El organismo emitió una Recomendación por el crimen del joven veracruzano, por lo que el alcalde Renán Barrera deberá ofrecer disculpas e indemnizar a la familia

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 8 de enero de 2022.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Policía Municipal de Mérida sí cometió actos de tortura y lesiones al joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echavarría, los cuales le provocaron su muerte. Por tal razón, emitió una Recomendación para que el Ayuntamiento indemnice a su familia y el alcalde Renán Barrera Concha ofrezca una disculpa pública.

Como parte de la Recomendación 50 VG/2022, el organismo autónomo enfatizó que se constató violaciones graves a derechos humanos cometidas en su agravio consistentes en derecho a la vida, la libertad e integridad personal y seguridad jurídica con motivo de la retención ilegal, y tortura derivada del uso excesivo de la fuerza que motivó la pérdida de la vida.

También refirió que la Fiscalía General del Estado (FGE) cometió irregularidades durante la investigación de este caso, sobre todo negligencias y omisiones en la necropsia del cuerpo de la víctima, ya que no informó la presencia de heridas en su cabeza, tórax, cuello, abdomen, entre otras zonas.

En el extenso documento publicado por la CNDH, se señala que, durante la detención, los agentes de la corporación municipal provocaron lesiones a José Eduardo  en la región costal, músculos del tórax y en ambos pulmones, los cuales le provocaron la pérdida de la vida.

Recalcó que ejercieron un uso excesivo de la fuerza que derivó en actos de tortura, debido a que fue sometido a una forma agravada y deliberada de tratos crueles inhumanos y/o degradantes, que le generaron sufrimiento físico por un lapso aproximado a los 42 minutos

Agregó que a pesar de que el Juez Calificador de Mérida tuvo pleno conocimiento de estos hechos, omitió proporcionarle la asistencia médica que el joven requería.

Recomendaciones a Renán Barrera y Juan Manuel León

Como parte de las Recomendaciones, la CNDH señaló que el alcalde Renán Barrera tendrá que ofrecer una disculpa pública institucional a la madre de la víctima, la señora Dora María Ravelo Echavarría, así como a los demás familiares directos.

Además, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá otorgar una reparación integral del daño, mediante el pago de una compensación y/o indemnización justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos.

También que se realicen las diligencias necesarias a fin de que, en un término no mayor a 30 días, Dora María y los demás familiares directos que hubiesen sufrido alguna afectación emocional, sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas.

La CNDH de igual forma solicitó al alcalde que coadyuve ampliamente con la integración de las carpetas de investigación relacionadas con las conductas delictivas cometidas en agravio de José Eduardo, para lo cual, personal del Ayuntamiento deberá atender con oportunidad todos y cada uno de los requerimientos que le sean formulados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la FGE.  

El organismo también informó que presentará quejas ante la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Municipal, en contra de los elementos policiacos que participaron directa e indirectamente en la retención ilegal de la víctima, los actos de tortura a los que fue sometido y el uso excesivo de la fuerza que derivó en su deceso; así como a la autoridad que omitió brindarle la asistencia médica que requería con motivo de las agresiones físicas que se le infligieron.

Lo mismo realizará ante la FGE, por las inconsistencias que se advirtieron en la necropsia que le practicó al cadáver de la víctima. Por ejemplo, el médico forense omitió llevar a cabo el examen proctológico argumentando “presencia de restos de heces fecales”, lo que resulta a todas luces improcedente e infundado, sobre todo si se toma en cuenta que la víctima denunció una posible agresión por la vía anal.

Además, el director de la corporación policiaca, Mario Arturo Romero Escalante, deberá emitir una circular a todos sus elementos en el que les ordene que en los operativos se conduzcan con respeto a la dignidad de las personas, salvaguarden su vida, integridad, seguridad y ajusten su actuación dentro del marco del pleno ejercicio de los derechos humanos.

Al Fiscal Juan Manuel León León, le recomendó que continúe con la investigación del homicidio y el probable abuso sexual cometido en agravio del joven, debiendo practicar todas las diligencias necesarias para determinar la probable responsabilidad penal de las personas servidoras públicas que, en el ejercicio de sus funciones, las ejecutaron.

También que coadyuve con la FGR en la integración de la carpeta de investigación iniciada con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio del joven, a fin de que las víctimas indirectas tengan acceso pleno a la justicia.

En ese sentido, el organismo  consideró que la FGR, atendiendo a la facultad de atracción que ejerció en la investigación y persecución de los delitos, deberá continuar con ésta a efecto de que sea la autoridad jurisdiccional competente la que determine bajo sentencia, si fuera el caso, la pena correspondiente de los responsables.

Cabe mencionar que hace unas semanas, la propia FGR había descartado actos de tortura en agravio de José Eduardo, e incluso determinó que murió por neumonía. (Ilustración de Yaxté Sabino)