Habitantes de Kinchil, Celestún y de la comisaría de San Fernando se organizan para decidir si renovarán o revocarán el permiso de las granjas porcícolas de la empresa Kekén, las cuales afectan su medio ambiente.

Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 13 de julio del 2021.-El próximo 25 de julio, en los municipios de Kinchil, Celestún y en la comisaría de San Fernando en Maxcanú, se realizará una autoconsulta  indígena entre las y los habitantes mayas para decidir si renovarán o revocarán el permiso de las granjas porcícolas de la empresa Kekén que contaminan su medioambiente y agua.

Previo a este ejercicio realizarán asambleas informativas para que los pobladores conozcan los daños ocasionados al entorno, pues hasta ahora el Gobierno del Estado no ha hecho esa labor informativa y, por el contrario, entregó sus tierras y recursos naturales sin preguntarles.

Sobre el tema, Carlos Yamá, integrante de la agrupación Chik´in- Já, dio a conocer que durante la pandemia de Covid-19, mientras todos estaban en sus casas en cuarentena, Kekén aprovechó para construir dos granjas más en Kinchil.

“En la zona donde nosotros vivimos estaban instaladas cuatro granjas, y mientras que el Gobierno detuvo a todo mundo por la pandemia, misteriosamente a Keken no… ahora después de un año en pandemia tiene seis granjas”, relató.

En este mismo sentido, Alberto Rodríguez, quien también forma parte de esa agrupación indígena, explicó que las aguas de Celestún, de donde él es originario, están siendo contaminadas debido a la descarga de aguas negras de las granjas porcícolas.

“Está descarga  de aguas residuales caen directamente sobre el agua estancada en el monte, la cual por el declive natural es llevada hacia la costa y finalmente, a  la Ría de Celestún, pasando luego por el cenote donde se abastece la población de agua potable. Todo esto se acerca a la Reserva de la Biosfera, la cual está protegida por leyes internacionales”, detalló.

Además, la contaminación del mar y el cenote tendrían como consecuencia una afectación al turismo y a la pesca, y por supuesto a la economía de la población que vive de estos recursos.

“Esto afectará la economía del estado, por eso pido que me escuche el señor gobernador (Mauricio Vila Dosal): ¡caramba! siempre le digo lo mismo, nosotros seremos obligados a desplazarnos a otras comunidades como Kinchil o Sisal, y ocurrirá si no se detiene la contaminación de las granjas”, enfatizó.

Reprochó que obligaron a las personas a trabajar en pandemia para construir dos granjas más, la Kinchil 5 y la Kinchil 6, así como aumentar la producción a 60 mil cerdos. También advirtió que la empresa quiere construir cuatro más. 

Cinthia Cocom Canul, habitante de la comisaría de San Fernando en Maxcanú y del colectivo de atención comunitaria U Yutzil Kaj, dijo que los empresarios de Kekén aprovecharon que las niñas y los niños toman clases a distancia en la contingencia para internar chantajear al pueblo con acceso a internet. 

“Ahora con la pandemia que muchos niños no pueden estudiar por falta de internet dijeron que van a poner internet, con esto nos chantajean, que si no los apoyamos van a quitarlo, pero tampoco es justo que nos humillen con esto de las granjas”, manifestó.

El proceso de la autoconsulta indígena inició desde hace año y medio, pero se pospuso por la pandemia y las elecciones. El viernes finalizará la segunda de las cinco etapas, la cual es la informativa, en donde se supo que las granjas abrieron sin los estudios de impacto ambiental y cambio de uso de suelo. 

Los comités mayas que han convocado a este ejercicio mencionaron que la omisión de parte del Estado al dar permisos a las fábricas de cerdos sin consultarles previamente es una clara violación al derecho a la autonomía y a la libre autodeterminación que tienen como pueblo indígena. 

Señalaron que con esta exigencia, no sólo buscan defenderse frente a las afectaciones que ya padecen en sus pueblos por parte de las granjas, sino sobre todo, buscan cambiar la relación con el Estado, la cual enfatizaron, sigue siendo racista, tutelar y colonial.

“El Gobierno, desde que inició con esto, no ha preguntado al pueblo si están de acuerdo o no. Revocar el permiso es posible en el espíritu del Derecho aunque les asuste a los empresarios. Recordamos también que el permiso previo es un derecho”, apuntó la representante de la asociación Indignación, Cristina Muñoz, la cual está acompañando a dichos pobladores durante este proceso.

A la fase informativa, las y los habitantes invitaron a los empresarios y a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

También asistirán representantes de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se formó una misión de observación que están en solidaridad con el pueblo maya, conformada por académicos, escritores y otros profesionales. (Foto de Oscar Rivero)