Sus compañeros de la escuela sustrajeron y difundieron el material sin su consentimiento e incluso cobraban por “pasarlo” a otros jóvenes, por lo que violentaron su intimidad personal.

La adolescente se animó a denunciar el delito y aunque ha recabado pruebas, la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal.

Por Lilia Balam

Mérida, Yucatán, 29 de diciembre del 2021.- Mónica* lleva dos años viviendo una pesadilla: sus compañeros de la escuela sustrajeron y difundieron un vídeo íntimo suyo sin su autorización e incluso llegaron a cobrar por “pasarlo” a otras personas. Ante el constante acoso de esos jóvenes, decidió denunciar el delito y, aunque ha recabado pruebas, la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó el no ejercicio de la acción penal. Hoy la joven exige justicia, pues teme que los responsables queden impunes y violenten a otras mujeres.

Todo comenzó en noviembre del 2019, cuando por medio de una amiga, Mónica se enteró de que un grupo de sus compañeros de preparatoria tenía el material y lo estaba compartiendo a otras personas. Se sorprendió, pues ella y su entonces pareja habían manejado con total privacidad el vídeo.

La adolescente, de entonces 16 años de edad, pidió apoyo a uno de los prefectos de su colegio para encarar a los jóvenes y solicitarles que eliminaran dicho contenido. Ahí supo que uno de los muchachos sustrajo el vídeo de su cuenta de Facebook, sin su consentimiento, en una ocasión en que ella abrió su cuenta en su celular.

“Yo lo consideraba mi amigo. En una ocasión que me quedé sin teléfono le pedí prestado el suyo para revisar mis redes. Cuando terminé, cerré la sesión; pero al día siguiente que hice lo mismo, vi que podía entrar fácilmente. En ese momento no le tomé importancia, porque era mi amigo, no pensé que hiciera algo malo”, recordó en entrevista.

Siete adolescentes admitieron tener el vídeo en sus celulares y se comprometieron verbalmente a eliminarlo. Pero pasados unos días, la madre de Mónica, Carolina*, lo recibió en su teléfono desde un número desconocido. De inmediato habló con el director de la escuela.

“Me dijo que lo iba a checar, a ver qué podía hacer. Me recomendó que lo dejara así, porque en el vídeo no se le ve la cara a mi hija, entonces que mejor lo dejara así, que no iba a pasar nada”, explicó la señora.

Fue hasta el 13 de diciembre que la directiva del colegio citó a las madres y a los padres de las personas involucradas para tratar de resolver el asunto. Sin embargo, Carolina solo recibió insultos por parte de los tutores de los jóvenes que difundieron el material. 

“Decían que todo era culpa de mi hija y su entonces pareja, que por qué hacen cosas que no deben, que por qué se graban. Yo sabía que no podría llegar a un acuerdo con esas personas”, dijo.

Las madres y los padres de los muchachos firmaron un escrito en el que se comprometían a dejar en paz a Mónica: no le hablarían, no la molestarían y cualquier conducta similar ameritaría sanciones, incluyendo la expulsión. Sin embargo, tras esa junta, los jóvenes comenzaron a comportarse de manera más agresiva con ella.

“En una ocasión, el mismo sujeto que sustrajo el vídeo me insultó en clase, frente a todo el grupo. Pero la maestra no hizo nada. Y entonces empezaron las burlas, incluso frente a profesores. La escuela nunca hizo nada”, precisó Mónica.

Entonces la adolescente se enteró de que meses atrás, los jóvenes junto con otros más, crearon un grupo en WhatsApp, al cual titularon “Licenciados en molestar”*, para planear lo que harían con el vídeo.

“Todo estaba planeado: desde enviarle el vídeo a mi mamá. Querían grabar su reacción cuando lo viera, extorsionarme, subirlo a una página pornográfica. Se pusieron de acuerdo para ver qué hacer o decir, ya estaban preparados”, puntualizó la joven.

Con esa información, Carolina y Mónica acudieron el 30 de diciembre del 2019 a la Fiscalía a presentar la denuncia por delitos contra la intimidad personal contra once jóvenes. Ese proceso tampoco fue sencillo, ya que las mujeres se toparon con personal poco capacitado, que hacía comentarios revictimizantes.

“Me preguntaban si estaba segura de lo que estaba haciendo, si estaba consciente de que los estaba acusando. Una vez me dijeron ‘también tienes que entender que eran niños, no sabían lo que hacían’ y me preguntaron si estaba segura de que yo no pasé el vídeo, o si yo no quería que lo vieran, que cuál fue mi motivo para grabar el vídeo”, narró la joven. 

Mientras tanto, el acoso hacia Mónica por parte de los sujetos se recrudeció. La escuela no intervino, sólo sugirió que la joven se fuera a otra preparatoria. Finalmente, optó por cambiarla de grupo, ya que era “más fácil” que distribuir a los 11 muchachos en otros salones.

Pero esa medida no fue suficiente. A finales de febrero del 2020, durante una clase en línea, ellos hicieron capturas de pantalla del rostro de la adolescente, que luego subieron a sus cuentas de WhatsApp.

Esto le generó una crisis de ansiedad tan fuerte, que concluyó en un intento de suicidio. Afortunadamente fue atendida en el Hospital Psiquiátrico y recibió asesoría psicológica en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Después le diagnosticaron depresión.

