Mientras la gentrificación avanza en Mérida, la desigualdad en Yucatán persiste, la pobreza crece y la brecha entre ricos y pobres se acentúa. El “boom” de la ciudad podría traer afectaciones a la cohesión social, agravar la segregación económica y formar cinturones de miseria.

Por María Fernanda Matus Martínez

Mérida, Yucatán, 2 de diciembre de 2022.- “Mérida está de moda”, lo confirmo cada vez que sé de algún conocido que ha decidido venir a vivir a la ciudad o escucho los planes de alquien que, con emoción, ve a esta capital del sureste de México como una alternativa a la caótica Ciudad de México o a la inseguridad que expulsa a familias enteras de otros estados, inclusive del vecino Quintana Roo.

Pero esta popularidad no es nueva, se ha venido configurando con especial fuerza en los últimos veinte años cuando menos, por diversas razones que los estudiosos de este fenómeno de migración y gentrificación empiezan a analizar, aunque es evidente que el nivel de seguridad del estado ha jugado un papel determinante.

Sorpresivamente, lo que no parece estar para nada en el foco público, son los fenómenos y posibles consecuencias que acompañan a este tipo de crecimiento exponencial, tales como la gentrificación de algunas zonas; la posibilidad de una mayor segregación económica; el aumento en la demanda de servicios públicos y comerciales, entre otros.

Tampoco parece considerarse, en medio de este crecimiento espectacular, el peligro que implica el hecho de que Yucatán siga siendo un estado desigual, en el que la brecha entre muy ricos y muy pobres se ha agudizado en los últimos años, así como cuánto tiempo puede la entidad, especialmente Mérida, mantener el nivel de seguridad que la ha hecho tan atractiva.

Claramente, una de las razones que explican la inmigración más reciente, especialmente la de los últimos 20 años, ha sido la inseguridad en otros estados y la seguridad que, de forma estable por décadas, se ha mantenido en Yucatán; éste último un fenómeno que mucho se ha usado como “logro” gubernamental, pero poco se ha estudiado desde una perspectiva objetiva.

Uno de los pocos y más recientes estudios sobre este tema es el de la investigadora del CIDE Sandra Ley y la experta en política comparada del Allegheny College de Pensilvania Shannian Mattiace publicada en la Revista de Política en América Latina bajo el título  «Yucatán como excepción al aumento de la violencia criminal en México».

Las expertas examinaron varias explicaciones teóricas para entender el bajo nivel de homicidios y actividad criminal en Yucatán que ha prevalecido por décadas, a pesar del incremento en las tasas de delincuencia de gran parte del país.

En el artículo mencionan evidencia de actividades de cárteles y detenciones de líderes de grupos relacionados con el narcotráfico en el estado, pero explican que la coordinación interinstitucional, la cohesión social y el “relativo aislamiento” del estado son variables que han incidido en la baja criminalidad.

También se refieren a un funcionario en particular como elemento crucial de la seguridad: el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, Luis Felipe Saidén, a quien mencionan “como elemento crucial en la contención de la violencia”.  El funcionario, al mando de la seguridad pública y más recientemente de la investigación ministerial en el estado, ha permanecido en ese lugar en tres sexenios priistas y el actual del PAN.

Para los últimos tres gobiernos estatales de alternancia, la promoción de Yucatán y Mérida como ciudad de paz y seguridad ha sido parte de un discurso triunfalista reiterado.

En un posicionamiento reciente, la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, resaltó que durante los últimos años de su gobierno (2007-2012), Yucatán fue calificado como el estado más seguro del país”, discurso reiterado mientras estuvo al frente del gobierno.

La alta percepción de seguridad en Yucatán y las mediciones de confianza en la policía, donde Yucatán sale casi siempre en los primeros lugares, han guiado el discurso oficial de las tres últimas administraciones que ofrecen a los visitantes y a los posibles inmigrantes de todo el mundo una ciudad segura, única en el concierto nacional; inclusive se ha comparado con el nivel de seguridad de ciudades europeas, una suerte de “Suiza de América”.

El gobernador priista Rolando Zapata Bello (2012-2018) también resaltó, en muchas ocasiones, esta ventaja del estado. “Al día de hoy, Yucatán se mantiene como el estado con la mayor percepción de seguridad en su población y el estado con las menores tasas de homicidios, secuestros, robos con violencia y robos de vehículos en todo el país”, exponía en 2018, a punto de concluir su mandato.

El actual gobernador del PAN (2018-2024), Mauricio Vila Dosal, ha anclado gran parte de su imagen y mensaje político en esta misma característica de Yucatán, exponiendo en múltipes ocasiones que “la entidad ha mantenido sus altos índices de paz y tranquilidad y es el más pacífico de México,”.

Estos tres gobernadores han llegado, a causa de los índices ofciales que miden la seguridad y la paz, a figurar entre los gobernantes estatales mejor caificados del país.

Del “boom” a la gentrificación

Frente al “boom” de Mérida, como ciudad principal del estado y destino de extranjeros y mexicanos de otras entidades para radicar, están sin embargo, una serie de realidades ineludibles y sus posibles consecuencias, que podrían afectar la cohesión social, agravar la segregación económica y formar cinturones de miseria.

Ya desde hace años Mérida presenta un proceso de segregación socioeconómica, como explica  el investigador Hugo Santiago Azcorra Pérez al señalar que “el sur principalmente, y el poniente y oriente en menor medida, han sido zonas destinadas a pobladores de bajos recursos”

Añade que  las autoridades municipales “instalaron en estas zonas equipamientos que estimularon la segregación, como el basurero municipal, rastro público, cementerios e industrias”.

