Agrupaciones feministas exhortan a las autoridades a que se judicialice el caso para castigar al agresor. Además, piden que se le aplique la Ley 3 de 3 contra la violencia.

Por Paloma Reyes

Mérida, Yucatán, 6 de julio de 2022.-Agrupaciones feministas evidenciaron y pidieron justicia a las autoridades por un caso de violencia laboral, física y sexual en contra de una trabajadora ejidal en Motul, pues la investigación no fue judicializada, el agresor sigue libre y no le brindaron medidas de protección a la víctima.

En rueda de prensa esta mañana, Edier Josué Pech Farfán, abogado de la víctima que fue identificada como Araceli, explicó que la agresión ocurrió el pasado 30 de junio en su lugar de trabajo, que es el Comisariado Ejidal.

Relató que el acusado, identificado como Julio, quien es asesor jurídico del comisariado, aprovechó que la mujer se encontraba sola en su oficina y la empujó contra la pared, causándole lesiones y además le tocó los senos, caderas y glúteos.

Posteriormente forcejean y la víctima logra escapar del agresor, por lo que corre hacia la cocina y llama al 9-1-1. Al sitio acude la Policía Municipal de Motul y tras el señalamiento de la víctima, se procedió a la detención del agresor, quien se encontraba resguardado en el estacionamiento trasero.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, lugar donde acudió el abogado con la mujer para la valoración del médico forense, donde se constataron las lesiones. La víctima también fue trasladada a Mérida, para los exámenes psicológicos pertinentes, los cuales arrojaron que si existe afectación y se le recomendaron terapias.

Pech Farfán dijo que el día 1 de julio se presentaron los testigos de la víctima, para la integración de la carpeta por los delitos de lesiones y abuso sexual cometido por violencia. Pero al día siguiente constató que ya había tres testimonios más, de la secretaria particular del acusado, el Comisario Ejidal y el Tesorero, quienes aseguraban que los hechos no habían ocurrido.

Sin embargo, dijo que se logró presentar un testigo ajeno, el cual aseguró que los testigos del agresor se encontraban en otro lugar y no pudieron percatarse de lo ocurrido.

“De manera extraña lo dejan libre a pesar de que el delito es grave. Tanto en el Código Penal del Estado de Yucatán y en el Código Ejecutivo de la materia, ameritaba prisión preventiva ante un juez de control por el delito de abuso sexual”, sostuvo y aseguró que la víctima no recibió medidas de protección ante este hecho.

En ese sentido representantes de las agrupaciones feministas Violetas del Mayab y Girl Up Feminista, Kelly Puc y Alejandra González respectivamente, exhortaron a las autoridades para que se judicialice este caso y se logre castigar al agresor, pues es de conocimiento en el municipio que ha sido reincidente.

Además, pidieron que se aplique la Ley 3 de 3 contra la violencia ya que el sujeto es funcionario público e incluso ha sido candidato local.

Asimismo, coincidieron en que se debe tomar en cuenta a las mujeres vulnerables ante la violencia que se encuentran al interior del estado, pues además de no contar con los recursos económicos, en muchas ocasiones tienen miedo a denunciar por las trabas que ocurren en el proceso.

Por su parte, Karol Torres, directora de la Instancia Municipal de la Mujer de Motul señaló que aproximadamente atienden entre 18 a 20 casos de mujeres que sufren violencia en el municipio, siendo la familiar la más recurrente.