Pobladores de Homún, Greenpeace e Indignación exigieron al juez Rogelio Leal Mota que no retire la suspensión de la fábrica de cochinos de Homún.

Señalaron que sería una irresponsabilidad mayúscula permitir que la megagranja vuelva a operar y el pueblo advirtió que no permitirán el ingreso de los animales.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 24 de marzo de 2022.- Pobladores mayas del colectivo  Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes), así como las agrupaciones Greenpeace México e Indignación, entregaron al Poder Judicial de la Federación un documento con 181 mil firmas en el que exigen a las autoridades yucatecas que no permitan la construcción de más granjas porcícolas que contaminan su medio ambiente. Además hicieron un llamado a que no levanten la suspensión definitiva de la fábrica de cerdos que amenaza al pueblo de Homún.

El documento que entregaron en las oficinas judiciales de Mérida contiene miles de rúbricas recabadas a través de una plataforma digital, en la que se señala que el manto freático, el agua, los cenotes y el medioambiente están en peligro debido a las irregularidades de la industria porcícola de Yucatán.

Por tal razón, exigieron a las autoridades que no se construyan más granjas ni se amplíen las que existen hasta que se realice un estudio que evalúe su impacto ambiental y se garantice la protección de los derechos humanos de las comunidades mayas.

El acto se llevó a cabo a pocos días de que el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, decida si retira la suspensión que tiene  paralizadas las operaciones de la megagranja porcícola de la empresa 
Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de la compañía Kekén.

Como hemos informado, el pasado 3 de marzo, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Distrito desestimó las quejas presentadas por la niñas y niños mayas de Homún contra las violaciones a la suspensión definitiva de actividades de la mencionada fábrica. Ahora, le tocará a dicho juez decidir si se mantiene o no la suspensión con base en un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán, en el que se asegura que la planta de tratamiento de aguas residuales del recinto “está lista para funcionar”.

Al respecto, la abogada de Indignación, Lourdes Medina Carrillo, declaró que el mensaje a Leal Mota es que determine como improcedente el incidente de revocación presentado por PAPO y que mantenga la medida cautelar. “Exigimos que cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de protección a los derechos humanos, como el derecho al agua, al medio ambiente sano y el derecho del pueblo a decidir”, explicó.

La activista sostuvo que sería una irresponsabilidad mayúscula que el juez revoque la suspensión y permita que la granja vuelva a operar, sobre todo si se toma en cuenta que en mayo del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó dicha medida precautoria, precisamente para evitar daños irreversibles al medio ambiente.

Por su parte, Viridiana Lázaro de Greenpeace advirtió que debido a la magnitud de dicha granja, en donde se pretende engordar a 49 mil cerdos, no existe una procedimiento de tratamiento de aguas residuales que mitigue la contaminación de las heces fecales.

“Ni con procesos químicos, biológicos y físicos más sofisticados se podría garantizar que la calidad de las aguas residuales será la óptima para regresar al suelo”, agregó, además de que recordó que dicha fábrica amenaza a la Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes.

Por su parte, el poblador José May Echeverría, de Kanan Ts’ono’ot, declaró que el juez Leal Mota no vive en el pueblo, pero ellos sí y ya tomaron la decisión de que no permitirán que reabra la granja. De hecho, sostuvo que en caso de que se levante la medida cautelar, las y los pobladores bloquearán el tramo de la carretera que comunica a la granja para no permitir el ingreso de los cochinos.

Sobre ese mismo punto, uno de los líderes de esa agrupación, Doroteo Hau Kuk, señaló que continuarán luchando ante los embates de los gobiernos que se coluden con los empresarios para dañar al medio ambiente. “Son autoridades pasajeras y el pueblo seguirá resistiendo”, insistió.

De igual forma, Maribel Ek Can, recordó que las niñas y los niños de Homún están muy preocupados por la eventual instalación de la granja, pues saben que podrían enfermarse y porque no quieren que su pueblo apeste y se llene de moscas.

Las y los activistas de igual forma pidieron a Kekén que se desligue de PAPO, ya que cometió un delito al presentar una prueba falsa ante el juez. Le recordaron que si realmente es una empresa socialmente responsable, debería quitarle la concesión de la engorda de sus cerdos.