Un informe de México Evalúa revela que en el estado las víctimas de algún delito enfrentan escasez de agencias del Ministerio Público, de asesores jurídicos adscritos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de personas juzgadoras.

Además, es la única entidad del país en el que la Fiscalía no cuenta con policías investigadores y es uno de los cinco estados que carece de la figura de asesor victimal.

Por Iuridae Escalante 

Mérida, Yucatán, 6 de octubre de 2022.- En Yucatán las cifras que se cuidan son las que sirven para que las autoridades presuman una entidad “pacífica y segura”, sin embargo, el descuido de otras estadísticas vulnera a las víctimas y representa un enorme riesgo de impunidad. 

Con cifras por debajo de la media nacional en diversos apartados que garantizan el acceso a la justicia, las víctimas de algún delito en Yucatán enfrentan una escasez de agencias del Ministerio Público, de asesores jurídicos adscritos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de personas juzgadoras. 

El reporte Hallazgos 2021: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México realizado por la organización no gubernamental México Evalúa, deja en evidencia que pese a los avances, Yucatán no cuenta con el sistema de justicia ideal para garantizar los derechos constitucionales de las víctimas. 

Un ejemplo es que en el estado existen 1.6 agencias del ministerio público por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de 2.8. 

México Evalúa destaca que “para garantizar el acceso a la justicia el personal no sólo debe estar capacitado, sino que también debe integrarse con el número suficiente de individuos para cubrir las necesidades de la población. El número de agentes del Ministerio Público, peritos, personas juzgadoras o asesores de víctimas en funciones tiene un impacto significativo en la capacidad del sistema para atender a las personas usuarias y la calidad de su respuesta, sobre todo en lo que toca a la prontitud en la procuración de justicia”. Esta situación no se cumple actualmente. 

La investigación realizada por la ONG se basa en reportes obtenidos a través de solicitudes de transparencia y de la comunicación directa con las estancias impartidoras de justicia. 

Dentro de la información obtenida destaca que a diferencia de las otras 31 entidades del país, Yucatán es el único estado en el que la Fiscalía local no cuenta con policías investigadores, pues estos están a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), situación que podría mermar en la capacitación de los agentes. 

Además, nuestra entidad es uno de los cinco estados que declaró no contar con la figura de un asesor victimal; los otros son Campeche, Jalisco, Querétaro y Veracruz. 

En materia de asesores jurídicos adscritos a CEAV, Yucatán tiene 0.83 por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de 1.61. Y si hablamos de personas juzgadoras del nuevo Sistema de Justicia Penal son 0.8 por cada 100 mil habitantes frente a una tasa nacional de 1.2. 

Además, para atender a una población de más de 2 millones 320 mil habitantes, sólo existen 12 asesores jurídicos capacitados en comisión de atención a víctimas y 38 psicólogos. 

La vulneración a las víctimas radica en que estas cifras, en sí preocupantes, están lejos de reflejar la realidad del estado, pues las estadísticas no representan ni siquiera el 10 por ciento del total de los delitos que se cometen en la entidad.

Según México Evalúa, en Yucatán hay un porcentaje de cifra negra de 94.1, es decir, todo lo que se refleja en los registros de la Fiscalía General del Estado y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es apenas el 5.9 por ciento de lo que de verdad está pasando. 

Y pese a las cifras públicas positivas en materia de seguridad, la entidad incluso está carente de personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), pues sólo cuenta con 12 personas especialistas en psicología y cuatro en trabajo social.  

Contar con este personal garantizaría a las víctimas la contención o atención psicológica y contribuiría a detectar la necesidad de medidas de protección así como a dar seguimiento al tratamiento especializado, además de supervisar que se otorgue la atención requerida.

En la siguiente entrega informaremos sobre la carga de trabajo de los entes impartidores de justicia, así como de las Medidas Alternativas de Solución de Controversias y la reparación del daño.