Uno de los afectados, Félix Bigman, acudió a ratificar su queja y dijo que no hay que permitir que el Estado siga criminalizando a comunicadores.

El ombudsman Miguel Óscar Sabido señaló que las autoridades no deben censurar ni restringir de manera arbitraria el derecho a la libertad de expresión.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 14 de abril de 2022.-La Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) abrió de oficio una carpeta de investigación sobre el caso de periodistas de Yucatán que están siendo acosados y amenazados por la Fiscalía General del Estado para que eliminen notas de sus portales de noticias. De hecho, uno de los afectados, Félix Bigman, acudió esta mañana a dicho organismo para ratificar su queja.

Como hemos publicado, la Fiscalía notificó que, en atención a lo ordenado por la jueza de control Blanca Beatriz Bonilla González, los medios de comunicación Infolliteras, Cambio del Sureste, Noticias al Punto, Yucatán al Segundo y la Noticia Ciudadana tenían 24 horas para bajar sus notas relacionadas con la revocación de la jubilación de la exsubsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Leticia Noemí del Socorro García Maldonado.

En la notificación se recalcó que de no cumplir con esta disposición serían sancionados, por lo que nuevamente las autoridades acosaron  judicialmente y criminalizaron a los periodistas yucatecos. 

Al respecto, Félix Bigman declaró que se trata de un atentando a la libertad de expresión, tanto de los periodistas y medios de comunicación como de toda la ciudadanía en general, pues con este acto se está demostrando que las instituciones del Estado no están protegiendo los derechos humanos.

Dijo que ayer interpuso su queja vía telefónica luego de que la Codhey inició la investigación por oficio, y que este jueves acudió a ratificarla en persona, pues recalcó que no hay que permitir que se siga criminalizando a comunicadores.

Señaló que las notas que publicó son de interés social, ya que se denunció un presunto acto de corrupción por parte de la exfuncionario. Por tal razón, lamentó que ahora la Fiscalía haya iniciado “un proceso sucio y con sabor putrefacto” para lesionar la libertad de expresión.

En ese sentido, recordó que previamente esa dependencia le envió otra notificación en la que le exigió que revelara quién fue su fuente de las mencionadas notas sobre la revocación de la jubilación de la exsubsecretaria. 

“Están criminalizando a los medios de comunicación, como si nosotros los periodistas estuviéramos realizando actos ilegales. No se puede permitir que nos pisoteen nuestra libertad de expresión de una maneta tan agresiva”, sostuvo Félix Bigman, del portal Noticia Ciudadana. 

Por su parte, el presidente de la Codhey, Miguel Óscar Sabido Santana, explicó que iniciaron la investigación de oficio luego que la agrupación Artículo 19 dio a conocer este caso. En ese sentido, dijo que esperan que los otros afectados también se acerquen para presentar sus quejas.

“Las autoridades no deben censurar ni restringir de manera arbitraria el derecho a la libertad de expresión, por eso realizamos las investigaciones y en caso de que que se demuestre que el actuar de las autoridades no fue el correcto, se podría emitir una recomendación o buscar un acuerdo y reparación del daño”, abundó.

Señaló que el derecho a la libertad de expresión es fundamental en cualquier sociedad democrática, por lo que se debe privilegiar. También dijo que informarán sobre este caso al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que pueda intervenir.