Aprueban reforma al Poder Judicial en Comisiones, incluyendo el articulo transitorio que forzaría el retiro anticipado de los magistrados, por lo que legisladores de oposición advirtieron su inconstitucionalidad.

Aseguran que con la reforma el gobernador se está «blindando» al poner magistrados a modo y disolviendo al Tribunal.

Mérida, Yucatán, 25 de abril de 2022.- Entre fuertes críticas de las bancadas de oposición, se aprobó la reforma al Poder Judicial del gobernador Mauricio Vila Dosal, la cual incluyó la propuesta del PAN de aumentar a 15 el número de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, así como un controvertido artículo transitorio que forzaría a los magistrados actuales a retirarse de manera anticipada para conservar su pensión vitalicia.

Como parte del análisis de la reforma en una maratónica sesión, las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación hicieron una serie de propuestas en medio de señalamientos y acusaciones sobre que Vila quiere controlar y apoderarse del Poder Judicial.

Aunque el mandatario planteó aumentar de 11 a 17 magistraturas, finalmente se aprobó la propuesta del panista Jesús Pérez Ballote de que el Tribunal se conforme por 15. De esta manera se rechazó la solicitud del PRI de que sean 13, así como las de Morena y Movimiento Ciudadano que pidieron que se mantenga el número actual al considerar que lo que realmente se necesitan son nuevos juzgados de primera instancia.

La coordinadora de la fracción de Morena, Alejandra Novelo Segura, declaró que al aumentar el número de magistrados se está votando a favor de una nueva elite en el poder.

En la discusión también se avaló con el voto mayoritario del PAN el artículo sexto transitorio que otorga un plazo de 45 días para que los magistrados decidan retirarse de manera anticipada y de esta manera conservar su pensión vitalicia, pues como se recordará, el gobernador propuso quitárselas.

Al respecto, el coordinador de la bancada del PRI, Gaspar Quintal Parra, había planteado eliminar dicho artículo al considerar que podría ser inconstitucional, ya que vulnera derechos laborales adquiridos.

En ese mismo tenor, el morenista Rafael Echazarreta Torres sostuvo que dicho articulo tiene la intención de disolver al Tribunal para que el gobernador pueda colocar magistrados a modo y así tener su “ticket de salida” con impunidad al terminar su gestión. Recalcó que es un amague y una trasgresión a la división de Poderes.

“Es un ‘comes y te vas’, lo que le está diciendo a los magistrados es que o se van con todo o se van sin nada, porque el que manda soy yo”,  criticó el diputado.

Por su parte, el perredista Eduardo Sobrino Sierra, advirtió que le daría mucha vergüenza que, de aprobarse el dictamen con esa disposición, los magistrados promuevan una acción de inconstitucionalidad y que el Congreso lo pierda. En ese sentido, lamentó que ellos no hayan sido tomados en cuenta por Vila para esta reforma, como lo declaró hace unos días el presidente del Tribunal, Ricardo Ávila Heredia.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera, señaló que la iniciativa de mandatario, tal cual fue presentada, tiene tintes políticos y está incompleta.

Otro punto que se aprobó de la reforma es que los magistrados podrán permanecer en el cargo durante 15 años, sin tener que ser ratificados para el segundo periodo por el Congreso del Estado.

Al respecto, Echazarreta señaló que esta medida impacta al Legislativo al quitarle una facultad propia de la representación popular y aseguró que de esta manera el gobernador se está blindando “para irse con tranquilidad”, ya que contará con magistrados que estén de su lado por todo ese tiempo.

Asimismo se validó quitarle las pensiones vitalicias a las y los magistrados, por lo que ahora estarán reducida a un año, que es el equivalente al tiempo que, por ley, al terminar su encargo no puede litigar ni dedicarse a las actividades como especialista en Derecho.

Los dimes y diretes siguieron cuando el PAN hizo valer su mayoría para rechazar la solicitud de que la Comisión sostenga una mesa de trabajo con los magistrados y que se realice un parlamento abierto para conocer las propuestas de los propios trabajadores judiciales para enriquecer la reforma.

¿Habrá más juzgados?

Aunque la bancada del PAN hizo énfasis en que el Congreso del Estado no tiene atribuciones para crear juzgados de primera instancia, se aprobó una propuesta del PRI para ordenar de manera expresa al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que contemple la creación de nuevas salas judiciales, su ubicación y la materia o materias de las que deban conocer, para de esta manera mitigar la carga actual de expedientes.

El priísta Gaspar Quintal explicó que no se trata de una invasión de competencias, por lo que el Consejo de la Judicatura tendrá que contemplar un presupuesto para abrir los juzgados que considere pertinentes.

En ese mismo punto, también se aprobó la solicitud de Vida Gómez de que se establezca en la Constitución que se tiene que tomar en cuenta el criterio poblacional para abrir nuevos juzgados, en especifico en aquellos municipios de más de 20 mil habitantes.

“Si consideramos los costos anuales en la gradualidad de creación de juzgados, de 42 millones de pesos, no son cifras impagables. Equivalen por ejemplo al costo de una remesa de dinosaurios animatrónicos como los que se adquirieron para el museo de Progreso. Esos son de uso recreativo, aquí, aquí estamos hablando de justicia”, señaló.

Aprueban propuestas del PRI

De manera unánime, se aprobaron otras propuestas presentadas por la Fracción Legislativa del PRI encaminadas en garantizar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial y proteger los derechos laborales de los trabajadores judiciales de Yucatán.

El coordinador del Grupo Parlamentario Priísta, Gaspar Quintal Parra, destacó que con estas disposiciones se hizo una cirugía mayor a la iniciativa para reformar el Poder Judicial que fue enviada por el Ejecutivo y se evitaron ocurrencias que pudieran impactar negativamente al sistema de justicia o que pudieran ser inconstitucionales.

Con las modificaciones, se podrá garantizar de manera expresa en la ley la autonomía presupuestaria del Poder Judicial para evitar la intromisión, la dependencia y la subordinación de un Poder del Estado a otro.

De igual forma, la reforma contemplará un Capítulo dedicado a las y los servidores públicos judiciales que permitirá la defensa de sus derechos laborales, los procesos de promoción de su carrera judicial y la determinación de la solución de los conflictos laborales mediante la creación de una Comisión de Asuntos Laborales.

En ese punto, Gaspar Quintal explicó que con este nuevo órgano independiente se podrán solucionar los conflictos laborales al interior del Poder Judicial cuando el Consejo de la Judicatura o el Pleno del Tribunal Superior tomen decisiones que lesionen los derechos laborales y humanos de los operadores judiciales.

En la discusión también se aprobó la propuesta del PRI de eliminar un artículo concerniente al retiro forzoso de las magistrados y los magistrados al cumplir los 70 años de edad, ya que resultaba discriminatorio.

Aunque prácticamente todas las bancadas presentaron propuestas para reformar al Poder Judicial, la gran mayoría se desecharon, como por ejemplo, que se requiera

mayoría calificada de dos terceras partes de las y los diputados de la para elegir a magistradas y magistrados, la cual fue presentada por Movimiento Ciudadano y Morena.

También se rechazó la solicitud de Vida Gómez de que el aumento de los sueldos de los trabajadores judiciales se homologue con el de los burócratas del Gobierno del Estado.