Resuelve que dicho megaproyecto debe suspenderse de manera inmediata ante la alerta de ecocidio y etnocidio. 

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 13 de marzo de 2023.-Tras finalizar su octava audiencia local en la Península de Yucatán, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza constató que el megaproyecto del Tren Maya provoca daños al medioambiente y a las comunidades indígenas, por lo que conminó a las autoridades del Estado Mexicano a su suspensión inmediata, así como la desmilitarización de los territorios indígenas.

En un comunicado, se explicó que del 9 al 12 de marzo realizaron actividades y un recorrido para verificar que este transporte ferroviario pone en grave peligro de destrucción a ecosistemas y comunidades mayas, al ser un proyecto que conecta con muchos polos de desarrollo, megagranjas porcinas, entre otros, exacerbando sus impactos sociales, culturales, ambientales y de género.

El Tribunal visitó las comunidades de Pisté, El Señor-Xmaben y Tihosuco donde participaron delegados de varias regiones y se escucharon testimonios de comunidades indígenas mayas, colectivos sociales, y grupos ecologistas. 

Finalmente, la audiencia se efectuó el sábado 11 de marzo en la Escuela de Agricultura Ecológica de Valladolid, en donde también analizó  los informes periciales de académicos e investigadores en materia forestal y agrícola, sobre ecosistemas acuáticos y terrestres, sobre biodiversidad y sustentabilidad ecológica, sobre derechos colectivos y de la naturaleza, ecología política e ingeniería ambiental, con relación a los daños a la naturaleza, los riesgos ecológicos y la afectación a la cultura y los derechos inalienables – culturales, territoriales y existenciales- de las comunidades. 

Se explicó que dichos testimonios han aportado evidencias, así como pruebas contundentes e irrefutables, que establecen un nexo causal entre la acusación del Fiscal de la Tierra y la prueba testimonial, documental y verificación in situ de los daños causados a la naturaleza y la violación de los derechos de las comunidades. 

Por cierto, el Tribunal indicó que conforme a las actas se verificó que ningún representante del Estado asistió a esta audiencia, habiendo sido legítimamente invitados a través de una carta entregada a la Embajada de México en Ecuador, sede de ese organismo, así como a través de correo electrónico y de manera física el día 7 de marzo, invitando tanto al Gobierno de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, FONATUR, SEMARNAT, INPI, y SEDATU y CONANP. 

Amparados en lo que dispone la normativa de la Declaración Universal de Derechos de la Naturaleza, el Convenio 169 de la OIT, la Declaratoria de Naciones Unidas y de la OEA sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio sobre Biodiversidad, el Acuerdo de Escazú, la Agenda 2030 ODS; y la jurisprudencia emitida por el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos, así como la legislación de los Estados Unidos de México; el Tribunal Ético, en nombre de los Derechos de la Madre Naturaleza, de la Humanidad y de las generaciones venideras resolvió que el Tren Maya debe suspenderse.

En su primer punto, reconoció de modo irrefutable la violación a los Derechos de la Naturaleza, así como los Derechos Humanos, individuales y colectivos y los derechos bioculturales del Pueblo Maya, que ancestralmente ha sido y continúa siendo protector y guardián de su territorio, los cenotes, la selva, y los seres sintientes no humanos que habitan dicho territorio, todo lo cual va configurando crímenes de ecocidio y etnocidio. En ese sentido, el Tribunal responsabilizó al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales. 

El Tribunal tuvo la oportunidad de constatar físicamente los irremediables destrozos de la construcción del Tren Maya en el Tramo 5, guiados al interior de cavernas por colectivos ciudadanos que afectará a más de 100 cavernas y cenotes que se encuentran directamente debajo del trazado ferroviario, y que ya se han deforestado más de 9 millones de árboles. 

Por tal razón, conminó a las autoridades del Estado Mexicano a la suspensión inmediata del megaproyecto Tren Maya con todos sus componentes, así como la desmilitarización de los territorios indígenas. 

“Hacemos un llamado urgente al Estado y a la intervención de los organismos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos para el cese del despojo de las tierras ejidatarias, así como acabar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación de los defensores y las defensoras de la naturaleza, de lo cual el Tribunal fue directamente testigo, garantizando el derecho a la libre expresión y defensa del patrimonio biocultural”, sostuvo. 


De igual manera, resolvió que se realice la reparación integral de los daños ecológicos y sociales causados por la ejecución del megaproyecto Tren Maya y sus instalaciones colaterales. 


Asimismo, que se inicie una auditoría independiente, inter y trasdisciplinaria, y de carácter intercultural, con la participación plena y efectiva de las poblaciones afectadas. 


Cabe mencionar que el Tribunal dijo que notificará oportunamente por escrito la sentencia con amplitud y las formalidades necesarias, que será traducida a lengua Maya. 

Este organismo tuvo como presidenta a Maristella Svampa de Argentina, y estuvo además conformado por Fray Raúl Vera de México, Yaku Pérez de Ecuador, Francesco Martone de Italia/Ecuador y Alberto Saldamando (EUA) Chicano/Zapoteca. 

El Fiscal de la Tierra fue el abogado Jorge Fernández Mendiburu y la accionante fue Giovanna Gasparello junto con 22 testimonios de comunidades indígenas, colectivos ciudadanos y peritos. La Secretaria del Tribunal fue Natalia Greene y las organizaciones convocantes, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).  (Fotos de Neify Pat)