Asociaciones, colectivos y activistas exigieron justicia para José Eduardo e hicieron un llamado a las instituciones a erradicar la LGBTfobia, xenofobia y toda clase de discriminación.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 8 de agosto de 2021.- Asociaciones, colectivos y activistas defensoras de derechos humanos de Yucatán reclamaron justicia por el crimen del joven José Eduardo Ravelo Echevarría “el Güero” a manos de la Policía de Mérida, y recalcaron que las detenciones arbitrarias, torturas y violencias cometidas por las corporaciones policiacas no son hechos aislados en la entidad.

En un comunicado, también pidieron a las instituciones de gobierno un basta a la LGBTfobia, xenofobia y toda clase de discriminación. Indicaron que Mérida es de quien vive en ella y que todas las personas merecen trato digno y con respeto a sus derechos humanos. 


“Exigimos justicia para José Eduardo y para las personas que día con día sufren inseguridad e injusticias a manos de quienes, se dice, dan seguridad. 
La ciudad no estará segura ni la ciudadanía confiará en la policía hasta que se garantice que los cuerpos policiacos son, realmente, figuras de protección y seguridad”, sostuvieron.

Recalcaron que no se cumplió con lo que mandata el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Mérida, pues el director de la corporación, Mario Arturo Romero Escalante, debió vigilar en todo momento que la actuación del personal a su cargo se apegue a los derechos humanos y que sus funciones las cumplan sin discriminación motivada por origen étnico, género, edad, condición social, preferencias sexuales o cualquier acto u omisión que atente contra la dignidad humana.

Es claro que el precepto reglamentario no se cumplió, señalaron, ya que José Eduardo fue detenido por estar caminando solo por las calles del centro a plena luz del día y, a juicio subjetivo, “parecer sospechoso”, además de que fue subido a una patrulla en donde fue violentado física y sexualmente. “Su muerte es responsabilidad de quienes, se supone, están para servir y proteger a todas las personas que se encuentren en el municipio”, enfatizaron las y los activistas..

Asimismo, sostuvieron que el crimen no fue un hecho aislado,  pues en Yucatán prevalecen detenciones arbitrarias, casos de tortura y muertes bajo custodia policial documentados y reportados por la sociedad civil. Recordaron que hasta noviembre de 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) documentó en dos años los casos de 22 fallecimientos de personas detenidas y en custodia de autoridades policíacas, los cuales oficialmente se atribuyen a diversas causas, entre ellas el “suicidio” en cárceles municipales.

En el comunicado de igual forma resaltaron que aunque el joven veracruzano no se identificaba como miembro de la comunidad LGBTQ+, el hecho de que fue percibido como tal fue sin dudas fue un factor que influyó en su asesinato.

Por tal razón, exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que investigue tanto a los elementos de la Policía Municipal que participaron en el crimen, así  como las probables negligencias y tratos discriminatorios por homofobia por parte del personal médico del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, y se localice al médico responsable que cuestionó la orientación sexual de José Eduardo por encima de brindar los servicios de salud.

Además, a Romero Escalante lo exhortaron a que no sea cómplice de los policías y cumpla con sus atribuciones como la ley se lo demanda; al alcalde Renán Barrera Concha que entregue a la FGE todas las pruebas que sean solicitadas y que los responsable paguen con la pérdida de su libertad y la inhabilitación permanente del cargo policíaco, así como visibilizar la necesidad de capacitación a todas las personas que pertenecen a dicha corporación para evitar abusos de autoridad.

 A la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento y al Consejo contra la Discriminación de la Diversidad Sexual les solicitaron que se pronuncien ante estos abusos y rindan cuentas sobre lo que han trabajado y falta por hacer para erradicar la discriminación por homofobia y transfobia en Mérida.

Y a la Codhey, que se pronuncie sobre lo ocurrido el pasado 21 de julio sobre violaciones a los derechos de José Eduardo, por la detención arbitraria, daños a su integridad personal, dignidad humana, salud y pérdida de la vida.