El castigo contra el titular del Ejecutivo podría ser una amonestación privada o pública, o tal vez una multa, advirtió el presidente de la Mesa Directiva, Luis Borjas.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 2 de agosto de 2021.-Este lunes, se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local la notificación del Tribunal Electoral de Yucatán (TEEY) sobre la sentencia en contra del gobernador Mauricio Vila Dosal por supuestamente violar la normatividad electoral, por lo que, de acuerdo con el diputado Luis Borjas Romero, sí le alcanzará el tiempo a la actual legislatura para definir la sanción correspondiente.

En entrevista, el presidente de la Mesa Directiva del Legislativo recalcó que es un caso sin precedentes en Yucatán, pues es la primera vez que las diputadas y los diputados  tendrán que analizar cuál será el castigo que se le impondrá al titular del Ejecutivo por cometer prácticas fuera de la ley electoral. 

Explicó que la ley de Responsabilidades Administrativas platea sanciones que van desde la amonestación privada o pública, multas y hasta inhabilitación de los cargos, dependiendo de la severidad del caso, por lo que ahora las y los legisladores tendrán que estudiar el tema.

Borjas Romero dijo que aunque a la actual legislatura le queda menos de un mes, hay el tiempo suficiente para que la Comisión de Puntos Constitucionales sesione hasta dos veces por semana para analizar este caso de la sanción en contra de Vila, así como otros asuntos pendientes. 

El diputado del PRI señaló que aunque la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado presentó un recurso de revisión a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral de la Federación en contra de la sentencia, el Congreso avanzará en la discusión correspondiente y acatará lo que en su momento definan los magistrados.

El  oficio turnado a la Comisión es el ACT/423/2021 del Tribunal Electoral del Estado, mediante el cual se notifica  la sentencia relativa al expediente PES-016/2021. En ésta se señala que  Vila resaltó los logros de su administración a través de las redes sociales en la campaña pasada, cometiendo una violación a las normas de propaganda electoral y al principio de imparcialidad.