refugios.

En el caso del sitio del municipio, desde 2012 recibe fondos federales. Actualmente, tiene capacidad para albergar ocho núcleos familiares, es decir, a mujeres con sus hijas e hijos; sin embargo, hace unos días el alcalde Renán Barrera Concha entregó trabajos de rehabilitación del área de dormitorios, que pasaron de siete a 14, todos con cuarto de baño.

De acuerdo con fuentes de ese Instituto, esperaban activar los nuevos lugares con el recurso del Gobierno federal que hoy fue suspendido.

Con respecto al refugio que opera APIS Sureste, no sólo alberga a mujeres que corren peligro, también les otorga atención integral para empoderarlas y de esa manera logran salir de contextos de violencia extrema. Ahí se pueden alojar, en promedio, cinco mujeres con sus hijas e hijos.

Sin duda, estos espacios juegan un papel trascendental para brindar protección a las víctimas de violencia, sobre todo si tomamos en cuenta la delicada situación que se vive en Yucatán en la materia.

Por ejemplo, en 2018 se contabilizaron mil 80 casos de mujeres que tuvieron que ser atendidas en centros médicos debido a las lesiones que sufrieron por violencia intrafamiliar, según cifras oficiales del boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud dederal. Tan sólo en el primer mes y medio de este año, 113 fueron agredidas en sus hogares.

Además, el año pasado cerró con siete lamentables feminicidios, es decir, mujeres que fueron asesinadas por razones de género, casi todos perpetrados por sus parejas.

En este 2019, se tiene el registro de dos tentativas de este delito: uno ocurrido en Peto y otro en la colonia San José Tecoh III, al sur de Mérida; en ambos, las víctimas fueron atacadas con armas blancas.

Para la presidenta del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en la entidad, Adelaida Salas Salazar, estas muestras de violencia deberían ser una razón poderosa para no cancelar los subsidios a los refugios.

“Nos encontramos ante un tema delicado, la violencia de género ha ido en aumento, no debe ser un tema político, es una situación que pone en riesgo la vida de las mujeres y sus familias” declaró.

Por su parte, la directora de APIS Sureste, Leticia Murúa Beltrán, recordó que el trabajo a favor de las mujeres en ese lugar se realiza incluso en colaboración con el Gobierno y las autoridades de justicia, por lo que no deben detenerse los fondos para su operación.

“Las mujeres que llegan a nuestro refugio son vinculadas a través del Centro de Justicia para las Mujeres, organizaciones de la sociedad civil o hay quienes acuden directamente para solicitar ayuda”, indicó.

La convocatoria para acceder a los más de 346 millones de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación fue suspendida desde el 14 de febrero, bajo el argumento de que se tiene que acatar cabalmente la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no transferir recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil.

De no entregarse este subsidio, más de 20 mil mujeres que sufren violencia extrema en todo México ya no podrían recibir los servicios y protección de estos refugios, informó la Red Nacional, incluidos los dos de Yucatán.