El activista César Briceño señaló que hasta ahora no hay una partida destinada para crear políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos humanos de este sector en Yucatán.

Por Itzel Chan

Mérida, Yucatán, 27 de febrero de 2023.-Debido a que en el presupuesto 2023 no fue incluida una partida para la creación de políticas públicas y la implementación de estrategias para atender, restituir y garantizar los derechos de las personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales, Queer y más (LGBTIQ+), el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán y Amicus interpusieron una demanda de amparo en contra del gobernador Mauricio Vila Dosal y el Congreso del Estado.

El activista César Briceño del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, explicó que fue interpuesto un amparo porque hasta ahora no hay una partida presupuestal destinada para crear políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos humanos de esta comunidad.

“En lo que va de la administración, no se ha implementado una política pública de este tipo y que así favorezca a esta población vulnerable y esto es violencia institucional porque entonces nos invisibiliza y nos vulnera. Nos toca de nuevo como organizaciones forzarles el brazo mediante litigios”, indicó.

El también activista y defensor de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, Alex Orué, reiteró que es la segunda vez que demandan de esta forma al Congreso del Estado, pues la primera vez fue para la aprobación del matrimonio igualitario.

“Desde que llegó Mauricio Vila a la gubernatura y esta es la segunda legislatura en el Congreso, vemos la ausencia de este interés del gobierno en considerar presupuesto para estrategias de prevención de discriminación por ejemplo y vemos que no estamos en su mapa, no lo consideran prioridad”, consideró.

Tanto César como Alex coincidieron en que la administración que encabeza Mauricio Vila se esfuerza por mantener la ilusión de que en ‘Yucatán no pasa nada’, pero desafortunadamente hay casos de discriminación y brutalidad policiaca tanto a nivel estatal como municipal, en el caso de Mérida.

“A nivel estatal existen Consejos para prevenir la discriminación, pero es darnos atole con el dedo porque sus acciones no se reflejan en algo concreto y por ejemplo, el Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán nadie sabe que existe”, añadió Alex.

Un ejemplo de la razón por la que se necesitan estrategias más concretas que induzcan al respeto de los derechos de esta comunidad, es porque por ejemplo, denunciaron que en la Fiscalía General del Estado (FGE) tampoco se hace un trabajo de sensibilización para atender las denuncias de la población de la diversidad sexual.

Ya hay antecedentes en Guanajuato

Juan Pablo Delgado, director Ejecutivo de Amicus, compartió que en Guanajuato se interpuso una demanda idéntica a inicios de 2022 en contra del Congreso del Estado y del gobernador Diego Rodríguez Vallejo y el destino de la misma fue favorable.

Este antecedente sirvió para que en 2023 se destinara de manera obligatoria esta partida presupuestaria.

Contar con este precedente da un camino de luz para Yucatán porque ambas entidades tienen paralelismos políticos, de acuerdo con el activista.

En Guanajuato se logró la autorización de un presupuesto de 13 millones de pesos aproximadamente y además se solicitó la creación de una clínica especializada para personas trans.

Igualmente, con esta lucha, se logró que en la planeación del presupuesto se destine una parte para esta población y se incluyó en el Plan de Desarrollo Estatal para 2050, es decir, para los próximos 25 años y más, las personas de la comunidad LGBTIQ+ tendrán sus derechos reconocidos.

Otros estados en los que se cuenta con una partida presupuestaria para este segmento de la población son Estado de México, Querétaro, Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí.

“Una parte del país tendría estos presupuestos favorables y se encamina a un estándar a nivel nación”, indicó.

En rueda de prensa, indicaron que los gobiernos se enfocan en la creación de cuotas afirmativas, pero poco se habla de que se destine un dinero para garantizar los derechos de la comunidad de la diversidad sexual a la salud, educación y otros en los que históricamente se mantienen deudas.

En caso de que el amparo interpuesto sea rechazado, se someterá un recurso de revisión y si el resolutivo es favorable, el Congreso del Estado tendrá un mes aproximadamente para hacer las modificaciones correspondientes al presupuesto, lo cual al mismo tiempo se trataría de un hecho histórico.