Advierten que con la prisión preventiva existe un creciente y consolidado populismo punitivo que no garantiza la impartición de justicia.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 2 de septiembre de 2022.-La prisión preventiva oficiosa también afecta en Yucatán, pues del total de las personas privadas de su libertad que fueron detenidas y recluidas en las cárceles estatales durante el año 2020, el 91 por ciento no contaba con sentencia.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) precisó en su Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2021 que únicamente el 9 por ciento de la población adulta estaba sentenciada, es decir, ya se había corroborado su culpabilidad en la comisión del algún delito y cumplían su condena.

Cabe mencionar que en ese 2020, ingresaron a los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Yucatán 766 hombres y mujeres, incluyendo adolescentes.

En su investigación “Prisión preventiva: El arma que encarcela pobres e inocentes”, el portal Animal Político, señaló que en México cada día se encarcelan a 300 personas, lo que ha provocado ya el crecimiento más rápido de la población penitenciaria en 15 años.

Indicó que el aumento de la población penitenciaria se debe fundamentalmente a las reformas que presentó en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador que permitió el encarcelamiento ‘preventivo’ automático por una veintena de delitos, más del doble de los que se permitían antes. 

Como resultado,  hoy la prisión preventiva oficiosa acepta encarcelar con solo una denuncia por robo. Esto provocó  130 mil detenidos en dos años en 21 estadosdel país, quienes están en los penales sin juicio y sin que se haya probado alguna acusación en su contra.

Entrevistado sobre el hecho de que el 91 por ciento de las personas privadas de la libertad en Yucatán no cuentan con sentencia, el abogado y académico, René Ramírez Benítez, señaló que hay que analizar si la mayoría tiene más de dos años en las cárceles, pues ese es el plazo máximo que establece la ley como medida cautelar. De ser así, las juezas y los jueces tendrían que discutir estos asuntos para dejar sin efecto la prisión preventiva.

“Aunque hay que hacer la diferenciación sobre si pertenecen al sistema de justicia anterior o actual, me parece alarmante que, de carácter generalizado, en más del 80 por ciento del país está por encima del 90 por ciento de las persona encarceladas sin sentencia, es escandaloso”, señaló

El abogado recalcó que si una persona lleva más de dos años en prisión preventiva, significa que el sistema de justicia está cometiendo una grave violación a sus derechos humanos de detención ilegal.

Al recordar que la figura de la prisión preventiva surgió en el contexto de combatir al crimen organizado, René Ramírez opinó que ahora existe un creciente y consolidado populismo punitivo que no garantiza la impartición de justicia.

“Las personas piensan que la prisión automática es una forma de justicia, pero hay que recordar que al aplicarse esta medida cautelar no se ha culpabilizado a nadie, simplemente se está investigando si es responsable de un delito, por lo que restringir la libertad ante una simple acusación me parece una violación grave a los derechos humanos”, explicó.