“No podía dormir sin pastillas, tenía insomnio, y luego me despertaba hasta las 3 ó 4 de la tarde. Todo el tiempo estaba paranoica. Me corté el cabello, pensando que me dejarían en paz, porque en el vídeo tengo el cabello largo. También estaba muy flaca, por lo que empecé a comer mucho para subir de peso. Ya no salía a ningún lugar sin maquillarme. No quería que me reconocieran”, comentó.

Tras estos hechos, la escuela accedió a que Mónica no estuviera obligada a encender su cámara y su micrófono durante las clases. Sin embargo, los medicamentos que tomaba eran tan fuertes que faltó a varias sesiones y al final, perdió el semestre.

Aumentaron las agresiones, pero nadie le brindó protección.

En agosto del 2021 ocurrió otro incidente: abrieron una cuenta de Instagram y de la plataforma de contenidos OnlyFans con fotos y datos de la joven. En ambas prometían entregar material con material sexual a los suscriptores.

Mónica y Carolina hicieron capturas de pantalla de los sitios y guardaron los enlaces. El asesor jurídico de la adolescente, René Ramírez Benítez, de Lexfor Abogados, hizo las diligencias necesarias para que las admitieran como pruebas para la denuncia, pero fueron rechazadas porque las cuentas fueron eliminadas y la Policía Cibernética no pudo acceder a ellas.

De igual forma, el acoso en redes hacia Mónica era habitual, no había día en que no recibiera mensajes o interacciones de las cuentas de los jóvenes involucrados. Aunque ella bloqueaba los perfiles, al poco tiempo aparecían otros con los mismos datos. También le llamaban por teléfono en la madrugada.

Pidió protección a las autoridades estatales, pero le respondieron que “no era necesaria, porque el acoso era virtual”. Tiempo después, uno de los muchachos que sustrajo y difundió el video se presentó frente al lugar de trabajo de Mónica para acosarla. Se fue hasta que una de sus colegas salió a enfrentarlo.

La joven también comenzó a recibir mensajes de compañeros de la escuela, que aparentemente querían trabar amistad con ella, pero solo se acercaban porque ya tenían el vídeo. Poco a poco, ella supo que estaban vendiendo el material por 50 pesos.

“Era muy incómodo, porque solo me hablaban para insinuarse. Me ven como un objeto. Creen que por tener un vídeo así, vas a ir con cualquiera y te lo vas a coger”(sic), expresó la adolescente.

El delito podría quedar impune.

Durante dos años, Mónica y Carolina han hecho todo lo posible por reunir pruebas y aportarlas al caso. Sin embargo, el pasado 3 de diciembre la Fiscalía les notificó que no ejercería acción penal contra los acusados.

“Aún quedan diligencias pendientes, falta el diagnóstico de psicología forense de Mónica, no se ha terminado de integrar la carpeta, ¿cómo es que ellos ya dieron por concluida la investigación? Yo lo único que necesito es justicia para mi hija, no se merece menos, es demasiado el acoso que ha recibido. Aunque sea digital, sigue siendo acoso”, apuntó Carolina.

Por ello, impugnaron la decisión de la Fiscalía. Ahora será un juez o jueza de control quien confirmará o rechazará el acuerdo de no ejercicio de la acción penal.

“Queremos que exista un precedente respecto a las investigaciones criminales con perspectiva de género, que se salvaguarden los derechos de niñas y adolescentes cuando son víctimas; que no queden impunes y se garantice el acceso a la justicia a las víctimas de ese tipo de delitos relacionados con redes sociales, pues las víctimas pueden seguir sufriendo los efectos de esos delitos”, indicó  el abogado René Ramírez.

La expectativa es que la autoridad judicial no permita que se dé “carpetazo” al caso y  Mónica finalmente obtenga justicia. Después de todo lo que ha vivido, ella ha decidido no vivir en el silencio y exigir el respeto a sus derechos.

“Prefiero no quedarme callada. Quiero que me dejen en paz, que entiendan que lo que están haciendo está mal. No saben el daño que hacen. No puede ser posible que yo he sufrido bastantes consecuencias hacia mi persona, y ellos sigan haciendo lo mismo, burlándose de mi cuerpo, divulgando el material como si fuera un meme. No me cabe en la cabeza que yo fui a la Fiscalía con el objetivo que tener justicia y lo único que recibí fue un ‘no’ rotundo. Y como ellos vieron que yo denuncié y no ha pasado nada, se sienten con el poder y la confianza de hacer lo que quieran, dañarme a mí y a mi familia”, concluyó Mónica.

Delitos contra la intimidad, sin castigo en Yucatán

En el 2018 se reformó el Código Penal de Yucatán para sancionar los delitos contra la imagen personal. Actualmente, dicha normativa establece que dichos delitos, así como aquellos contra la intimidad personal, se castigan con prisión: desde los seis meses hasta los cinco años. El segundo ilícito también recibe multas de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Sin embargo, a la fecha se han recibido pocas denuncias de ambos delitos. La Fiscalía, a través de una solicitud de acceso a la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), señaló que en el 2018 se registró un acta de investigación por ilícitos contra la intimidad personal. En el 2019 fueron tres, en el 2020 fueron dos, y hasta septiembre del 2021, otros dos. Es decir, ocho en cuatro años.

En el caso de delitos contra la imagen personal, no se reportó ninguna denuncia en el 2018, fueron cinco en el 2019, una en el 2020 y siete hasta septiembre de este año. A la fecha, ninguna persona ha sido sentenciada por esos ilícitos. (Foto ilustrativa de iStock)

*Los nombres reales fueron modificados para salvaguardar la integridad de las mujeres y la confidencialidad del caso.