El Juzgado Tercero de Distrito declaró inconstitucional la fracción VI del  artículo 15 del  Reglamento de Policía y Buen Gobierno  de Mérida, que sanciona el trabajo sexual. 

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 30 de octubre de 2020.- Luego de cinco meses de lucha legal, 16 trabajadoras sexuales del barrio de San Cristóbal le ganaron un juicio de amparo al ayuntamiento de Mérida, por lo que la Policía Municipal no podrá sancionar su actividad y se tienen que garantizar sus derechos a la no discriminación y al trabajo.

El juzgado Tercero de Distrito de Yucatán emitió la resolución, correspondiente al juicio de amparo 727/2020, en la que determinó que el artículo 15, fracción VI, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Mérida, el cual sanciona el trabajo sexual en la vía pública, es inconstitucional.

La jueza titular, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, indicó que este apartado de dicho Reglamento, emitido por el Ayuntamiento, es contrario a los artículos 1 y 5 de la Constitución Federal que establecen el derecho a la no discriminación y al trabajo, respectivamente.

Como hemos publicado en Haz Ruido, el amparo fue presentado por 16 trabajadoras sexuales frente a los constantes operativos cometidos en su contra por la Policía Municipal, y que derivaron en violaciones a sus derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, persecución, extorsión, amenazas, hostigamiento, robo e incluso actos que podrían ser considerados como tortura.

Los agentes realizaban estas razias, sustentándose precisamente en el artículo 15 fracción VI del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, que sanciona el trabajo sexual en las calles de Mérida. 

Al resolver el  amparo, la jueza Tercero argumentó que sancionar en la norma municipal el trabajo sexual con el argumento de preservar “la dignidad de las personas”, significaba mantener concepciones y prácticas discriminatorias en contra de las personas que se dedican a esa actividad remunerada,  por cuestiones de moralidad. 

En ese sentido, la juzgadora afirmó que tal objetivo es inaceptable desde el derecho a la igualdad de trabajo, el cual está reconocido en el artículo 5 de la Constitución y artículo 6 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; además de que posiciona a las trabajadoras sexuales en una situación aún más vulnerable de la que se encuentran.

Para Domínguez Aguilar, “la subjetiva calificación de daño a la dignidad de las personas contenida en la norma impugnada, no puede servir de medida para la restricción del derecho a la libertad de trabajo protegido por la Constitución, basado en la determinación de un estereotipo por la naturaleza sexual del trabajo que se desempeña; pues ello constituye una discriminación evidente basada en una condición social, cuestión prohibida por el artículo 1º Constitucional”. 

En ese sentido, señaló que afirmar que la prostitución es un trabajo deshonesto y por tal motivo se le castiga como una falta administrativa, es inconstitucional, partiendo de que la única justificación existente del Ayuntamiento es el “ataque a la moral y buenas costumbres” de los ciudadanos.

A partir de la declaración de inconstitucionalidad,  la jueza ordenó al Ayuntamiento de Mérida; al alcalde Renán Barrera;  al secretario municipal, Alejandro Ruz Castro; y al director de la Policía Municipal, Mario Arturo Romero Escalante, que no apliquen la fracción VI del artículo 15 del citado Reglamento a las trabajadoras sexuales, con lo cual éstas podrán realizar su labor sin ningún tipo de restricción.

Las agrupaciones Indignación y Unasse, que acompañaron a las trabajadoras sexuales en este juicio, indicaron que la sentencia evidencia la discriminación que subsiste desde la administración pública municipal hacia determinados grupos sociales.  

“En esa tesitura, exigimos al gobierno municipal que acate la sentencia en cuestión,  cese el acoso hacia las trabajadoras sexuales, y  que modifique el Reglamento municipal de Policía y Buen Gobierno para hacerlo compatible con los derechos humanos. En esa lógica, se hace un llamado a establecer mecanismos adecuados, junto con quienes ejercen el trabajo sexual, para garantizar que el mismo se realice en condiciones de seguridad”, recalcaron. (Foto de archivo de Lorenzo Hernández)