Los ejidatarios han emprendido una lucha jurídica ante la sospecha de que la granja porcícola se apoderó  de terrenos nacionales, y porque detectaron que contamina el monte y el agua con desechos de 50 mil cerdos.

Por Katia Rejón

Chapab, Yucatán, 30 de enero de 2021.-Ejidatarios de Chapab denunciaron la presunta apropiación de terrenos nacionales y contaminación por parte de la granja porcícola de la “Unión de Aparceros Chapab” y “Productora Pecuaria de Yucatán” ubicada a poco más de un kilómetro de la localidad. El Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán ordenó la suspensión provisional de las funciones de la granja ante el amparo promovido por la población. La resolución de la audiencia, programada para principios de febrero, determinará si se mantiene el cierre.

El 18 de junio del 2020, campesinos que trabajan la milpa en la zona vieron a empleados de la granja porcícola -ubicada en el tramo carretero Chapab-Ticul- brechar parte del monte donde desde hace años cultivan. Los trabajadores les confirmaron que la empresa compró el terreno por lo que alertaron a los ejidatarios quienes, a su vez, convocaron una asamblea a la que el comisario ejidal, Guadalupe Pacheco Palomo, no se presentó. 

“Fuimos a buscarlo a su casa y él salió a regañarnos porque era domingo y no lo dejábamos descansar. Le dijimos que era importante y se comprometió a ir a la Casa Ejidal donde estábamos 200 ejidatarios, pero después de 40 minutos de esperarlo, el comisario ejidal nuevamente brillaba por su ausencia”, relató César Acosta en entrevista.

Ante la falta de apoyo de la autoridad, decidieron nombrar una comitiva integrada por Hipólito Cumi Góngora, Eutiquio Alvardo, Esteban Salazar Loeza, Florentino Salazar y Marvin Salazar Alvarado. La comisión invitó al propietario de la granja, Jorge Antonio Zumárraga, a acudir a una asamblea el 28 de junio para explicar cómo obtuvo el nuevo terreno. En ese momento, Zumárraga se comprometió a suspender los trabajos en el predio e iniciar el proceso de mediación ante la Procuraduría Agraria con sede en Tekax.

La granja llegó a la comunidad hace aproximadamente dos años y en ese entonces, Zumárraga les pagó a los ejidatarios la renta por 30 años del paso servidumbre, un tramo de 700 metros que va de la carretera a la puerta del establecimiento y que funciona como entrada. El tramo coincide con la ubicación del terreno en disputa.  

“Dijo que él ya lo compró y dijimos ¿y entonces por qué nos pagaste el paso servidumbre como ejido? Y él no contestó”, declaró Hipólito Cumi.

Los ejidatarios solicitaron la intervención de un especialista para determinar si se encontraba dentro del ejido. El 17 de septiembre del 2020, el topógrafo Guillermo Can Cetina acudió por solicitud de la Procuraduría Agraria a realizar la medición y determinó que “la superficie recorrida se encuentra en propiedad privada, colindando al noreste con la carretera Ticul-Chapab, al norte con la propiedad San Antonio, al este con propiedad de Antonio Ortiz, al sur con propiedad de José Novelo e Isidrio Cauich y al oeste con la Hacienda San Cristóbal”.

Sin embargo, los ejidatarios insistieron en que la medición se realizó de forma amañada, en 20 minutos y se midió únicamente la parte norte, así que solicitaron una segunda medición topográfica. El Tribunal Agrario les autorizó la nueva medición del polígono pero todavía no se realiza.

“Nosotros hemos ocupado esas tierras  desde 1960. Mi abuelo, mi papá, y yo hemos trabajado en la tierra que dice Zumárraga que es de él. Nunca ha aparecido el dueño. Tal vez no es nuestro ejido, pero puede ser terreno nacional y por usos y costumbres nos pertenece”, aclaró Florentino Salazar. 

Chapab tiene más de 400 ejidatarios y la comisión encargada de resolver la controversia asegura que la mayoría está a favor de no vender la tierra. Acusaron a la empresa de motivar conflicto entre los trabajadores de la granja y los ejidatarios.

“Le están dando la buena vida a los trabajadores, les dan mercancía para que no hablen mal y los chamacos nos quieren intimidar, pero no son ejidatarios. En la última asamblea fueron a armar su show con pancartas exigiendo que se elimine la comisión”, contó Eutiquio Alvarado.

A partir de la disputa, el empresario ha salido públicamente a plantar árboles, regalar comida y playeras a las personas. 

“Antes los trataban de la patada, ahorita los dejan salir temprano, les compran cervezas. El socio de Zumárraga vino a tratar de convencernos a solucionar el problema. Nos preguntó qué queríamos. Lo que queremos es que no sigan invadiendo el terreno”, agregaron.

Contaminación y deforestación de la zona

Durante la limpieza de la mensura ejidal, los pobladores se percataron que las aguas residuales habían matado parte del monte, por lo que convocaron a la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal. Asesorados por el grupo defensor, se dieron cuenta de que la granja nunca realizó una consulta libre, previa e informada para su instalación, a pesar de que el olor proveniente de los 50 mil cerdos de la granja es cosa de todos los días en el municipio. 

Los ejidatarios tomaron fotografías aéreas de la zona contaminada y después de que se publicaran en el periódico, la empresa tapó el desastre con matas que duran solo unos cuantos días. 

“Antes de hacer ese tipo de infraestructura tienen que hacer una consulta ciudadana, y después hay que hacer el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). Lo hemos solicitado y no tienen, el único que ya nos contesta que sí tiene pero no lo puede entregar porque es confidencial, es la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Nosotros vamos a abogar por la salud de los niños de todo el municipio, esto no es un juego”, agregaron.

Ante ello, presentaron un amparo el 14 de diciembre del 2020 y días después volvieron a ver a los trabajadores de la granja brechando en el terreno. La última audiencia que tuvieron ambas partes y la Procuraduría Agraria fue el 29 de diciembre del 2020 en la cual se acordó que el caso sea llevado hasta el Tribunal Agrario. 

César Santos comentó que están al tanto de la situación de otras comunidades como Kinchil y Homún, y reconoce la similitud de las prácticas de las granjas para apropiarse y contaminar su tierra. “Nos están haciendo lo mismo que en Kinchil, es la misma forma de actuar”, dijo. 

De acuerdo con Miguel Anguas, consultor jurídico del caso, la suspensión definitiva dependerá si la granja cuenta o no con los permisos necesarios para operar. Aunque la granja comenzó sus trámites ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, presuntamente operan sin esos permisos desde hace aproximadamente un año.

“Se nota en la afectación directa que ha tenido la flora del lugar. No tenían medidas para tratar el agua residual de los cerdos y colocaron una tubería en la parte de atrás para verterla en el suelo, lo que ocasionó que el área se deforestara”, explicó en entrevista. 

Coincide en que el caso es muy parecido a todos los de las granjas porcícolas y ganaderas en Yucatán. Esto es así, recalcó, porque el tipo de suelo en el estado hace inviable la actividad. 

“Es muy difícil cumplir las normas existentes porque no prevén el tipo de suelo de Yucatán ni su sistema acuífero de cenotes. Las normas son aplicables para otras zonas del centro o del norte pero es prácticamente imposible que haya granjas sustentables en Yucatán”, finalizó el abogado.