Directivos de la UADY aseguran que se trató de “simplemente una falta administrativa” cometida por la profesora, que se sancionó por falta de probidad y honradez.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 1 de noviembre de 2022.-A través de un comunicado, directivos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) negaron que se haya cometido violencia de género, hostigamiento y acoso en agravio de la maestra Glendy Aguilar Mena, y recalcaron que más bien la sancionaron por cometer una irregularidad.  

De acuerdo con la versión del director Carlos Macedonio Hernández, durante una investigación interna realizada a finales de agosto y tras revisar las cámaras de seguridad de dicho plantel, se observó que la maestra registraba la asistencia de otros profesores que no llegaban a tiempo a impartir clases.

 Una vez confirmada la irregularidad con las pruebas documentales que hasta ese momento se tenían, la Dirección de la Facultad le pidió al secretario administrativo, Jorge Rivero Aguilar, a que hablara con la maestra Glendy informándole de esa investigación previa y la exhortara a que si había cometido esas irregularidades, se abstuviera de continuar con dichas acciones. También le indicaron que de hacer caso omiso, podría ser acreedora a una sanción administrativa, tal como establece el contrato colectivo de trabajo para este tipo de conductas. Esto ocurrió el 6 de septiembre pasado.

 Al día siguiente, ante la Oficina del Abogado General (OAG) de la Universidad, dicha profesora presentó una queja en contra del mencionado funcionario por agresión verbal, acoso laboral, intimidación, amenaza y difamación, alegando que le causó daño a su estima, salud mental, integridad y estabilidad laboral, toda vez que, según dijo, la acusó sin pruebas y la amenazó con no renovarle su contrato laboral.

A la par, también se presentó una queja ante la Comisión Ejecutiva para la Prevención, Atención y Sanción de Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento, Acoso y Abuso Sexual. Sin embargo, se le notificó a la maestra Glendy que por las características reportadas en su queja, éstas eran de índole laboral y que dicha Comisión derivaría la atención de su queja a la OAG para que proceda como corresponda.

Como las circunstancias lo requerían, se llevaron a cabo dos procedimientos, ambos de tipo administrativo-laboral, uno con motivo de la queja interpuesta por la maestra Glendy y el otro por la conducta de los académicos en torno a sus obligaciones laborales impulsado por el Director de la Facultad, Carlos Macedonio, cada uno con el procedimiento acorde al contrato colectivo aplicable. En ambos casos se realizaron diligencias y se le requirió su presencia a la docente para que presentara sus alegatos y pruebas.

De acuerdo con los directivos de la UADY, en el procedimiento seguido con motivo de su queja, no se presentó físicamente a las diligencias, sin embargo, en todo momento se le informó de lo ocurrido durante la investigación y presentó diversos escritos en torno a los acuerdos que se le notificaron.

La licenciada Glendy alegó que no asistía por temor a enfrentarse al secretario administrativo, pero se le notificó que él no estaría presente para que ella pudiera exponer libremente lo que considerara. Se le informó también que acudiría un observador de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), de nombre Jorge Alín Pérez Patrón, pero aun así declinó asistir. 

Como parte de las investigaciones administrativas, se solicitó un estudio grafoscópico para determinar si los registros de entradas y salidas, que llevan la firma de los docentes, correspondían a los maestros involucrados en los hechos. El experto en grafoscopía con patente que le autoriza para ejercer profesionalmente con número de control 014/2020 de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, así como número 566/2016 de la lista de peritos del Consejo de la Judicatura de Yucatán, dictaminó que la suplantación en los registros de entradas y salidas del personal docente involucrado asentados en la libreta de registros de asistencia había sido cometida por la maestra Glendy.

 El perito determinó específicamente que ella incurrió en esa situación los días 25 y 26 de agosto y 2 y 6 de septiembre de este año. Con este estudio, se confirmó científicamente que la aludida incurrió en una falta de probidad y honradez al cometer esa irregularidad.

La Facultad señaló que, de acuerdo con el resultado de las investigaciones, apoyados en las cámaras de seguridad y la grafoscopía, se le aplicó a la maestra Glendy una sanción consistente en la suspensión de tres días hábiles de trabajo sin goce de sueldo, lo que ocurrió el 10, 11 y 13 de octubre de este año. Para este tipo de faltas administrativas, la normativa laboral prevé incluso la rescisión del contrato, pero solo se le aplicó la suspensión de tres días.

La docente firmó de recibida la notificación y acató la sanción, sin alegar nada ni presentar algún recurso de inconformidad, tal como consta en actas. Cumplida la suspensión de tres días, regresó a sus labores habituales en la Facultad, donde continúa dando clases.

Respecto a su queja, los directivos indicaron que se realizaron las diligencias correspondientes. En esta investigación la docente tampoco  se presentó a las reuniones, ni presentó prueba alguna para sustentar sus acusaciones, sin embargo, pese a ello, se realizaron todas las diligencias para allegarse a la verdad de lo ocurrido, por lo que una vez concluida la investigación la queja se declaró infundada e improcedente. 

El 3 de octubre, previo a emitir el resultado de la investigación administrativa y al comprobarse las irregularidades cometidas, uno de los docentes involucrados, Jorge Cardeña Sánchez, presentó ante el director de la Facultad su renuncia con carácter de inmediata e irrevocable, alegando problemas personales y de salud.

El otro docente involucrado comprobó que sí asistía y se le pidió que no permitiera que la maestra Glendy registrara su ingreso, tal como lo hacía con su compañero y docente faltista que finalmente renunció.

“Es importante señalar que, a solicitud de la docente Glendy Aguilar, se remitió a la Auditoria Interna de la UADY una copia del procedimiento de investigación efectuado al Secretario Administrativo respecto a la queja de la Licenciada, así como del procedimiento seguido a los citados académicos de la Facultad.

Todo lo anterior a efecto de que la Auditoría Interna investigue y califique, en dado caso, las faltas administrativas que se adviertan. Este procedimiento de investigación se encuentra en plazo para determinar lo conducente, conforme a lo dispuesto en Reglamento de Responsabilidades Administrativas de la Universidad Autónoma de Yucatán”, se precisó en el comunicado. 

Tras las declaraciones de la maestra y las más recientes protestas de estudiantes para respaldarla, la  Facultad de Derecho de la UADY afirmó categóricamente que son falsas las imputaciones vertidas en torno a este asunto. 

“Ni violencia de género, ni hostigamiento, ni acoso, simplemente una falta administrativa que se sancionó por falta de probidad y honradez en un asunto estrictamente laboral. Lamentamos que este caso se preste a otro tipo de situaciones”, recalcó.

El comunicado está firmado por el director Carlos Alberto Macedonio Hernández; la secretaria académica, Lucely M. Carballo Solís; y el coordinador de la Unidad de Posgrados e Investigación, Stephen Javier Urbina Rodríguez.