La iniciativa del PRI busca impedir las asignaciones unilaterales de recursos a los otros Poderes por parte del titular del Gobierno del Estado.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 1 de marzo de 2022.- La diputada del PRI, Fabiola Loeza Novelo, presentó una iniciativa de ley para que los Poderes Judicial y Legislativo de Yucatán tengan autonomía presupuestal, para de esta manera evitar asignaciones unilaterales de recursos por parte del titular del Gobierno del Estado. 

Su propuesta, entregada en la sesión legislativa de este martes, busca reformar la Constitución Política y la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental de la entidad. 

La reforma busca reconocer la autonomía presupuestaria, tanto de los Poderes como de los organismos constitucionales autónomos, es decir, que no exista intermediarios en la determinación de sus presupuestos y que ninguno pueda intervenir en la configuración y modificación del otro.

“La presente iniciativa no es para que los Poderes públicos y los organismos autónomos tengan recursos exorbitantes, ni tampoco para que exista un derroche financiero, por el contrario, es para que haya una robusta viabilidad financiera, administrativa y, sobre todo, digna para sus trabajadores, para que se aminoren los problemas financieros y se fortalezca el Estado de Derecho”, aseguró Loeza Novelo.

Añadió que los diputados del PRI consideran cuestionable la redirección unilateral y sin la debida argumentación de los presupuestos anuales de los Poderes Legislativo y Judicial por parte del Ejecutivo, con un impacto en sus objetivos, metas y proyectos.

Dijo que esta situación ha provocado un déficit programático en sus gastos internos, en los cuales se debe considerar la plantilla laboral, la infraestructura, pero sobre todo, en el cumplimiento de sus obligaciones esenciales y administrativas.

En ese sentido, la diputada recordó que la Constitución yucateca previene que al Poder Judicial se le deba otorgar un presupuesto mayor al recibido el año anterior y que sea del dos por ciento del total de gasto programable. Sin embargo, esto no se ha cumplido en los últimos tres años, lo que ha impactado en sus finanzas, prestación del servicio, gastos operativos y, por ende, en la garantía de una justicia pronta y expedita.
 
En cuanto al Congreso del Estado, recordó que su capacidad financiera se ve mermada de manera particular ejercicio tras ejercicio, lo que pone en grave riesgo su viabilidad económica.
 
“El Congreso de Yucatán, por un lado, es uno de los que menos recursos utiliza al año a nivel nacional, esto según los informes legislativos del 2018 y 2019 del Instituto Mexicano para la Competitividad y, por otro, es uno de los que más producción legislativa genera, con mayores actividades realizadas para defender el interés público y ser un contrapeso político en la división de Poderes”, señaló.