“Anahí” decidió revelar su verdadero nombre y mostrar su rostro. Ella es Sami Guadalupe Trujillo Franco y cree que es más probable que la cuiden las personas si la reconocen en la calle, a que el propio Estado cumpla con sus obligaciones.

El gobierno le negó una escolta 24 horas, a pesar de que demostró que su vida y la de su hija corren peligro. 

Por Claudia Arriaga.

Mérida, Yucatán, 23 de octubre del 2020.– Su nombre es Sami Guadalupe Trujillo Franco “Anahí” y  está cansada de no ser escuchada por las autoridades de Yucatán. Le negaron protección 24 horas, aun cuando demostró que su vida está en peligro, por eso decidió revelar su verdadero nombre y rostro. Cree que es más probable que la cuiden las personas si la reconocen en la calle, a que el propio Estado cumpla con sus obligaciones.

Se trata de Anahí, pseudónimo que utilizó para denunciar los abusos que sufrió siendo menor de edad. Como dimos a conocer en Haz Ruido, fue víctima de trata de personas y prostitución desde los 12 hasta los 18 años. Su tía Gloria la vendía con amistades y conocidos, no sólo en la entidad, también en Tabasco y Campeche.

A pesar de buscar ayuda en las instituciones, sólo ha encontrado revictimización y excusas para no hacer justicia. Haber sido violada y prostituida siendo una menor de edad, proporcionar nombres y hechos, no fueron suficientes argumentos ante una estructura de poder que minimiza la violencia de género que viven las mujeres.

“Las autoridades quieren que las mujeres violentadas callemos para no gastar dinero en protección y que sigan viendo a Mérida como una ciudad segura, una ciudad blanca, cuando es mentira; Mérida ya no es segura, ya no es blanca. Mérida está manchada de sangre por culpa de las autoridades que no hacen nada cuando nos encontramos en peligro”, reclamó Sami. 

Además, en una rueda de prensa que ofreció este lunes, con apoyo de las colectivas y activistas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Todas Somos Fernanda, el Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia y la Red de Abogadas Violetas, detalló que tras recibir amenazas de Bernardo – la primera persona que pagó por violarla – acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde le dijeron que eso ya no importaba. 

Pasaron dos semanas de esta denuncia para que, con todo y las medidas de protección como rondines de vigilancia y auxilio inmediato, intentaron secuestrarla a unas calles de su casa. De este hecho, hubo testigos y al menos dos reportes de auxilio al número de emergencias 911. 

La segunda denuncia que interpuso fue el 22 de septiembre, en aquella ocasión la golpearon en la puerta de su casa.  Y el 5 de octubre, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) la asesoró para interponer la denuncia por trata de personas en la FGE, la cual está asentada en la carpeta de investigación 000015/2020. Sin embargo, las medidas de protección tampoco se modificaron.

Incluso, Sami con ayuda de un abogado tramitó un amparo y el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México exhortó al Gobierno del Estado a que cumpliera con sus obligaciones y protegiera su vida. Pero no lo hicieron.

Finalmente, este martes, le informaron mediante un oficio que por inconsistencias en sus declaraciones, no podían asignarle una escolta.

“Me dijeron que no, porque no consideraban que mi vida estaba en peligro, aun viéndome días anteriores golpeadas, con las costillas rotas, la muñeca fisurada y la cara morada. Sentí mucha impotencia de que dijeran eso. A mi si me llega a pasar algo, nadie le va a regresar su mamá a mi hija. Le pregunté al agente de la Fiscalía si en algún momento había cambiado mi versión y lo único que hizo fue bloquearme de WhatsApp, así la autoridad en Yucatán”, lamentó Sami.

La joven no solo teme por su vida, tiene una hija de dos años con la que su tía Gloria y Bernardo la han amenazado. 

Otra de las razones por las que Sami decidió denunciar públicamente es porque la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) aseguró a través de varios medios de comunicación que ya había efectuado acciones para atender su caso “para otorgarle las medidas de protección necesarias”,  pero no es verdad.

“Me da coraje que hagan quedar bien a la Fiscalía cuando no están haciendo valer mis derechos, mis agresores siguen libres me quitaron mi infancia, pero no me van a quitar mi presente ni mi futuro. Como yo, hay muchas niñas y jóvenes en peligro sin alzar la voz”, señaló.

Preocupa la inacción ante un delito en el que sólo una de cada cien víctimas denuncia, ya que hacerlo muchas veces implica perder la vida.  En este tema, el panorama de Yucatán a nivel nacional no lo excluye del resto del país. En el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México aseguraron que la trata de personas aumentó 700 por ciento con respecto al año pasado.

También existen recomendaciones internacionales que vigilan la actuación de la justicia mexicana para perseguir este delito. Por ejemplo, el reporte sobre Trata de Personas de Estados Unidos 2020 recomendó dar mejor protección y atención a las víctimas durante los procedimientos judiciales para garantizar su seguridad, evitar que revivan el trauma e impedir su detención ilícita. Indicación que ha sido ignorada en reiteradas ocasiones.

En medio de la burocracia y en uno de los estados más seguros del país, está la voz de Sami Trujillo solicitando protección en cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Así tenga que romper y quemar todo voy a hacer justicia, tengo una hija una familia que me quiere viva, aún tengo muchos sueños que cumplir y nadie me los va a quitar. Nos están matando y no hacen nada”, sentenció.

Respuesta del Gobierno 

Ante las declaraciones y exigencia de justicia de Sami Trujillo, el Gobierno de Yucatán  envió un comunicado a Haz Ruido, que previamente había dirigido a otros medios de comunicación, en el que señala:

Personal de la Secretaría de Mujeres informa sobre su conocimiento en el caso de “Anahí”, joven yucateca víctima de violencia sexual y psicológica, así como las acciones y seguimiento que se llevaron a cabo para brindarle atención.

Desde el pasado 22 de septiembre, “Anahí” recibió orientación por el área jurídica de Semujeres un acompañamiento a la Fiscalía General del Estado, lugar donde se le informa que debe interponer una nueva denuncia y se le otorgan las medidas de protección necesarias.

De igual manera, se le brinda atención presencial en el área psicológica de Semujeres, donde se le explican sus derechos y se le otorga toda la información al respecto.

El acompañamiento jurídico finalizó el 30 de septiembre, dado que Anahí continúa el proceso jurídico penal en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV); manteniendo un acompañamiento de la Semujeres únicamente en el área psicológica.

Si vives algún tipo de violencia o conoces a alguna mujer en dicha situación, acércate a Semujeres, ubicada en la calle 14 n° 189 por 17 y 19 col. Miraflores, o los teléfonos 999233711 o 999240221.