La abogada y activista Carla Escoffié lamentó que con estos nombramientos, como el de Patricia Gamboa, la justicia se perfile a una lógica en el que se limite el acceso de derechos humanos.

“Se demostró que en Yucatán no hay un proyecto de acceso a la justicia y que el único mérito de los nuevos magistrados es su cercanía con el gobernador”, sostuvo.

Por Paloma Reyes

Mérida, Yucatán, 20 de junio de 2022.- La abogada y activista yucateca Carla Luisa Escoffié Duarte consideró que, con el nombramiento de nuevos magistrados y magistradas sin preparación en la materia, sin conocimientos sobre derechos humanos y con posturas conservadoras,  se agravó más la difícil situación que ya existía en el Poder Judicial del Estado.

Como hemos informado, el Congreso del Estado ha aprobado las propuestas del gobernador Mauricio Vila Dosal para designar a los nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia. Entre los nombramientos se encuentra Patricia Gamboa Wong, quién ha sido criticada por su postura antiderechos hacia las mujeres y la comunidad LGBTTTIQ+.

En entrevista para Haz Ruido, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, indicó que el problema en Yucatán es que no hay un parámetro idóneo para determinar quiénes tienen la preparación para poder ocupar este tipo de cargos. 

Recordó que todos los nombramientos que se hicieron tienen un problema de legitimidad, pues la reforma estuvo plagada de críticas respecto a las intenciones que había con los cambios en el Poder Judicial.

“Es sabido y se ha comentado mucho que esta reforma fue precisamente para que el gobernador tuviese control sobre el Poder Judicial”, indicó.

Consideró que lo menos que se pudo haber hecho para sopesar el daño era presentar perfiles idóneos que estén a la altura de lo que se requiere en dicho ámbito, personas que demuestren la vocación y conocimientos tanto de la administración de justicia como en materia de derechos humanos.  Sin embargo, dijo que fueron presentados candidatos que presentan un alineamiento político hacia el Ejecutivo local.

En el caso de Patricia Gamboa Wong, la activista comentó que es un hecho que ha sido bastante criticada en su desempeño como funcionaria pública cuando estuvo al frente del Centro de Justicia para las Mujeres, así como su postura en contra de los derechos humanos, en especial los que tienen que ver con la comunidad LGBTTTIQ+.

Hizo hincapié en que debido a que ya fue aprobado el matrimonio igualitario en la entidad, habrá casos relacionados con la comunidad que llegarán al Tribunal por lo que consideró preocupante, desde la mirada de activistas y defensores de los derechos humanos, que quienes estén a cargo sean personas con posturas conservadoras.

En ese sentido, dijo que en Yucatán ya existe la figura del Tribunal Constitucional, que se dedica a interpretar los derechos humanos reconocidos en la constitución yucateca, resuelven juicios como la acción contra la omisión legislativa y acciones de inconstitucional.

“Quienes conforman el Tribunal Superior no solo están resolviendo asuntos de tipo penal, civil o familiar, sino que también están resolviendo asuntos en materia de derechos humanos. Lo que preocupa es que una persona que no tiene ni el perfil para encabezar un Tribunal Superior o un Tribunal Constitucional, llegue únicamente teniendo como mérito una cercanía con el gobernador”, aseveró. 

Finalmente, Carla Escoffié consideró que la llegada de estos nuevos perfiles, se agravó en todos los sentidos la difícil situación que ya atravesaba el Poder Judicial del Estado, pues se demostró que no hay un proyecto de acceso a la justicia.

Además, indicó que con dicha reforma únicamente se limitó a cambiar el número de magistrados y magistradas, modificando la composición y filiación de quienes conforman el Tribunal Superior.

“La reforma no solo está acabando con la incipiente y muy débil división de Poderes que había en Yucatán, lo que está haciendo también es que la justicia se perfile a una lógica más conservadora, más limitada en el acceso de derechos y con el temor de que el Tribunal termine consagrándose como un mero espacio de tramitología para asuntos de ciertos intereses”, finalizó Escoffié Duarte.