Pobladores de la localidad presentaron un juicio de amparo, ya que la ampliación del cementerio atenta contra el desarrollo de la niñez y la salud. 

Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 10 de febrero del 2020.- Por considerar que los trabajos de ampliación del cementerio de Muna son un riesgo para la salud de la población y atentan contra el desarrollo de la niñez, el Juez Quinto de Distrito de Yucatán, Carlos Solís Briceño, dictó la suspensión provisional contra la obra, por lo que el alcalde de Muna, Rubén Carrillo Solís, debe abstenerse de seguir construyendo. 

En diciembre, Haz Ruido dio a conocer la preocupación de los habitantes del municipio, pues a 10 metros del nuevo anexo del camposanto se encuentra el Centro Casa Verde, que alberga el programa de prevención de la violencia con un enfoque de género “Educación para la paz en niñas y niños en Muna”.

Además, en las inmediaciones hay casas y un vivero, es decir, la construcción afectaría a varias personas de la localidad. Por tal razón, habitantes de esa localidad promovieron el juicio de amparo.

Y aunque en un principio intentaron entablar pláticas con el edil y presentaron los argumentos elaborados por especialistas en arquitectura, ingeniería y salud pública de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) sobre el riesgo sanitario que implicaría la obra, el diálogo fue en vano.

En varios ocasiones explicaron que el panteón es fuente latente de riesgos ambientales, por lo que es imprescindible que la selección de la ubicación de uno nuevo o sus ampliaciones sean precedidas por la ejecución de un estudio hidrogeoambiental adecuado, el cual evidentemente no fue realizado por el gobierno de Rubén Carrillo.

Es por eso que el pasado 2 de febrero, 21 personas, entre las que se encuentran siete niñas y niños de la comunidad de Muna, presentaron el mencionado juicio de amparo en contra del Presidente Municipal, el Cabildo de Muna y la Secretaría de Salud del Estado. 

El fallo de la suspensión provisional les fue notificado el jueves 4 de febrero. Entre los argumentos que el juez basó su decisión sobresale que la ejecución de los actos reclamados podría causar un impacto significativo en el medio ambiente y a la salud de las  personas de la zona, y en el caso de los menores impediría su libre y sano desarrollo.