En su investigación apunta que desde principos del siglo pasado la tendencia fue dotar al norte de la ciudad “con más y mejores mercados, parques, escuelas, viviendas y vialidades, dejando a los asentamientos del sur con escaso y deficiente equipamiento, generando que los pobladores de esta zona dependieran del centro de la ciudad para la satisfacción de bienes y servicios”.

A la fecha, esta tendencia no ha cambiado y la desigualdad se sigue profundizando en la capital de Yucatán. Los precios a los que se ofrecen propiedades en el norte y nororiente de la ciudad hablan por sí mismos, frente al abandono y la valoración del sur y otras zonas del oriente conurbadas a municipios de alta conflictividad e inseguridad como Kanasín.

Por otro lado está el caso del centro histórico, en donde extranjeros de ingresos medios se han instalado y apropiado de edificios antiguos, emblemáticos de la ciudad. Es verdad que la solvencia económica de estas migraciones ha permitido el embellecimiento de estos edificios, incluso su sofisticación, pero también es cierto que el encarecimiento de los barrios tradicionales ha ido empujando a los propietarios originarios, expulsando a muchos de las zonas.

“Aunque la percepción de los antiguos residentes sobre sus nuevos vecinos es positiva, esto no genera cercanía social, pues las diferencias en sus capitales, en sus estilos de vida y en sus gustos los aleja en el desarrollo de sus vidas cotidianas (…) de suerte que la apropiación del espacio y su consecuente transformación provoca desigualdad entre los nuevos y los antiguos pobladores”, explica Santiago Azcorra.

Estos migrantes son los identificados como “migrantes de estilo de vida” y al proceso de desplazamiento de quienes no se adaptan a esta transformación estando en sus zonas originales, se denominada gentrificación.

En palabras de Alvaro Ardura y Daniel Sorando: “En breve, la gentrifcación es el cambio que se produce en la población de los usuarios de un territorio tal que los nuevos usuarios son de un estado socioeconómico superior al de los previos, los cuales son desplazados de sus barrios en ese proceso”.

En una publicación de la UAM, Claudia Dávila Valdés apunta que, tal como ocurrió en lugares como Ajijic en Jalisco y San Miguel de Allende en Guanajuato, el caso de Mérida “pone sobre la mesa el riesgo que representa la llegada de una población migrante como esta para la soberanía nacional”, pues explica que gracias a su poder económico “los estadounidenses se apropian de los mejores espacios y acaparan recursos”.

En su estudio del fenómeno de gentrificación de la parte norte del centro de Mérida, la investigadora señala que esta zona “se caracteriza por la heterogeneidad que le otorga la existencia de dos mundos paralelos que comparten un espacio, en el que los estilos de vida y los patrones de consumo de los nuevos residentes muchas veces desplazan y excluyen a los antiguos habitantes yucatecos, de suerte que la apropiación del espacio y su consecuente transformación provoca desigualdad entre los nuevos y los antiguos pobladores”.

En lugares como la costa yucateca este proceso se ha venido dando desde hace varios años, con las migraciones y apropiación de canadieneses y estadounidenses, tanto o igual como ha ocurrido con las propiedades y barrios del centro histórico.

Hay estudiosos que consideran que el fenómeno Airbnb ha contribuido a la gentrificación de barrios, zonas e inclusive ciudades. De hecho el tema cobró fuerza recientemente cuando el gobierno de la ciudad de México anunció la firma de un convenio con esta empresa de alojamiento “para impulsar la llegada de nómadas digitales”.

Brecha que se abre

Mientras la gentrificación avanza en Mérida, la desigualdad en Yucatán persiste, la pobreza crece y la brecha entre ricos y pobres se acentúa.

Si bien el estado sigue la tendencia de todo el país con menos clase media, lo que realmente llama la atención es la enorme desigualdad que refleja el hecho de que Yucatán es uno de los estados con más clase baja y alta, o al menos eso lo que muestran las cifras oficiales más recientes correspondientes a 2020.

En su estudio “Cuantificando la clase media en México 2010-2020”, el INEGI muestra que Yucatán es el quinto estado con mayor porcentaje de clase alta, considerada ésta como hogares que tienen un ingreso de 77 mil 775 pesos mensuales en las zonas urbanas.

De hecho, Yucatán sobrepasa en porcentaje de hogares de clase alta a entidades como Sonora y Jalisco y los resultados del estudio lo ubican muy por arriba de la media nacional en este indicador.

Por su parte el porcentaje de clase baja, es decir, hogares que ingresan 12 mil 977 pesos al mes, el estado se encuentra en el lugar número 13, también por arriba de la media nacional, para caer hasta el lugar 20 en cuanto a la clase media, cuyo ingreso sería de 23 mil 451 pesos al mes en zonas urbanas.

De hecho, los datos oficiales también revelan que la pobreza en Yucatán de 2018 a 2020 ha aumentado, ya que según el Coneval ésta pasó de 44 a 49.5% en esos años y lo que es peor, la pobreza extrema casi se duplicó en porcentaje, en tanto que el porcentaje de población vulnerable por ingresos también aumentó.

El Inegi señala que entre 2015 y 2020, llegaron a vivir 100 mil 209 personas a Yucatán, procedentes del resto de las entidades del país, principalmente de la Ciudad y del Estado de México.

En cuanto al índice de progreso social 2015-2021, Yucatán destaca pero como uno de los estados que perdió en puntaje de 2020 a 2021.

Este reporte, que realiza la Asociación “El Observatorio de México cómo vamos, A.C.”,  se analizan 56 variables que tienen que ver con las necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. En las primeras, el deterioro de Yucatán es, lo menos, preocupante y quizás hasta urgente, necesario de incluir en las políticas públicas, frente al crecimiento ineludible de la capital.