El organismo, que dice ser transparente, recurrió a las mentiras como estrategia jurídica. En la contestación de la demanda negó que despidió a dichos servidores públicos, pues su única intención es alargar el juicio para no cumplir con pagar las liquidaciones. 

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 3 de mayo de 2021.- En plena demanda de juicio laboral por despido laboral, el Instituto Estatal de Transparencia (Inaip) presentó una contestación en la que asegura que no despidió a los diligencieros que buscan una liquidación justa. Se trata de una mentira por parte del organismo con el único objetivo de no pagarles o para alargar el proceso.

Como hemos dado seguimiento en Haz Ruido,el 28 de noviembre del 2019 dicho instituto despidió a tres servidores públicos bajo el argumento de un recorte presupuestal. La encargada de cesarlos fue la secretaria ejecutiva Leticia Tejera Cámara, quien los citó en su oficina ese día alrededor de las 15: 00 horas.

El entonces comisionado presidente Aldrin Briceño Conrado, quien habría orquestado dejarlos sin empleo, declaró sobre este caso que “eran unos diligencieros bien pagados” y aseguró que se les liquidó con todas las prestaciones de ley para evitar demandas.

Sin embargo, dos de los afectados no aceptaron la compensación que planteó el Inaip y decidieron demandarlo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora que se encuentran en la etapa de ofrecimiento de pruebas y por increíble que parezca, la dependencia señaló  que nunca los despidió.

En la contestación de la demanda, de la cual Haz Ruido tiene una copia, el Inaip refiere que es falso que los haya despedido ese día, porque supuestamente Tejera Cámara no se encontraba en las instalaciones, pues acudió a los bajos del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Mérida en espera de ser atendida en una reunión. “Por lo que es obvio que nunca pudo despedirlos (sic)”, argumentó la defensa del instituto.

“No puede ser que un instituto que fomenta la transparencia mienta para no querer pagarnos, es una bajeza que ahora diga que nunca nos despidió. Fuimos víctimas de despidos injustificados y queremos justicia”, declaró en entrevista uno de los afectados.

Para desmentir al Inaip, los dos demandantes presentaron las copias certificadas del aviso de recisión de nombramiento que están firmadas por Aldrin Briceño y su homólogo  Carlos Pavón Durán, así como por la excomisionada María Eugenia Sansores Ruz, quienes fueron los que decidieron despedirlos. 

Los afectados exigen al organismo ser reinstalados en sus puestos y una compensación económica de 300 mil pesos, cantidad que incluye salarios caídos. En caso de no recontratarlos, están solicitando que la indemnización sea de 380 mil.

“Ya hablé con la presidenta actual, Hilda Segovia Chab, quien me planteó pagarme poco a poco, pero le dije que no, que ya pasó mucho tiempo y que necesito mi liquidación. Ella prometió hablarle a mi abogado para llegar a un acuerdo, pero no cumplió, no se ha comunicado”, sostuvo uno de los exdiligencieros.

Los demandantes criticaron la falta de ética por parte del Inaip que está recurriendo a mentiras como parte de su estrategia jurídica con la única intención de alargar el juicio o no pagarles lo que demandan. Lo que busca es que los afectados tengan que demostrar que fueron despedidos en vez de acreditar que no los corrió.

Aunque se espera que el juicio laboral tarde más tiempo, las víctimas confían que ganarán y obtendrán la compensación, situación que podría generar el embargue de cuentas del instituto. En caso de que se nieguen a pagar, los actuales comisionados podrían ser destituidos de sus cargos.