Confirman que el Congreso enfrenta más de 200 amparos por Ley del Isstey
Además, analizan promover un recurso de revisión al amparo que obtuvo la magistrada Cobá Magaña sobre la Reforma Judicial.
Por Herbeth Escalante
Mérida, Yucatán, 3 de octubre de 2022.-El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda, confirmó que les han notificado una cifra superior a los 200 amparos en contra de la Ley del Isstey y otros tres, de magistrados yucatecos, en contra de la Reforma al Poder Judicial.
En entrevista, dijo que están analizando presentar un recurso de revisión en contra del amparo concedido por el Juzgado Tercero de Distrito a la magistrada Leticia del Socorro Cobá Magaña, quien precisamente impugnó la mencionada reforma.
“Tenemos hasta el viernes, sino mal recuerdo, para generar el recurso y en ese caso buscar que con la revisión pueda ser revertida la sentencia en primera instancia”, explicó.
Agregó que el Congreso está generando todas las posibilidades y sostuvo que sí se ve viable ganar dicho recurso porque hay argumentos suficientes que respaldan la Reforma Judicial, por lo que ahora están determinando cuáles serán los alcances que presentarán ante el Tribunal Colegiado.
Y sobre la Ley del Isstey, señaló que tienen registro de más de 200 amparos, situación que catalogó como algo natural en cada legislatura cuando se expiden nuevas normas.
“Por eso yo creo que es parte de un proceso que debemos de cuidar definitivamente, porque el argumento que debemos de utilizar es el respaldo legislativo que se encuentra en la exposición de motivos de cada una de las leyes aprobadas o de las reformas aprobadas. En ese sentido, somos conscientes y estamos trabajando para confirmar los criterios que aquí se construyen en Comisiones”, apuntó Víctor Hugo Lozano.
El coordinador de la bancada del PAN también informó que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) aún no les ha notificado de que se haya enlistado la discusión sobre las acciones de inconstitucionalidades promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de ambos decretos y sobre la Ley 3 de 3 contra la violencia.