El abogado de Indignación, Miguel Anguas, señaló que el presidente blindó este megaproyecto para apresurar su construcción, acto peligroso porque implica la intervención del ejército.

Por Paloma Reyes

Mérida, Yucatán, 19 de julio de 2022.- Etiquetar la megaobra del Tren Maya como proyecto de seguridad nacional es un acto peligroso, además de un retroceso para el sureste en la defensa ambiental, de pueblos originarios y del principio precautorio, consideró Miguel Anguas Rosado, abogado de la asociación Indignación.

Como se recordará, ya fueron reanudadas las obras en el Tramo 5 Sur del Tren Maya, tras la declaratoria del Consejo de Seguridad, integrado por la Secretaría de Gobernación y de Seguridad Pública, quienes lo catalogaron como un proyecto de seguridad nacional. Esto, pese a la suspensión definitiva que le fue otorgada en mayo por un juzgado federal.

En entrevista para Haz Ruido, Anguas Rosado explicó que etiquetarlo de esta manera es peligroso para la Península de Yucatán, pues se ha visto en otros casos en América Latina en los que los gobiernos utilizaban ese término para imponer este tipo obras, apelando a que van a incrementar la economía, traer inversiones, entre otros. Precisamente para evitar ello, fue creado el Acuerdo de Escazú.

“Implica, primero que todo, que haya intervención del ejército. En este caso, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina tengan la puerta abierta para poder involucrarse en la ejecución del proyecto mismo, y esto lo vemos en el Tramo 5 del Tren Maya en la zona sur de Quintana Roo”, detalló.

Comentó que también se puede ver perjudicado el derecho de acceso a la información, ya que tanto en la Constitución y tratados internacionales existe una forma de restringir o censurar al público los datos de la obra con base en el concepto de seguridad nacional, ya que serían considerados como sensibles.

Bajo esa lógica, se evitan los trámites legales y administrativos, así como las manifestaciones de impacto ambiental, pues la obra se vuelve “una prioridad para la nación”.

Al cuestionarle sobre si el presidente Andrés Manuel López Obrador le teme a algo con esta decisión de blindar de manera judicial y administrativa la megaobra, el abogado dijo que lo que realmente busca es apresurar su construcción para que esté lista en 2023.

“Decir que es de seguridad nacional hace que todas las miras presupuestales se vayan a ese proyecto y se recorten algunas otras cosas, para priorizar la ejecución y terminación del Tren Maya”, puntualizó.

Por otra parte, Miguel Anguas aseveró que este hecho también podría afectar las decisiones de los jueces de distrito respecto a los amparos interpuestos en el sureste que piden la suspensión del Tren Maya, al darles un “cheque en blanco” que les impida otorgar una suspensión o medida cautelar, e incluso podrían levantar las existentes.

“La Ley de Amparo impide que cuando un acto de autoridad es reconocido como de orden público o de seguridad nacional se pueda suspender”, declaró.

Finalmente, dijo que en los casos en los que se analizan las violaciones a los derechos humanos con respecto al Tren Maya, aún habría una oportunidad para seguir la lucha por la vía legal.

“Es un panorama complejo en la región. De por sí ha habido muchos litigios estratégicos en materia de derechos humanos como por ejemplo de pueblos originarios, en materia de medio ambiente y del principio precautorio. Y que de repente vengan y nos impongan un proyecto y que eso implique también cambiar criterios dentro de los juzgados y tribunales, para las asociaciones que trabajamos eso es un total retroceso”, apuntó.