Sin aborto legal, en Yucatán se siguen violentando los derechos de las mujeres
La periodista Lilia Balam consideró que la integridad y dignidad de las mujeres y personas gestantes en Yucatán seguirá en peligro en tanto no se garanticen en plenitud sus derechos sexuales y reproductivos.
Por Paloma Reyes
Mérida, Yucatán, 28 de septiembre de 2022.-Al recordar que desde el año pasado se presentó en el Congreso del Estado una propuesta para despenalizar el aborto en Yucatán y que sigue sin avances, la periodista Lilia Balam consideró que la entidad seguirá atrasada en materia de derechos humanos mientras continúe criminalizándolo.
Como hemos informado, en diciembre de 2021 la diputada de Morena, Alejandra Novelo, presentó una iniciativa para despenalizar el aborto voluntario en el estado. El proyecto contempla reformar el Código Penal, la Constitución Política y la Ley de Salud local en materia de interrupción del embarazo.
La comunicadora Lilia Balam, que ha investigado desde hace varios años los casos de mujeres yucatecas que han sido encarceladas por abortar y coautora del reportaje “Maternidad forzada. El mito del aborto legal en Yucatán”, expresó a Haz Ruido que hasta ahora ningún partido político ni ningún diputado o diputada de la presente Legislatura ha destacado por su labor de defensa o protección de los derechos humanos, ni mucho menos de los derechos de las mujeres y personas gestantes.
Aunado a ello, hizo hincapié que el Congreso local tiene mayoría panista, partido que en reiteradas ocasiones ha manifestado pública y abiertamente su postura antiderechos, por lo cual, a pesar de que su obligación es armonizar la ley local conforme los mandatos federales e internacionales en materia de derechos humanos, se ve muy lejana la posibilidad de que cumplan con su trabajo y le den salida a la iniciativa presentada el año pasado para despenalizar el aborto.
Por otro lado, Lilia Balam manifestó que Yucatán es un estado muy conservador, atrasado en materia de derechos humanos y destacado por las reiteradas violaciones a los derechos de las mujeres.
“No podemos esperar que el Gobierno del Estado, encabezado por el panista Mauricio Vila Dosal, un funcionario que ha sido omiso en la protección, defensa y promoción de los derechos humanos, promueva alguna acción para que se deje de criminalizar a las mujeres por interrumpir voluntariamente sus embarazos”, asentó.
En ese sentido, explicó que mientras no se armonice la ley local ni se hagan políticas públicas que cumplan con los estándares que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos internacionales han establecido en materia de aborto voluntario, “podemos considerar a Yucatán como un estado misógino, machista y atrasado en la protección y ejercicio de derechos humanos, donde se violan impunemente los derechos, especialmente los de las mujeres”.
Al cuestionarle sobre si la criminalización de las mujeres por la pérdida de embarazo es un hecho aislado en la entidad, la periodista indicó que no es así, pues han ocurrido varios casos en los últimos años, mismos que han sido documentados en el reportaje antes mencionado.
“En Yucatán históricamente se ha criminalizado a mujeres por interrumpir sus embarazos: el aborto está tipificado como delito desde el primer Código Penal del estado, el de 1871. A la fecha, sigue establecido en el Código Penal. Del 2009 al 2018 se registraron 65 denuncias por aborto ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y del 2007 al 2016 se iniciaron 13 juicios penales por ese delito en la entidad (es necesario precisar que se incluyen casos de feminicidios a mujeres embarazadas, ya que la muerte del producto se tipifica como aborto forzado)”.
Eso sí, comentó que los peligros de la restricción impuesta al aborto voluntario se extienden más allá, pues se han construido tantos prejuicios en torno a la maternidad y la “obligación” moral de las mujeres de ser madres.
“Además, las autoridades misóginas y antiderechos son tan creativas, que ahora a las mujeres no solo se les castiga por interrumpir un embarazo, también se les castiga por perderlo por causas naturales. Y no las acusan del delito de aborto, sino de homicidio en razón de parentesco. ¿La prueba? Del 2005 al 2020, 8 mujeres fueron sentenciadas en Yucatán por tener una emergencia obstétrica (un aborto espontáneo o un parto fortuito), pese a que la mitad de esas mujeres eran adolescentes, dos de ellas fueron víctimas de violencia sexual, algunas no sabían que estaban embarazadas y ninguna recibió cuidados prenatales”, recalcó la comunicadora.
Por ello, consideró que la integridad y la dignidad de las mujeres y de las personas gestantes en Yucatán seguirá en peligro en tanto no se garanticen en plenitud sus derechos sexuales y reproductivos, por lo que no se puede esperar a que haya un cambio cultural para proceder al cambio legal.
“Yo creo que, si los marcos legales se armonizan a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y se implementan las políticas públicas adecuadas para cumplir con esos cambios legislativos, poco a poco la población comprenderá por qué es tan necesario despenalizar el aborto en beneficio de la salud pública y del ejercicio de los derechos de todas las personas, pero en particular, de las mujeres”, declaró.
Sobre la mayor apertura del tema en los últimos años, Lilia Balam recordó que la marea verde argentina trajo cambios inesperados en toda América Latina, pero en México se ha notado un cambio favorable a nivel general pues ya son ocho los estados donde se ha despenalizado el aborto, y en el resto del país hay movimientos luchando para que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“Creo que ese panorama era impensable hace un par de años. Sin embargo, todavía hay un atraso general en el tema de las políticas públicas, de los servicios de salud y el acceso a la salud de las mujeres y personas gestantes, el tema sigue siendo tabú y sigue circulando mucha desinformación sobre el embarazo, métodos anticonceptivos, la gestación, la maternidad y la violencia obstétrica. Es necesario hacer los ajustes legales conforme a los estándares de derechos humanos y que en este tema predomine la información científica, no aquella sesgada por ideales religiosos”, finalizó.