El ombudsman Miguel Óscar Sabido señaló que están revisando si la nueva norma vulnera derechos humanos de las y los burócratas de Yucatán.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 26 de julio de 2022.- El área jurídica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) está revisando la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores (Isstey) para analizar si promueve una acción de inconstitucionalidad en su contra.

Así lo dio a conocer el ombudsman Miguel Óscar Sabido Santana, quien dijo que “ya la imprimieron y la están checando”.

En entrevista para Haz Ruido, declaró que tras aprobarse dicha ley en el Congreso del Estado iniciaron el proceso de revisión para determinar si vulnera algún derecho humano de las y los burócratas de Yucatán, y en ese sentido decidir si promueven un recurso jurídico para revertirla.

“Nuestra competencia cuando se emite una norma es en relación a temas de derechos humanos, y no todas son susceptibles de acción de inconstitucionalidad por parte de nosotros, pero en este caso sí la analizaremos, la vamos a revisar y en su caso determinaremos si es procedente o no”, explicó.

Sabido Santana indicó que solicitó al área jurídica y a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión que inicie con el procedimiento de análisis de la Ley del Isstey, por lo que por el momento sería aventurado decir que sí o no promoverán un recurso legal en su contra.

“Me he enterado en distintos medios de comunicación, desde antes de que se aprobara la ley y después de su aprobación, manifestaciones de sindicatos, de trabajadores y de personas que no están de acuerdo, pero para poder dar una respuesta más adecuada (sobre si vulnera derechos) necesitaremos haberla analizada muy bien”, sostuvo el ombudsman.

Como hemos informado, diputadas y diputados de oposición han señalado que la nueva ley del Isstey violenta derechos laborales adquiridos de los burócratas, pues tendrá que pagar más aportaciones de sus sueldos para su fondo de pensiones, además de que deberán trabajar más años para poder obtener su jubilación.

De igual manera vulneraría el principio pro-persona al limitar el crecimiento personal y la carrera en el servicio público de las y los trabajadores del Estado, pues les quita la posibilidad de mejorar las condiciones de un mejor ingreso al jubilarse o pensionarse de acuerdo a sus últimos salarios.