Vila embiste a magistrados de Yucatán y quiere quitarles sus pensiones
El gobernador presentó una iniciativa de ley para reducir su pensión a únicamente un año
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 10 de abril de 2022.- El gobernador Mauricio Vila Dosal lanzó una sorpresiva embestida al Poder Judicial de Yucatán y envió una iniciativa de Ley para quitarle las pensiones a los magistrados para que solo reciban un pago único durante el año posterior a su retiro.
El Consejero Jurídico, Yussif Heredia Fritz, acudió a la sede del Poder Legislativo a entregar dicha propuesta la cual contempla modificaciones a la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán.
La iniciativa del mandatario plantea la reducción de la pensión a un año es el equivalente al tiempo que, por ley, al terminar su encargo no puede litigar, ni dedicarse a las actividades como especialista en Derecho.
Actualmente los magistrados que se retiran, ya sea por cumplir 15 años en el encargo o 30 al servicio del Estado, durante dos años perciben su salario como si estuvieran en funciones y a partir del tercer año reciben el 80 por ciento de dicho monto.
A través de un comunicado del Gobierno del Estado, se informó de acuerdo con un cálculo basado en el tabulador reciente de sueldos y salarios del Poder Judicial, un magistrado gana, en promedio, un sueldo base de 133 mil 434.89 pesos mensuales, lo que anualmente representa más de 1.6 millones de pesos, sin incluir aguinaldos, primas vacacionales y demás prestaciones.
Indicó que considerando que la edad mínima para ser magistrado es de 35 años y la duración actual del cargo, conforme a la ley vigente, es de 15 años y, en un escenario hipotético, una persona puede acceder al cargo a los 35 años, al concluir el período máximo de duración, con base a la normatividad vigente, tendría 50 al retirarse.
Y si se considera que, de acuerdo al INEGI, la esperanza der vida en Yucatán es de 74 años, el Poder Judicial pagaría alrededor de 38.4 millones de pesos por 24 años a partir de la terminación del encargo del magistrado supuesto.
La iniciativa de Vila de igual forma considera un aumento en el número de magistrados que actualmente conforman el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), supuestamente para agilizar las resoluciones en las áreas familiar, civil y laboral, que son tres de las que más incremento y carga de trabajo han estado teniendo. Sin embargo, no informó si se aumentará el presupuesto al Poder Judicial para dicha modificación.
La iniciativa presentada también propone aumentar a tres el número de magistrados del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, ya que actualmente solo cuenta con un magistrado, lo que ocasiona que los procedimientos sean más lentos.
De hecho, cabe recordar que Vila, a través de la bancada panista de la anterior legislatura, intentó quitarle su puesto al único magistrado actual de ese Tribunal, César Antuña Aguilar, pues en el Congreso no le aprobaron su ratificación a pesar de estar bien evaluado. Él recurrió a un amparo y finalmente regresó a su puesto.
Otros cambios en el Poder Judicial
Asimismo, en esta iniciativa se plantea la eliminación de la figura de ratificación, en la que se plantea modificar el plazo de encargo de los magistrados de seis años, más nueve años más con ratificación, a un solo período ininterrumpido de 15, y así no depender de la ratificación del Gobierno en turno.
Otro de los cambios para modernizar el Poder Judicial, es el establecimiento de 70 años como un plazo máximo para ocupar el cargo de magistrado del TSJE, con lo que desaparecería la figura vitalicia del cargo. Asimismo, se proyecta ajustar la edad de retiro de los jueces, pasando de 75 a 70 años.
También se contempla la reforma para especificar que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) no podrá ser reelecto para un período inmediato, con lo que se dará cumplimiento al principio de la paridad de género.
Asimismo, se considera regular, en caso de que así ocurra, la falta de presidente del TSJE con la posibilidad de que se elija a otro que deberá concluir el período, sin derecho a reelección para un período inmediato siguiente.