Congreso, obligado a dar el “sí” al matrimonio igualitario
Esperan consideren los criterios legales de organismos nacionales e internacionales a favor de los derechos humanos. Confían se reforme el Código de la Familia que actualmente discrimina a parejas del mismo sexo.
Por Herbeth Escalante
Mérida, Yucatán, 12 de febrero de 2019.- A pocos días de que el Congreso del Estado inicie el análisis de la iniciativa de ley que plantea reformar el Código de la Familia para que los matrimonios entre parejas del mismo sexo sean legales en Yucatán, activistas y asociaciones civiles precisaron que las y los diputados tendrían que votar a favor de esta propuesta para dar un paso en el combate a la discriminación de este sector de la sociedad.
Para el académico y experto en temas de derechos humanos, Armando Rivas Lugo, es imperante que el Congreso yucateco armonice su legislación con lo establecido por organismos nacionales e internacionales en esa materia.
En ese sentido, recordó que hace más de tres años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró en Jurisprudencia que las leyes estatales que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales.
“Las y los ministros indicaron que todos los Códigos Civiles y Familiares que señalen que la única finalidad del matrimonio debe ser la procreación, son discriminatorios. Y así lo ha reafirmado la Corte con todos los amparos concedidos a las parejas del mismo sexo que se han casado”, agregó.
El activista también enfatizó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2015 una recomendación general dirigida a todos los Congresos locales para que adecuen sus marcos normativos en ese mismo sentido, partiendo de la premisa de que la orientación sexual no puede ser un criterio relevante para diferenciar el acceso al casamiento.
Por su parte, dijo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en 2018 una opinión consultiva que precisó que el Estado tiene que reconocer y garantizar este tipo de uniones y que deberían ser obligatorias en todos los países del continente.
“Se tratan de tres grandes documentos que deben estar en el contexto de la discusión en el Congreso, son elementos jurídicos que las y los diputados tienen que tomar en cuenta para que los matrimonios igualitarios se aprueben en Yucatán”, abundó Rivas Lugo.
Recientemente, el presidente de la Junta de Gobierno del Legislativo, Felipe Cervera Hernández, declaró que en la segunda quincena de febrero iniciaría el análisis de esa iniciativa de ley. Añadió que está incluido en el segundo paquete de propuestas legislativas que ya se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.
Es decir, en poco tiempo por fin arrancará la discusión sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo en la entidad, lo que no ha sucedido en las últimas tres legislaturas estatales en donde se puso el tema sobre la mesa.
Es la misma iniciativa que en agosto de 2018 llegó al Congreso local, a pocos días de que terminara la LXI Legislatura. La envió el entonces gobernador Rolando Zapata Bello, presionado por las recomendaciones que había emitido la administración federal con la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Yucatán.
Esa vez la propuesta sólo se turnó a comisiones sin que se distribuyera entre las y los legisladores, pues ya había terminado el último periodo Ordinario de Sesiones. No se convocó a ninguna asamblea extraordinaria, fueron dos semanas de incertidumbre y finalmente la iniciativa nunca se discutió.
“Pero ahora ha llegado el momento para analizarla, por lo que confiamos que se echen atrás los artículos del Código de Familia actual que discriminan, porque señalan que el matrimonio sólo puede ser entre un hombre y una mujer”, sostuvo Rivas Lugo.
Recordó que Yucatán es la única entidad de la Península en donde no se permiten este tipo de uniones, pues en Campeche y en Quintana Roo las parejas homosexuales pueden casarse sin necesidad de tramitar un amparo federal.
Sobre este mismo tema opinó la abogada de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), Amelia Ojeda Sosa, quien recalcó que el hecho de que estas parejas tengan que solicitar un procedimiento de amparo es totalmente discriminatorio.
“Claro que lo es, porque las parejas heterosexuales no requieren de un proceso especial para acceder a este derecho, no enfrentan esas trabas. Las parejas del mismo sexo, por el contrario, se topan con barreras, porque tienen que invertir tiempo, recursos legales y dinero para poder casarse en Yucatán”, lamentó.
Pese a que la constitución yucateca no permite estos casamientos, en los últimos cinco años aproximadamente 90 parejas del mismo sexo han podido contraer matrimonio en la entidad, la gran mayoría por amparos ante la negativa del Registro Civil y algunas por un recurso colectivo.