La voluntad política de las y los legisladores se ausentó y más personas usuarias de marihuana empezaron a percibir la imperiosa necesidad de contar con la tramitación de su amparo para luchar en contra de la criminalización crece en México.

Por Andrea Tamayo Cáceres #ATACAConIdeas

Mérida, Yucatán, 22 de abril de 2022.- El pasado miércoles se celebró el 4/20 en todo el mundo, numerología que desde los años 70 se ha popularizado para hacer referencia a la Cannabis y que ahora se conoce como el “Día Mundial de la Marihuana”, temática que, para muchas personas, aún es motivo de escándalo debido a la mala publicidad y estigmatización que se le ha hecho a una planta medicinal al grado de ser considerada una “droga”.

Pero ¿realmente es una droga? De acuerdo a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (ONU) ya no se considera como tal, gracias a diversas recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en enero de 2019, logrando como resultado que en diciembre del año siguiente – con 27 votos a favor de Estados miembro – se argumentara a favor del uso medicinal y con fines de investigación; sin embargo, varios representantes manifestaron que el uso lúdico – que en realidad se debe pronunciar como recreativo – seguiría representando un riesgo para la población mundial carente de regulación legislativa.

Es aquí donde, querida persona lectora, te invito a que me acompañes en la historia de la regulación de la planta en nuestro país, una ley federal que se ha prometido desde el 2018 y que, a la fecha, no ve la luz de la honrosa publicación en el Diario Oficial de la Federación por falta de voluntad política, entre otros intereses públicos y privados y, hay que decirlo – aunque incomode – al Presidente de la República no le parece apropiada esta temática.

En octubre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró – por quinta ocasión desde que inició la concesión de amparos en la materia – que la prohibición absoluta del uso recreativo y adulto del cannabis es inconstitucional por violar el derecho humano a la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad, derecho consagrado nada más y nada menos que en artículo 1 de nuestra Constitución mexicana.

Fue así, como se sentó jurisprudencia aplicable para todo el país que destaca el derecho que tiene toda persona adulta a usar cannabis si lo desea y que los jueces deben garantizar los derechos humanos de las personas “consumidoras”, además de puntualizar que todo lo permitido gira en torno al uso individual y no colectivo, razón por la que todos los actos de comercio, suministro o distribución están prohibidos y son considerados como delito de narcomenudeo.

A partir de dicho momento, el movimiento cannábico en el país tomó mayor fuerza desde dos líneas que convergen: la ciudadana representada por personas usuarias, activistas, académicas y emprendedoras que reforzaron movilizaciones, plantones, charlas y una ola de amparos para obtener su autorización sanitaria expedida por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y la jurídica – legislativa por parte de la SCJN que ordenó al Poder Legislativo un primer plazo – hasta octubre de 2019 – para modificar la Ley General de Salud y eliminar los artículos que señalaran la prohibición absoluta del cannabis; sin embargo, el Congreso de la Unión no cumplió con el tiempo establecido y pidió su primera prórroga hasta el 30 de abril de 2020, fecha en la que culminaba el período legislativo y que declaraba un receso hasta el mes de septiembre.

Pues bien – como en su momento manifestó el Presidente – la pandemia por Covid-19 le vino al Senado de la república “como anillo al dedo”, ya que justificaron la falta de iniciativa legislativa en las dificultades de cabildeo propias del confinamiento y las sesiones en línea, razón que fue suficiente para pedir una segunda prórroga hasta el 15 de diciembre de 2020. El Senado cumplió con su palabra y mandó un proyecto aprobado a la Cámara de Diputados al finalizar el período de gracia concedido, no obstante, la “Cámara Baja” también pidió su primera prórroga para analizar la iniciativa, cabildearla y dictaminarla hasta el 30 de abril de 2021.

A partir de dicho momento, la voluntad política se ausentó y más personas usuarias que no se habían amparado empezaron a percibir la imperiosa necesidad de contar con la tramitación de su amparo para luchar en contra de la criminalización que se acrecentaba en México.

Los desacuerdos entre ambas Cámaras aumentaron y los “dimes y diretes” por las diferencias de visiones entre legisladores dilató la regulación y dio como resultado que la SCJN tomara cartas en el asunto y declarara, en junio de 2021, la inconstitucionalidad de los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, publicándose al mes siguiente en el Diario Oficial de la Federación el reconocimiento de que la prohibición absoluta del uso recreativo del cannabis es inconstitucional y violatoria de derechos humanos.

Dicha declaratoria de inconstitucionalidad fue un logro histórico que aceleró la burocracia y trámites para la concesión de autorizaciones sanitarias por parte de la COFEPRIS; sin embargo, a la fecha, dicha instancia sigue violando los derechos humanos de muchas personas usuarias a quienes les niegan la autorización y que – de nueva cuenta – tienen que acudir ante la instancia judicial del amparo para que un juez de distrito ordene dar los permisos. Es simple, la COFEPRIS viola la declaratoria de inconstitucionalidad cada que niega autorizaciones sanitarias sin criterios ni justificación.

Y tal vez te estarás preguntando, ¿para qué sirve la autorización sanitaria? Bueno, sirve para que no te acusen de narcomenudeo por posesión simple, suministro o comercio, es decir, que la Policía estatal no te detenga o lleve por encontrarte un cigarro o hasta 5 gramos de cannabis entre tus pertenencias. Eso sí, tu derecho termina en donde empieza el de otra persona, ya que no puedes hacerlo frente a menores de edad o en lugares públicos donde haya personas que no te hayan dado su autorización.

Por último ¿dónde estamos paradas ante la regulación? La ultima propuesta de iniciativa surgió en el Senado de la republica el 15 de diciembre pasado. Es una iniciativa bastante completa que contempla grupos en situación de vulnerabilidad, derechos humanos, comercio e industria y que fue trabajada por senadoras y senadores de todos los colores. La última declaración de la senadora Olga Sánchez Cordero es que la Cámara Alta está listo para sacar el tema antes de que culmine el presente período legislativo, es decir, antes del 30 de abril.

Bueno, bastante escéptica digo “ver para creer”, pues entre juego y broma ya han pasado más de tres años y aún la regulación no es una realidad. Mientras tanto, espera la segunda parte de esta columna de opinión.

Hasta la victoria verde. Buenos humos.