Pobladores mayas acudieron a la audiencia de vinculación a proceso y su abogado detectó diversas irregularidades en la denuncia. Piden que no se criminalice su protesta en contra de la megagranja.

Por Itzel Chan

Mérida, Yucatán, 10 de marzo de 2023.- Los ocho pobladores de Sitilpech denunciados penalmente por el Gobierno del Estado tras su protesta en contra de una megagranja de cerdos han iniciado su defensa legal. Por lo pronto, hoy se presentaron en el Centro de Justicia Oral de Kanasín, pero la audiencia de vinculación a proceso fue pospuesta hasta el próximo 17 de marzo.

Sobre la denuncia, por el delito de obstrucción de las vías de comunicación en pandilla, Erik Pérez Loyo, abogado defensor de los pobladores mayas, identificó diversas irregularidades, como por ejemplo, que hay cinco testimonios de la parte acusadora de personas que hablan de la misma manera.

Los habitantes de Siitlpech fueron citados hoy a una audiencia y contaron con el apoyo de dicho litigante, quien recientemente se unió al caso y requirió al juez de control más tiempo para analizar a profundidad todo el expediente.

Mientras tanto, aseguró que preparan una estrategia de demanda, sobre todo porque han notado elementos irregularidades.

“Nos llama la atención que los señalamientos que se hacen, hasta por un tema de psicología, nadie puede declarar igualito y observamos que hay cinco personas que declaran que vieron lo mismo en el mismo orden, eso es evidente que lo vamos a analizar”, mencionó.

Aunque en esta ocasión las personas demandadas por la Dirección General de Infraestructura Carretera de Yucatán decidieron no brindar entrevistas para no entorpecer el proceso, Pérez Loyo les pidió que mantengan la tranquilidad y que confíen en el Sistema de Justicia.

A la vez les recordó que pueden seguir en una manifestación pacífica ante la defensa de su territorio, sobre todo porque es un derecho que tienen y al que las autoridades no pueden oponerse.

“Ustedes están en derecho de manifestarse y las autoridades lo tienen que respetar y entender”, añadió al dirigirse a los pobladores.

El abogado que recién se unió al caso advirtió que el hecho que los vinculen a proceso no quiere decir que irán a prisión de manera inmediata, más bien se realizarán trámites que tendrán una duración de uno a dos meses, periodo en el que van a presentar todas las pruebas posibles para su defensa.

“Si se les vincula, se analiza si se va a un juicio oral o nos vamos por una salida alterna como una suspensión condicional del proceso, que consiste en que se sometan a ciertas condiciones por seis meses, un año o hasta tres y si cumplen con las condiciones, no se generan antecedentes penales”, describió.

Sin embargo, prevé que no sea necesario que lleguen a esto, ya que notan más irregularidades en la demanda encabezada por el Gobierno del Estado y que expondrán como pruebas.

La audiencia fue pospuesta para el 17 de marzo, con el fin de que ambas partes tengan este periodo para reunir pruebas pertinentes.

Los manifestantes demandados fueron acompañados por más compañeras y compañeros de Sitilpech, quienes consideraron que esto es parte de la criminalización de su protesta para que se retiren y la granja porcícola pueda seguir operando.

También aseguran que las manifestaciones han sido pacíficas, pues la única petición es que la granja se vaya de su territorio, ya que consideran que generan contaminantes para el agua, suelo y aire.

No obstante, en diversas ocasiones han llegado antimotines a la zona de Sitilpech para custodiar a los camiones de Kekén que trasladan cerdos.