En la impugnación de la CNDH, que será discutida en el máximo tribunal del país, se establece que dicha norma aprobada en el Congreso del Estado viola los derechos a la igualdad, seguridad social, a formar una familia, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad jurídica, el principio de previsión social y de legalidad, y la prohibición a la discriminación.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 8 de septiembre de 2022.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la nueva Ley del Instituto de Seguridad Social de Yucatán (Isstey), la cual fue aprobada en el Congreso del Estado en julio pasado.

Dicha impugnación, presentada por la presidente de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra, fue asentada como el expediente 118/2022, por lo que ya fue formado y registrado en el máximo tribunal del país para que se discuta si se procede o no invalidar esta controvertida norma. 

En la acción de inconstitucionalidad, la CNDH sostiene que la Ley del Isstey viola los derechos a la igualdad, seguridad social, a formar una familia, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad jurídica, el principio de previsión social y de legalidad, y la prohibición a la discriminación. 

En el documento, el organismo aborda uno de los puntos más controvertidos de la ley: el “salario regulador” para determinar los montos de las pensiones de los burócratas. Al respecto, explicó que el artículo 3 impide que se garantice a los trabajadoras y a sus familias una vida digna y decorosa, pues no se establece una relación razonable entre las cotizaciones abonadas y la cuantía de la prestación.

Adicionalmente, el artículo séptimo transitorio vulnera el derecho de igualdad entre las y los servidores públicos, ya que la base para calcular las pensiones no es la misma para todos los casos, sin que se advierta una razón justificable para ello, lo que ocasiona que a unos les corresponda una pensión más elevada mientras que a otros, una más baja. 

En ese sentido, la CNDH recordó que con la nueva Ley del Isstey, los diputados plasmaron que los burócratas de nuevo ingreso recibirán el 85 por ciento del promedio de los salarios cotizados durante 20 años para sus pensiones, mientras que los trabajadores en transición recibirán entre el 90 y el 95 por ciento tomando en cuenta los años que le falten para cumplir los 30 de servicio. Al respecto, recalcó que esas disposiciones  carecen de base constitucional y convencional, toda vez que debe haber una relación razonable entre las cotizaciones abonadas y la cuantía del plan de seguridad social correspondiente. 

En otras palabras, el “salario regulador” debe de integrarse de la totalidad del promedio de los salarios cotizados, pues no hay justificación constitucionalmente válida para que los legisladores hayan establecido porcentajes inferiores al 100 por ciento para las pensiones.  

La CNDH también pidió a la Corte que se invalide el requisito de edad –marcado en el artículo 67- para que familiares de los burócratas obtengan el derecho al servicio médico, pues la ley no precisa cuál será el rango o parámetro mínimo que será considerado para poder ser beneficiario de dicha prestación, “permitiendo que sea la autoridad quien decida si la persona solicitante cumple o no con dicha exigencia, lo cual deja en incertidumbre jurídica a las personas interesadas, en perjuicio de los derechos de seguridad jurídica y el principio de legalidad”. 

También señala que el artículo 128 transgrede diversos derechos al establecer que se perderá la pensión por fallecimiento del trabajador cuando la persona cónyuge beneficiaria contraiga nupcias o comience a vivir en concubinato.

Lo anterior, abundó, establece un trato diferenciado e injustificado para continuar siendo beneficiario o beneficiaria de la pensión si deciden volver a tener una relación en pareja y aquellas que no, constituyéndose como una discriminación en razón de su estado civil, además de erigirse como un impedimento para volver a tener una familia. 

Cabe mencionar que los sindicatos que integran la Coalición de Trabajadores del Estado de Yucatán (Cotrey), como el Progresista del Poder Judicial, así como la senadora de Morena, Verónica Camino Farjat, solicitaron días atrás a la CNDH que promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley del Isstey, precisamente porque vulnera derechos humanos y laborales de miles de burócratas de Yucatán.

Hasta el momento no hay fecha para que se discuta este recurso en la Suprema Corte, pero trascendió que el ponente del proyecto será el ministro Alberto Pérez Dayán,  de la Segunda Sala.