Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 1 de enero de 2021.- La pandemia del Covid-19 golpeó muy fuerte a Yucatán en el 2020: en total fallecieron 2 mil 903 personas y se confirmaron 26 mil 492 casos positivos. Con la contingencia sanitaria llegó la crisis económica y se implementaron acciones gubernamentales que fueron criticadas severamente por la sociedad, así como algunas medidas que incluso fueron violatorias de derechos humanos.

El 13 de marzo, en rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, el secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, dio a conocer el primer caso de la enfermedad en la entidad, una mujer de 57 años que se contagió en España.

No habían pasado ni 15 días y el gobernador Mauricio Vila Dosal declaró el estado de emergencia en Yucatán debido a la contingencia sanitaria, a través del Decreto 195/2020. Lo hizo para acceder a 21 millones 95 mil 42 pesos del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres, dinero que meses después hizo falta cuando dos huracanes y tres tormentas tropicales impactaron a la entidad.

Para el 1 de abril inició la cuarentena en todo el territorio yucateco, por lo que cerraron los negocios considerados no esenciales y las clases se suspendieron para evitar contagios. Las autoridades hicieron un llamado a la gente a quedarse en casa.

Fue entonces que surgió una nueva controversia. El gobernador Vila dio un mensaje en sus redes sociales en el que advirtió que habría castigo de hasta tres años de cárcel a quien, estando enfermo de Covid-19, no acate las medidas de aislamiento. El anuncio fue considerado como intimidatorio y hasta represivo.

Y en medio del temor generalizado, el mandatario envió al Congreso del Estado una iniciativa para solicitar dos empréstitos, supuestamente para combatir la contingencia. Uno fue por mil 500 millones de pesos para apoyos financieros y equipos de salud, y otro por mil 728 millones, según para obra pública para reactivar le economía. Al final, las y los diputados sólo le autorizaron el primero.

El 3 de abril falleció la primera persona por esta enfermedad en Yucatán. Se trató de un hombre de 36 años de edad que tenía como antecedente obesidad. Con los días, el virus se fue propagando entre la población.

A las pocas horas, se reportó el fallecimiento de un hombre de 70 años, de origen británico, quien fue rescatado junto con decenas de extranjeros más en el crucero Marella Explorer II en Progreso, tras una solicitud de ayuda humanitaria.

Tras los primeros decesos, se reportaron acciones ilegales y violatorias de derechos humanos en casi todos los municipios yucatecos cometidos por los ayuntamientos: toques de queda, aislamiento de comisarías, bloqueo al libre tránsito, detenciones arbitrarias y amenazas a la población.

Para esas mismas fechas se decretó la ley seca en Yucatán, bajo el argumento de que la Policía Estatal estaba descuidando labores importantes por atender casos de violencia contra las mujeres en el confinamiento. Esta medida generó un fuerte descontento con el paso de los meses, no sólo porque afectó la economía de los comercios, sino porque al menos 18 personas fallecieron por beber alcohol adulterado que compraron en los clandestinos.

El 29 de abril, Mauricio Vila solicitó otro préstamo al Congreso local, según para generar infraestructura que detone la economía afectada por la pandemia. Debido a que surgieron muchas dudas sobre este plan, de nuevo fue rechazado, lo que generó un fuerte pleito mediático entre el panista contra las bancadas del PRI y Morena.

Durante ese tiempo empezaron a reportarse protestas por parte de personal de salud en algunos nosocomios de Mérida, sobre todo del Issste, por la falta de equipo de protección, camas e infraestructura para atender a los pacientes de Covid-19. (Continuará)