Al obtener su libertad, se evita el incremento de contagios de Covid-19 en los centros penitenciarios de Yucatán.

“Sin embargo, ese número es bajo y refleja la indefensión en la cual se encuentran las personas privadas de la libertad”, sostuvo José Luis Gutiérrez Román, director de AsíLegal.

Por Lilia Balam

Mérida, Yucatán, 15 de julio del 2020.-Al menos 27 personas han sido preliberadas de las prisiones yucatecas para evitar el incremento de contagios de Covid-19 en esos lugares, es decir, les otorgaron la libertad antes de terminar sus condenas.

Sin embargo, dicho número es muy bajo y refleja la indefensión en la cual se encuentran las personas privadas de la libertad, declaró José Luis Gutiérrez Román, director de la organización AsíLegal. 

De acuerdo con el reporte “Observaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante la contingencia sanitaria por Covid-19”, emitido por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), hasta finales de mayo se habían otorgado 27 preliberaciones a personas internas en cárceles de Yucatán y había otras tres en revisión.

Cabe recalcar que fueron gestionadas por la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran estas personas ante la emergencia sanitaria. “Los centros de reclusión conjuntan una serie de factores que los hacen propicios para la propagación rápida de un virus como el SARS-CoV2 y las medidas sanitarias pueden ser difíciles de implementar”, señala el documento.

En el reporte, no se detalla bajo qué mecanismos se dieron las preliberaciones en la entidad, pero según la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) existen cuatro modalidades: la libertad condicionada, la anticipada, la liberación por criterios de política penitenciaria y la conmutación o permutación de una sanción. 

“El número de preliberaciones otorgadas en Yucatán es muy bajo, pues podrían ser más. El problema es que los jueces de Ejecución no están laborando de manera normal por la contingencia sanitaria y sólo ellos pueden resolver esos recursos”, sostuvo Gutiérrez Román. 

En ese sentido, explicó que a raíz de la reforma del 2008 y con la Ley de Ejecución del 2016, quien tiene la única facultad para otorgar esas libertades son dichos jueces. 

“Entendemos que hay algunos laborando, pero solo para cuestiones de mera urgencia, y jamás se han considerado los trámites de ejecución como urgencias. Ahí se nota ese freno. El mandato de instancias nacionales e internacionales de brindar libertades condicionadas o anticipadas no ha sido acatado por el Estado”, apuntó. 

El especialista añadió que esta situación es una violación grave a los derechos humanos y a la certeza jurídica de quienes se encuentran en conflicto con la ley penal y visibiliza que las personas privadas de la libertad se encuentran en indefensión

En este sentido, el director de AsíLegal reiteró que las preliberaciones marcadas en la Ley “no son un regalo”, sino un derecho de las personas sentenciadas por cometer delitos. “Hay que trabajar con el imaginario colectivo de la sociedad, la cual considera que estas personas son delincuentes, para entender que ese no es un tema que tenga que limitar los derechos de las personas”, enfatizó. 

Precisó que la contingencia actual debe evidenciar y permitir identificar las omisiones del Estado en materia de políticas públicas penitenciarias  y de reinserción social, al no priorizar las preliberaciones. 

“Nuevamente  las personas privadas de la libertad se quedan en el oscuro, en el pasado, sin nadie que las pueda ver. El contexto de la pandemia debemos darnos cuenta de que las preliberaciones son sumamente necesarias”, externó. 

A la fecha, se han confirmado 30 casos positivos de Covid-19 en las cárceles yucatecas, y hay otros seis sospechosos, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que no detalla si las personas enfermas son miembros del personal o internos. 

También se ha registrado un deceso por esa enfermedad y ocurrió una riña en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida durante la contingencia sanitaria. Actualmente, hay mil 354 personas privadas de  la libertad en la entidad.